RES. Nº 088/2003


Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Asesor Tutelar de primera instancia contra las resoluciones Nros 71/03 y 72/03 de esta Asesoría General confirmando las mismas en todas sus partes.


RESOLUCIÓN Nº 88 / 03

Buenos Aires, 29 de julio e 2003

 

VISTO:

Las resoluciones Nros. 71/03 y 72/03 de fecha 12/03/06, de esta Asesoría General por medio de las cuales se dispuso la actuación por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de los Señores Asesores Generales Adjuntos y se fijaron criterios generales de actuación para todos los integrantes del Ministerio Público dependientes de la Asesoría General a mi cargo, respectivamente;

Y el recurso de reconsideración que contra las mismas interpuso el señor Asesor Tutelar de Primera Instancia con fecha 17 de junio de 2003 por intermedio del oficio Nº 358/03 de dicha Asesoría Tutelar; el que debe encuadrarse a los efectos de su substanciación y posterior resolución en lo que disponen concordantemente los arts. 1,22,27,92, 103, 105 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (decreto Nº 1510-GCBA/97)

 

Y CONSIDERANDO:

I. Que se advierte en primer lugar que los términos del recurso de reconsideración interpuesto no guardan las más elementales formas de estilo, abundando en frases hostiles, ofensivas, e injuriosas que afectan la Magistratura del suscripto y de otros integrantes del Ministerio Público.

II. Que el Asesor Tutelar de Primera Instancia objeta las resoluciones recurridas por entender que con ellas se le han "sustraído sus legítimas atribuciones para actuar como asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario" (Resolución Nº 71/03 A.G), como así también que el dictado de los criterios generales de actuación, expresados en la Resolución Nº 72/03 A.G. implica, conforme su criterio, un acto lesivo que menoscaba su autonomía funcional en la Asesoría Tutelar, su misión y su independencia de actuación.

Además impugna las resoluciones citadas por cuanto el acto de su dictado es ilegítimo por irrazonable e infundado y carecer de facultades para ello el Asesor General Tutelar.

También solicita la reconsideración de la Res. 71/03 del 12/06/03 de esta Asesoría General porque "advierte una persecución encubierta para otros fines, distintos a los que justifican tal resolución", en tanto " el ha sido designado por concurso para actuar en la segunda instancia".

Pide la reconsideración por cuanto afirma que ,los señores Asesores Generales Adjuntos, a quienes se ha encomendado la atención de la segunda instancia para coadyuvar con la tarea del asesor único ante la primera instancia , carecen de idoneidad profesional para cumplirla, porque "se desconocen sus antecedentes" "no tienen conocimiento en la materia ni versación - jurídica- y porque la ley no les otorgó funciones".

En lo que respecta concretamente con la Resolución Nº 71/03 A.G.del 12/06/03, funda el rechazo por entender que "se le han sustraído sus legítimas atribuciones para actuar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario", siendo el sustento para así decir el haber obtenido por concurso el cargo desempeñado ( Res. nº 35/99 convocado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Que no obstante lo expuesto, el propio recurrente reconoce que mediante la resolución del Consejo de la Magistratura, referida al concurso antes mencionado (Res.nº 133 aprobatoria del acta final nº 31/2000 del C.M.) se propone ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. Gustavo Moreno “ para cubrir el cargo de Asesor Tutelar ante la Primera Instancia”, siendo que el acuerdo de la Legislatura le fué prestado en esos términos. (B.O. C.A.B.A. 28-08-2000, Nº 1014 pág. 18.637).

Los argumentos así expuestos son insuficientes por dogmáticos para revertir lo dispuesto en la Res. 71/03 de esta Asesoría General de fecha 12/06/03, por cuanto la "facultad" de actuación ante la Cámara para los asesores/as tutelares ante las Cámaras de Apelaciones y ante la justicia de primera instancia es de orden legal, tal como resulta del art.34 ter. de la ley 21.

