El MPT en los medios

La medida fue ordenada por la Justicia de la Ciudad. Buscan documentos por la actuación de la Unidad de Control del Espacio Público. Fueron acusados de golpear a personas sin techo y de bajos recursos económicos. La UCEP, unidad descentralizada que se encarga de realizar tareas en el espacio público porteño, está siendo allanada en estos momentos en su sede del quinto piso de Carlos Pellegrini 211. Esta unidad fue denunciada en reiteradas oportunidades en los últimos días por el supuesto ejercicio de violencia contra indigentes que viven en la calle.

Durante una audiencia judicial realizada durante la tarde del lunes, y en el marco de un juicio de amparo contra el Gobierno porteño, la justicia solicitó al Ejecutivo “avanzar en la concreción de lo referente al nombramiento de personal para el Hospital”, y la “prosecución y conclusión de las obras de las obras de refuncionalización integral".

Por Martín Dinatale Desde que los Kirchner llegaron al poder, en 2003, hasta hoy, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social creció un 700%, pero los fondos para reducir la pobreza no dieron los resultados esperados: si se toman los índices del Indec, el nivel de pobreza bajó un 32%, aunque el total de la población necesitada sigue estando en niveles preocupantes que rondan entre un 15 y un 40%, según las bases de datos que se miren.

Por Laura Reina Hay esperas cargadas de esperanza. Otras, llenas de ansiedad. Las hay atravesadas por la angustia y la impotencia. Y hay una, en particular, que condensa a todas: la espera de un hijo adoptivo, que en la Argentina, en la mayoría de los casos, casi nunca es inferior a los 5 años, según estimaciones de especialistas y padres adoptivos. Un proyecto de ley de la diputada nacional Cynthia Hotton busca reducir estos tiempos, ya que establece un período máximo de dos años para que el niño permanezca en un hogar o instituto. Pasado ese lapso, los jueces deberán encontrarle una familia.

Por Marisa Herrera Cuando se habla de adopción, suele hacerse hincapié en los tiempos que debe esperar una pareja para adoptar un hijo. ¿Por qué se insiste en esto? La mirada debe estar puesta en el derecho de todo niño a vivir en familia, en la de origen en primer término, y, si ello no es posible, en una familia adoptiva.

Campaña para combatir la explotación sexual comercial infantil. El plan tiene como objetivo favorecer la construcción de una "comunidad alerta" frente al flagelo de la explotación sexual comercial infantil. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - La campaña “El Silencio es la voz de la explotación sexual infantil trata de informar a los profesionales que trabajan junto los niños, niñas y adolescentes sobre su conceptualización, definición, factores de riesgo, mitos, y pautas para la prevención, detección y denuncia de la explotación sexual comercial infantil.

La Ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Eugenia Vidal, rechazó datos del informe presentado anteayer por la Asesoría General Tutelar (AGT) en la Legislatura porteña. Entre otras informaciones, indicaba que se le suministra psicotrópicos "al 40 por ciento de los 1329 menores internados en 98 institutos privados y uno estatal de la Capital". En ese escrito, además, se informó que el 87,5% de los chicos está bajo tratamiento psicológico y que el 75% recibe atención psiquiátrica.

Según un informe de la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, se le suministra psicotrópicos al 40 por ciento de los 1329 menores internados en 98 institutos privados y uno estatal de la Capital. En ese escrito se informa que el 87,5% de los chicos está bajo tratamiento psicológico y que el 75% recibe atención psiquiátrica. Los datos, presentados ayer en la Legislatura porteña por la asesora general tutelar de la ciudad, Laura Musa, fueron revelados por el noveno informe de gestión de la AGT, el ente del Poder Judicial local que reúne a todos los fiscales tutelares que tienen como objetivo la defensa de los menores en condiciones vulnerables.

Por Mariana Carbajal La cifra corresponde al año y medio de vigencia de la ley que introdujo ese delito en el Código Penal. En el Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora hoy, un balance de aquella norma y los testimonios de quienes integran los equipos que contienen a las víctimas.

Por Pedro Lipcovich La Asesoría Tutelar presentó un amparo para que el gobierno porteño proporcione albergue para esos pacientes, que tienen el alta pero permanecen internados porque no tienen familia y las instituciones donde estaban se niegan a recibirlos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos del decreto 960/2008 del gobierno porteño, que introdujo modificaciones al Programa de Apoyo a Familias en Situación de Calle, por entender que los cambios implicaban un retroceso para la protección del derecho a la vivienda. La sentencia, por mayoría, recayó en el expediente iniciado por una acción de inconstitucionalidad que presentó la titular del Ministerio Público Tutelar, Laura Musa. La defensora había planteado que, mediante el mencionado decreto -modificatorio de uno anterior, el

Por Laura Musa * Quienes tenemos responsabilidades como funcionarios públicos, deberíamos ser estrictamente rigurosos cuando damos opiniones que tienen consecuencias graves en la vida de las personas. Es el caso de la notable contradicción del Dr. Zaffaroni. Quienes durante años trabajaron en la defensa de los derechos humanos de la infancia han intentado, hasta ahora sin éxito, la derogación de la ley de la dictadura, 22.278, llamada régimen penal de la minoridad.

Por Pablo Tomino En medio del debate social sobre la edad de imputabilidad de los delincuentes menores, desde la semana pasada un cambio se lleva adelante en la Capital: los menores de 18 años que cometan daños, lesiones en riña o a los que se acuse de tenencia y portación de armas civiles, entre otros delitos no graves, irán a un nuevo centro del gobierno porteño y no podrán ser llevados a ninguna de las 53 comisarías que hay en el distrito.

Por Mariana Carbajal Son adolescentes que fueron derivados por hechos puntuales a alguna clínica neuropsiquiátrica y nunca más pudieron salir. Documentos del propio Gobierno de la Ciudad reconocen que están sobremedicados y que no hay motivos para que sigan allí. Tienen el alta médica, pero ningún organismo oficial se ocupa de ellos.