RES. Nº 072/2003


Fijar los siguientes criterios generales de actuación a los que deberán ajustar su intervención judicial y/o extrajudicial los integrantes de los niveles jerárquicos inferiores de esta Asesoría General Tutelar, de conformidad a lo dispuesto concordantemente por los arts. 6 y 17 de la ley Nº 21 de Ministerio Público.


Resolución Nº 72 /03

Buenos Aires, 12 de junio de 2003

 

VISTO Y CONSIDERANDO

1º) Que el art. 17 de la ley de Ministerio Público Nº 21 establece que el Fiscal General, el Defensor General y el Asesor General tienen cada uno en sus respectivas áreas el gobierno del Ministerio Público;

2º) Que a los efectos de hacer efectivo tal gobierno, la referida norma dispone entre otras atribuciones que los citados Magistrados tienen la facultad de “ Elaborar anualmente los criterios generales de actuación de los integrantes del Ministerio Público dentro de sus respectivas áreas...” (art. 17 inc.6 de la ley Nº 21)

3º) Que en el mismo sentido el art. 6 de la referida ley establece que: “ Los o las titulares de cada uno de los tres organismos que componen el Ministerio Público elaboran criterios generales de actuación de sus integrantes, los que deben ser públicos y comunicados a cada uno de ellos/ as y simultáneamente a la Legislatura. Estos criterios no pueden referirse a causas particulares ni ser contradictorios con la misión de cada integrante del Ministerio Público de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

4º) Que dichos criterios tienen relación directa con lo que prescribe la primera parte de la norma legal citada, cuando expresa que: “ La dependencia jerárquica, dentro de cada uno de los organismos que componen el Ministerio Público , y de cada fuero, tiene por fundamento permitir que cada integrante del Ministerio Público controle el correcto desempeño de sus funciones por parte de los o de las integrantes de menor nivel jerárquico y de quienes los asisten” (art. 6 primera parte de la ley Nº 21)

5º) Que la facultad que emana de los arts. 6 y 17 de la ley de Ministerio Público tiende a permitir que los titulares de cada área garanticen la función esencial de dicho órgano de ejercer la defensa el interés social, respetando los principios de legalidad y unidad de actuación. (art.4)

6º) Que todo ello no constituye menoscabo alguno a la independencia de actuación de cada uno de los integrantes del Ministerio Público en sus respectivos niveles jerárquicos;

7º) Hasta la fecha y sin perjuicio de la estructura prevista por ley, el Ministerio Público Tutelar se encuentra conformado por su Titular en el ejercicio del gobierno del área, Sr. Asesor General Tutelar; por quienes lo secundan en dicha tarea; Res./as. Sr. Asesor General Adjunto y Sra. Asesora General Adjunta, en sus unidades “Menores” e “Incapaces” respectivamente, ambos integrantes de la Asesoría General Tutelar con actuación en todas las instancias del fuero en lo Contravencional, a pedido de los Sres. Jueces y/o Defensores y/o Fiscales de dicho fuero y, por el Sr. Asesor Tutelar de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Así también se desempeñan como funcionarios letrados de esta Asesoría General Tutelar, la Sra. Secretaria Letrada, el Sr. Prosecretario Letrado y en la Primera Instancia, el Sr. Secretario de la Asesoría Tutelar en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

En razón de lo expuesto los presentes criterios generales de actuación tienen como destinatarios a todos los integrantes y funcionarios del Ministerio Público Tutelar y por intermedio, a quienes los asisten en su desempeño.

Por tanto y en función de lo dispuesto por los arts. 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los arts. 1, 4, 5, 6, 17, 34, 34 bis y 34 ter de la Ley 21;

 

EL ASESOR GENERAL TUTELAR DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

 

RESUELVE:

Fijar los siguientes criterios generales de actuación a los que deberán ajustar su intervención judicial y/o extrajudicial los integrantes de los niveles jerárquicos inferiores de esta Asesoría General Tutelar, de conformidad a lo dispuesto concordantemente por los arts. 6 y 17 de la ley Nº 21 de Ministerio Público.

I) La intervención subsidiaria, complementaria o promiscua a la de los representante necesarios (art. 59 del Cód. Civil), del Ministerio Público Tutelar debe ser el principio general, quedando la actuación autónoma del asesor tutelar como excepción a dicha regla y sólo para los casos en que se haya patentizado que la inacción, ausencia o mala gestión de los representantes necesarios pudiera comprometer, cercenar o restringir derechos de los niños/as y adolescentes, tal como se despresnde del art. 34 inc. b) y d) y concs.de la ley 21.

En tal virtud podemos señalar que, el criterio de actuación que preside a todos cuantos intervenimos en representación del Ministerio Público Tutelar es el de pronunciarnos de acuerdo a derecho, aún cuando con nuestro dictamen nos opongamos a las pretensiones de los representantes necesarios de los niños/as y adolescentes.

II) Ante la modalidad creciente de la llamada “intervención autñonoma” por el Asesor Tutelar de primera instancia, plasmada en la interposición de amparos judiciales para la protección de derechos colectivos o intereses difusos, se dispone como criterio general, que con carácter previo a cualquier presentación, se eleve el caso a esta Asesoría General en consulta, a efectos de que esta instancia Superior evalúe previamente y en su caso, la búsqueda de otros medios procesales de mayor eficacia para la protección de tales derechos, ya sea ante la jurisdicción, y/o la posibilidad de encontrar caminos alternativos de consenso para la resolución de conflictos y se exigibilidad, de modo extrajudicial y/o a través del proceso de mediación que evita la judicialización.