Que ello no es óbice para reconocer que el art.34 ter de la ley 21 regula dos aspectos referidos a la actuación facultativa e indistinta de los asesores tutelares ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

El primero de ellos es de carácter sustancial; por cuanto el Ministerio Público Tutelar es único e indivisible en su actuación. ( conf..art.5 de la ley 21).

El asesor tutelar de primera instancia como integrante del órgano Ministerio Público es quién ejerce la representación y defiende los derechos de los menores velando por la defensa de sus personas.

Antes del dictado de la Resolución 71/03 de fecha 12/06/03 de esta Asesoría General, intervenía también ante la Alzada el único Asesor Tutelar que había actuado por ante los Tribunales inferiores.

Con posterioridad al dictado de la Resolución 71/03 de fecha 12/06/03 de esta Asesoría General, son los señores Asesores Generales Adjuntos quienes continúan en la Cámara "la misma representación" que tenía el anterior.

Existe pues, un cambio en la persona que la ejerce,pero la "representación no ha variado, porque sigue siendo única e indivisible". (art .5 y 34 inc.1 de la ley 21).

Nótese que en el art.34 inc.1 de la ley 21 que hube citado, se recoge dicho principio, en tanto el "aseguramiento de la necesaria intervención en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias y en toda oportunidad en que se encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de edad o de los incapaces, emitiendo el correspondiente dictámen ha sido otorgada al Ministerio Público Tutelar". Ello significa que la defensa de las personas de menor edad es confiada al Ministerio Público Tutelar en su conjunto , como misión y función esencial y nó a cada uno de sus integrantes o representantes en particular , de conformidad con el art. 59 del Cód.Civil.

Además es principio indiscutido que es el asesor/a tutelar que actúa por ante la primera instancia, en el caso el Dr.Moreno- a quién le cabe la interposición de los recursos de apelaciónes, contra las sentencias de los señores jueces de la primera instancia operándose con esta actuación , la apertura de la segunda instancia.

De ahí que sea "facultativa" su actuación como dice la ley, por cuanto ningún Juez, o Tribunal o la Resolución 71/03 A.G. dictada el 12/06/03, pueden impedir que el asesor de la primera instancia consienta la sentencia y la acate convencido de su legalidad; como tampoco le pueden impedir a través de ninguna instrucción general o particular que interponga el recurso de apelación.

El segundo aspecto de la norma del art.34 ter de la ley 21, es de índole formal y debe analizarse a la luz de los arts. 116 inc.1 y 2 , 124 y 125 de la C.C.A.B.A. y de todo el plexo normativo de la ley Orgánica del Ministerio Público y en especial de los arts. 1, 3,5,6,11,17 inc.2,33 primer párrafo e inciso 3º de la ley 21 y en la disposición transitoria segunda de la ley 316.

Que el art. 34 ter.de la ley 21 se refiere a la integración del Ministerio Público Tutelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario y hasta la fecha se ha provisto un solo cargo de los mencionados .

Que ello no impide advertir que la ley 21 enumera en su art.3 inc. 3 ,cargos de asesores/as de Cámara, asesores/as adjuntos en relación inmediata con el Asesor General, asesores/as tutelares de primera instancia. El sentido de la norma es preveer en las tres instancias la intervención de distintos integrantes del órgano, en orden a la probidad que de ello se deriva para el justiciable. La ley asegura de este modo el principio de la doble instancia y la imparcialidad de criterio en la revisión de la materia que se trate a través del correspondiente dictámen.

Que como se puso de resalto, a la fecha se ha provisto para la estructura del área Ministerio Público Tutelar en fechas sucesivas dos cargos de asesores generales adjuntos y un sólo cargo de asesor tutelar ante la primera instancia con actuación facultativa ante la Cámara.

Que ello ha sido propio según las disposiciones transitorias de la ley 316 y de la escasez de presupuesto.

Que mal se puede requerir al órgano competente (art.116 de la C.C.A.B.A.) la puesta en funcionamiento de cargos y estructuras , cuando la planta actual puede hacer frente a las demandas del servicio de justicia en tanto se redistribuya la tarea y se coordine para un mejor funcionamiento la gestión de sus integrantes, en aras de cumplirse con la misión del Ministerio Público Tutelar que de conformidad con el art. 1 de la ley 21 es también la de defender, representar y asegurar la intervención del Ministerio Público en las causas en que se encuentren comprometidos intereses de personas menores de edad. Tanto más cuando se trata de intervenir en causas que trasuntan la emergencia social actual ,reclamándose la atención en su salud, la vivienda y los alimentos para el sustento. Es justamente por ello que en ejercicio de las facultades que la Constitución de la Ciudad y la ley 21 me han conferido, debe optimizarse la existencia de los recursos establecidos, a partir de la distribución de tareas y su coordinación.

Que con la Res.71/03 del 12/06/03, no se han creado cargos nuevos ,ni se han atribuido competencias .

En razón de lo anterior y en atención a la etapa de transición que se atraviesa en la conformación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el art.34 ter, de la ley 21 ha autorizado la habilitación de funciones y nó de competencias a los asesores tutelares ante la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y de primera instancia para su actuación.(conf. art.3 de la ley 21). La habilitación debe entenderse como el mecanismo de orden procesal para suplir deficiencias de las práctica judiciales y esa habilitación que la ley autoriza encuentra sustento preciso en la norma del 34 ter de la ley 21 que dice "pueden actuar indistintamente" y en la disposición transitoria segunda de la ley 316 que reza:" el Ministerio Público ante la Justicia Contravencional y de Faltas y el Ministerio Público ante la Justicia Contencioso Administrativo y Tributario pueden conformarse paulatinamente de acuerdo a las necesidades del servicio.

El Consejo de la Magistratura , en la medida que resulte necesario para garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado, convocará a concurso para la cobertura de los cargos autorizados en la presente ley".-

En tal virtud , es que la Resolución 71/03 de fecha 12/06/03 de esta Asesoría General, no " le " sustrae ninguna legítima atribución otorgada en particular al quejoso, por cuanto la legítima atribución que la Constitución de la Ciudad y la ley 21 han otorgado, se reconocen originariamente en cabeza del Ministerio Público Tutelar en orden a la representación que le cabe para asegurar la defensa de los derechos y las personas de los menores y la intervención en los términos del art.59 del Cód.Civil , que son coincidentes .

En consecuencia la Resolución 71/03 de fecha 12/06/03, ha sido dictada en el marco de la autonomía asignada al Ministerio Público Tutelar y "se vincula al desarrollo eficaz de las misiones que la Constitución le asignó, que según el art.125 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires son: promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad,conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica; velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social y dirigir la Policía Judicial.En el cumplimiento de tales cometidos, las decisiones que adopte relativas a la forma, oportunidad,calidad e intensidad del ejercicio de tales atribuciones no se encuentran sometidas a la autorización o aprobación de ningun otro órgano; sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere incurrir por el mal desempeño de tales competencias" (del voto del Dr.Guillermo Muñoz en autos : expte.70/99 caratulados "Ministerio Público (Defensoría y Asesoría General de Menores e Incapaces ) c/Consejo de la Magistratura s/acción declarativa de inconstitucionalidad " de fecha 22/10/1999).

Que la facultad de actuar en Cámara, a la luz de lo expuesto para el Asesor Tutelar de Primera Instancia encuentra el límite en la propia decisión del Asesor General Tutelar, cuando éste dispone que otros integrantes del Ministerio Público,- en la especie los Asesores Generales Adjuntos- ejerzan la representación del Ministerio Público Tutelar en dicha instancia, y que además, tal decisión no resulta arbitraria y ni siquiera discrecional, ya que la misma surge de las claras competencias que le acuerdan la Constitución de la Ciudad Autónoma (arts. 124 y 125) y la ley Nº 21 al Asesor General , específicamente en los arts. 1, 5, 6, 17 inc.2), 32 inc. 3,4 y 5; 33; 34 bis y 34 ter, incorporados los dos últimos por el art. 6 de la ley Nº 316;

Que ante las circunstancias señaladas, las manifestaciones del recurrente cuando expresa que: “ ...llama la atención que luego de dos años y medio el señor Asesor General Tutelar advirtiera la necesidad de designar otros dos integrantes del Ministerio Público Tutelar para cumplir con tal actuación, como si no hubiera nadie que cumpliera tal función, no se quisiera cumplir, o se cumpliera defectuosamente”, carecen de todo sentido porque en ninguno de los fundamentos que sostienen la resolución recurrida se aduce alguna de las situaciones que plantea el quejoso.