III) Que en todos los casos de emergencias sociales, advirtiendo esta Asesoría General el elevado índice de litigiosidad y confrontación que se trasunta por la actuación del Asesor Tutelar de primera instancia por ante los Tribunales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece como criterio general de actuación del Ministerio Público la búsqueda de vías alternativas a la judicial, para la solución de conflictos sociales de naturaleza estructural.

Debemos atender los postulados constitucionales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en especial los de la ley 114 que proscriben la judicialización de la pobreza de base estructural. Los reclamos judiciales colectivos desde el Ministerio Público para revertir las crisis de emergencia social deberán ser excepcionales y no la regla común de actuación; una vez que se hubieran demostrado la ineficiencia de las soluciones alternativas que se hubieran consensuado con las demás áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A tal fin, en cada caso, con carácter previo a la interposición de acciones judiciales de amparo u otras vías procesales, que impliquen presentaciones masivas, los/las integrantes del Ministerio Público Tutelar, deberán elevar en consulta, según se dependencia jerárquica, la situación planteada, a efectos que la Asesoría General Tutelar la evalúe y en su caso, promueva otras vías alternativas a la judicial para la superación de los conflictos emergentes, optando por la vía extrajudicial de actuación, reafirmándose los caracteres de unidad e indivisibilidad que connotan al Ministerio Público en general.

El Asesor General Tutelar por los deberes que le impone el art. 16 y las facultades que se le acuerdan por el art. 17 de la ley 21 es el Magistrado llamado a intervenir en todos los asuntos en los que se hallen involucrados el interés de la sociedad y el orden público, siendo su investidura un mandato constitucional reconocido en los art. 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Es entonces, el Asesor General Tutelar quien representa y representará a la magistratura del Ministerio Público Tutelar en sus relaciones con los otros poderes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus autoridades, políticas, administrativas y técnicas.

IV) En lo que respecta a pedidos de informes, o requerimientos de índole similar, dirigidos a los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que se practiquen en el marco de la actividad extrajudicial, se dispone como criterio general de actuación para los/las integrantes del Ministerio Público Tutelar de las distintas instancias en que actúen que, deberán elevar los oficios requirentes a esta Asesoría General, la cual evaluará en su caso, la conveniencia, el procedimiento a seguirse y también la forma en que aquellos pedidos serán diligenciados. Todo ello en virtud de lo que establece el art. 17 de la ley Nº 21 cuando entre las facultades que coloca en cabeza del Fiscal General, El Defensor General y el Asesor General , expresa: “ coordinar las actividades del Ministerio Público a su cargo, con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuese necesario”.

Por ello, toda actividad extrajudicial del Asesor Tutelar de primera instancia que implique establecer vínculos institucionales con organismos de la Ciudad, cualesquiera fuesen los motivos por los cuales se solicita colaboración, debe canalizarse a través de la Asesoría General.

V) Por los art. 6 y 17 inc. 1 de la ley 21 se regula entre las facultades del Asesor General Tutelar la de “ representar al Ministerio Público a su cargo en sus relaciones con las demás autoridades de la Ciudad” Se establece como criterio general de actuación, la consecución de la vía jerárquica en toda comunicación, con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por los integrantes, funcionarios y demás auxiliares que los asisten, del Ministerio Público Tutelar. Es por intermedio de la Asesoría General, donde deberán canalizarse por su elevación todas las peticiones, con carácter previo.

VI) En lo que respecta a las relaciones institucionales entre el Ministerio Público y el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma, se dispone como criterio general que ellas estarán a cargo exclusivamente de la Asesoría General Tutelar, siendo que el Asesor General ha delegado su representación ante el Plenario de dicho Consejo a la Sra. Asesora General Adjunta de esta instancia superior y por haberse suscripto con dicho organismo un convenio de colaboración para la promoción de la ley 114 y la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Todo ello en virtud de lo que disponen los art. 6 y 17 inc. 1) y 3) de la ley Nº 21 ya citados, y específicamente en virtud que esta Asesoría General se encuentra representada en forma directa en dicho órgano conforme lo establece la ley Nº 114.

VII) Se instruye a la Sra. General Adjunta en quien hube delegado la representación por ante el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, (art. 49 de la ley 114) para que continúe informando sobre los temarios propuestos a tratamiento en las reuniones plenarias de dicho Consejo y con posterioridad se eleve el correspondiente reporte.

VIII) Se instruye a los Sres. Asesores Generales Adjuntos para que de conformidad y en cumplimientos de la Res. AGT Nº 71/03 de fecha 12 de junio del corriente, se presenten oportunamente ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de coordinar y/o implementar la práctica para la recepción y/o entrega de aquellos expedientes que en grado de apelación fuere parte el Ministerio Público Tutelar y hubiere que dictaminar ante la Alzada. Ello porque los Asesores Generales Adjuntos, de esta Asesoría General deben intervenir en la actuación ante la segunda instancia y emitir opinión fundada.

IX) A partir de la fecha se instruye a los integrantes del Ministerio Público Tutelar, para que en la formalidad de sus dictámenes, adopten idénticos caracteres de presentación ante los diferentes estrados judiciales. En consecuencia, deberán adecuarse las formas de los dictámenes de las instancias inferiores a los expedidos por esta Asesoría General Tutelar.

Regístrese, comuníquese con copia de la presente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma; al Señor Fiscal General, al Señor Defensor General, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al Consejo de la Magistratura, y a los/las jueces del fuero Contencioso Administrativo y Tributario; al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los Sres. Asesores Generales Adjuntos; al Sr. Asesor Tutelar de Primera Instancia y a los funcionarios letrados del Ministerio Público Tutelar. Cumplido que sea, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.-

 

Fdo: Dr. Roberto Cabiche

Asesor General Tutelar