Que el Ministerio Público Tutelar es único e indivisible, de manera que lo que debe salvaguardarse es su necesaria intervención en las cuestiones judiciales suscitadas por ante los tribunales en las diferentes instancias, pero es la Asesoría General la que debe velar de acuerdo a la misión encomendada que dicha intervención se cumpla y establecer en consecuencia la mejor modalidad funcional para concretarla según el art. 1 de la ley Nº 21, en la oportunidad que considere.

Que ello además coinside con la disposición del art. 6 de la ley Nº 21 en orden a la dependencia jerárquica que deben seguir integrantes y funcionarios del Ministerio Público.

Que por otra parte, la actuación en Cámara de otros integrantes del Ministerio Público distintos al que actúa ante la primera instancia, no hace mas que ratificar el criterio de asegurar la continuación en Cámara de la intervención del Asesor de la instancia inferior, lo que garantiza una mejor prestación del servicio de justicia, porque esa es la télesis que conlleva el criterio de asegurar la doble instancia, siendo que los Asesores Generales Adjuntos revisten geraquía de jueces de Cámara.

Que la decisión adoptada por la Asesoría General a mi cargo encuentra fundamentación en las facultades que me acuerda la Constitución de la Ciudad Autónoma y la ley Nº 21. En modo alguno se avasallaron competencias que son propias de la Legislatura local, y que a contrario sensu de lo que expresa el recurrente, aquí no se ha puesto en discusión ni la competencia material ni la cantidad de asesorías, sino se trata de regular y reorganizar el funcionamiento del Ministerio Público Tutelar en el marco del ejercicio de competencias que le son propias, (Conf. art. 1 de la ley 21 y fallo del Tribunal Superior citado).

Que tampoco se advierte que existan incongruencias o puntos obscuros como sostiene el recurrente que ameriten alguna explicación adicional a los alcances de la Resolución Nº 71/03 que se considera suficientemente clara para el entendimiento de los integrantes del Ministerio Público para quienes va dirigida;

Que así las cosas, los argumentos vertidos en el recurso de reconsideración no alcanzan a conmover a criterio del suscripto los fundamentos vertidos como sustento de la resolución recurrida, la que corresponde mantener en todas sus partes.

Que en cuanto a la reconsideración de la Resolución 71/03 de fecha 12/06/03 por falta de idoneidad profesional de los señores Asesores Generales Adjuntos, la misma por agraviante , injuriosa y falsa debe ser desatendida. Los cargos de asesor tutelar de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, como los de asesores generales adjuntos de esta Asesoría General, han sido previstos por la ley 21 y provistos en su necesidad para garantizar el eficaz servicio de justicia por el Consejo de la Magistratura en sus distintas fechas y en cumplimiento de la ímproba labor que la Constitución de la Ciudad le ha reconocido según los términos del art. 116 incs.1 y 2 .Máxime que todos los cargos provistos por la ley se han consursado o se encuentran en trámite de sustanciación como ocurre con los de Asesores Generales adjuntos por el Concurso 18/02 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.-

Además de la queja se infiere una grave contradicción , porque ha sido el mismo órgano integrante del Poder Judicial -Consejo de la Magistratura- el que ha evaluado los méritos, antecedentes, versación y conocimiento jurídico de todos los asesores- entre los que se encuentra el Dr.Moreno- dependientes del área Ministerio Público Tutelar, que hoy se encuentran en funciones y han sido legítimamente designados por la autoridad competente en cada caso.

Se desprende entonces del agravio del Dr.Moreno, un ataque al Consejo de la Magistratura que no puede admitirse. Este organo del Poder Judicial cumplió con el mandato constitucional del art. 116 inc.1 y 2 de la C.C.A.B.A. al seleccionar, proponer y /o designar en uso de sus facultades propias a los tres integrantes del Ministerio Público que están desempeñando los cargos , entre los que se encuentra incluído.

Que con respecto a la Resolución Nº 72/03 de fecha 12/06/03, tampoco asiste razón al recurrente cuando expresa que la misma afecta la autonomía de la Asesoría Tutelar de primera instancia y es lesiva para su funcionamiento.

Que por el contrario, dicha resolución fue dictada dentro el marco de competencias que me asigna la ley de Ministerio Público, por estar a cargo del gobierno de dicho órgano (art. 17 ley 21), para organizar la tarea del área tutelar en el convencimiento que el referido órgano responde a las notas de unidad e indivisibilidad, lo que justifica claramente el dictado de normas que establezcan criterios generales de actuación para todos los demás integrantes y funcionarios del Ministerio Público Tutelar y no sólo para la primera instancia.

Que no se advierte que exista ninguna instrucción de carácter particular, directa o privada, que amerite las citas doctrinarias y jurisprudenciales que erróneamente formula el recurrente, las que se encuentran fuera de contexto y no resultan aplicables al sub-lite, por lo cual no pueden ser consideradas.

Que no es cierto que los criterios generales de actuación fijados para la reorganización de la tarea del Ministerio Público luzcan contradictorios conl mismo y mucho menos que se trate de instrucciones particulares bajo la “ apariencia de criterios generales”. Una simple lectura de la resolución es por demás elocuente para demostrar que la interpretación que le otorga el recurrente no es correcta;

Que no es exacto que la consulta y/o elevación previa de determinadas cuestiones explicitadas en la Resolución Nº 72/03 tiendan a coartar o supeditar la actuación en sede judicial, a través de cualquiera de los procedimientos legales habilitados incluso el amparo, ya que la letra y el espíritu de la resolución recurrida lo que pretenden es coordinar la aplicación de métodos alternativos para la solución extrajudicial de conflictos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las situaciones cuyo origen es la pobreza estructural y que están relacionadas con el diseño y ejecución de programas sociales,- competencia básica de los poderes políticos- quedando sólo para el Poder Judicial la revisión en la etapa final de su aplicación a los casos particulares.

Todo ello en orden a garantizar una actuación que sea la más rápida, ágil y eficiente posible, al tiempo que permita evitar un exceso de litigiosidad que solo provocaría un dispendio innecesario y perjudicial para los derechos cuya tutela se persigue, y que no admiten demora.

Que los criterios generales de actuación establecen pautas de necesaria comunicación y consenso previos con el Asesor General para actuar dentro del marco de las competencias asignadas, en aquéllas cuestiones cuya oportunidad , mérito y/o conveniencia puedan resultar resortes exclusivos de otros poderes de Estado.

Que todo ello en mérito especialmente de lo que dispone el art. 43 de la ley Nº 114 de la Ciudad Autónoma que impone desjudicializar las situaciones de pobreza estructural.

Que no es exacto que la resolución recurrida que se presume legítima conforme los principios generales del derecho administrativo, adolezca de falta de fundamentación suficiente y/o que no resulte razonable. En encuadre jurídico y las citas legales que abonan la Resolución Nº 72/03 AG demuestran a las claras que no son ciertas las manifestaciones del recurrente, las que en todo caso constituyen una simple discrepancia de criterios que nada tiene que ver con falta de sustento legal

que es abundante y manifiestamente congruente con el derecho que le sirve de base.

Que en cuanto a las relaciones interinstitucionales puestas en cabeza de la Asesoría General no se hace más que cumplir con las claras disposiciones de la ley Nº 21 y ello no implica de manera alguna como sostiene el recurrente, que derive en demora o ineficacia en el restablecimiento de los derechos vulnerados, como si la tutela de los derechos dependiese exclusivamente de su actuación, en una manifestación arrogante y hasta despectiva respecto de las funciones de esta Asesoría General.

Que con respecto a las consideraciones vertidas en la resolución recurrida que hacen referencia a la intervención autónoma del Ministerio Público Tutelar, la misma ha fijado con claridad el principio general de actuación promiscua o complementaria a la de los representantes necesarios de los menores o incapaces, quedando el criterio de actuación autónoma como intervención excepcional, y pasible de consulta sin que ello puede implicar una reglamentación para situaciones particulares.

Que amén de formular el quejoso reiteradas críticas en el recurso de reconsideración a la situación en la que le toca actuar, (falta de personal, espacios reducidos, déficits de infraestructura etc.) en uno de sus últimos párrafos expresa que: “ En la actualidad la ciudad cuenta con un asesor tutelar y un defensor ante el fuero contencioso administrativo para toda la ciudad, asistidos por un reducido grupo de personas y con escasos recursos. Si esta situación se prolonga, la creciente demanda afectará la estructura del órgano e impedirá responder a la demanda de los ciudadanos...”

Que de tales dichos expuestos en la reconsideración por el Dr Moreno surge la necesidad imperiosa de mantener las resoluciones recurridas, porque debe advertirse que la grave situación que plantea el recurrente en orden a como se está desarrollando la tarea en primera instancia y las carencias denunciadas, constituyen una ampliación de los fundamentos que sostienen las resoluciones recurridas;

Que atento la situación presupuestaria del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma que no ha permitido por el momento designar otro asesor de primera instancia como prevé la ley Nº 316; teniendo en cuenta la unidad de actuación del Ministerio Público y fundamentalmente, la obligaciones que la ley Nº 21 pone en cabeza de dicho órgano, es evidente que de la propia reconsideración solicitada se desprende más que nunca la necesidad de mantener las resoluciones impugnadas, en orden a garantizar una adecuada prestación del servicio de justicia, la que se encuentra amenazada conforme lo reconoce el propio recurrente;

Queda claro por tanto, que no se le ha negado ni impedido al Asesor Tutelar de primera instancia con el dictado de la Res. 72/03 la iniciación de ninguna acción tendiente al restablecimiento de derechos vulnerados, si no que se han fijado vías de comunicación previas entre la Asesoría General y la Asesoría Tutelar para optimizar la defensa de las personas, de los niños, niñas y adolescentes.

Que por lo expuesto las argumentaciones del quejoso no ameritan que me aparte de los fundamentos que justifican el dictado de la resoluciones cuestionada, 71/03 y 72/03 del 12/06/03.

Por todo lo expuesto:

 

EL ASESOR GENERAL TUTELAR

 

RESUELVE:

1º) Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Asesor Tutelar de primera instancia contra las resoluciones Nros 71/03 y 72/03 de esta Asesoría General confirmando las mismas en todas sus partes.

2º) Testar, conforme la facultad que me acuerda como órgano superior el art. 27 de la ley de procedimientos administrativos (decreto 1510-GCBA/ 97) las siguientes frases de dicho recurso: “ La resolución Nº 71/03 no cumple con la finalidad que resulta de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisora, advirtiéndose la persecución encubierta de otros fines, distintos de los que justifican tal Resolución, como lo es sustraer al suscripto la actuación ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a pesar de haber aprobado un concurso para ello”. “ (Párrafo 1.5) y “ A ello se agrega que según la ley 21 los Asesores Generales Adjuntos no tienen funciones asignadas por ley para actuar ante la segunda instancia (conf.art. 33), los ahora designados no han concursado aún siquiera para los cargos que actualmente ocupan (Asesores Generales Adjuntos) y se desconocen sus antecedentes, versación y conocimiento en lo que corresponde a la materia del fuero...”

(Párrafo 1.4) El destacado me pertenece. Dichos párrafos deben tenerse como no escritos.

3º) Regístrese, notifíquese al recurrente Asesor Tutelar de primera instancia Dr. Gustavo Daniel Moreno en su despacho mediante oficio de estilo; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y oportunamente archívese.

 

Fdo: Dr. Roberto Cabiche

Asesor General Tutelar