Página/12, 5 de abril de 2009
Por Mariana Carbajal
Son adolescentes que fueron derivados por hechos puntuales a alguna clínica neuropsiquiátrica y nunca más pudieron salir. Documentos del propio Gobierno de la Ciudad reconocen que están sobremedicados y que no hay motivos para que sigan allí. Tienen el alta médica, pero ningún organismo oficial se ocupa de ellos.
El gobierno porteño mantiene encerrados en una clínica privada neuropsiquiátrica a cuatro chicas adolescentes y un varón de 15 años con historias de profundo desamparo social y familiar, a pesar de que existen expresas indicaciones de profesionales del área de Salud Mental y de supervisores de la Dirección de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de que deben ser dados de alta y derivados a casas de medio camino u hogares con talleres terapéuticos, entre otras posibilidades de externación. Una de las chicas, incluso, tiene la posibilidad de vivir con una hermana si su familia recibiera un subsidio habitacional. Sin embargo, la única receta que les ofrecen es más encierro y en algunos casos sobremedicación. Por esos cuidados y esa atención, Desarrollo Social paga por día por cada jovencita entre 100 y 150 pesos. Otros cuatro chicos, de 13 a 15 años, tienen alta médica en el Hospital Neuropsiquiátrico Infanto Juvenil Tobar García y tampoco el gobierno les ofrece una alternativa para dejar esa institución. La Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces, que encabeza Laura Musa, expresó ya su preocupación al gobierno porteño por la grave violación de los derechos de estos chicos y chicas.
Las jovencitas tienen entre 16 y 21 años, vivieron gran parte de sus vidas en institutos, bajo la tutela de juzgados civiles. Llevan internadas en un neuropsiquiátrico privado entre veinte meses y cinco años en condiciones asimilables a la tortura, según describe un informe elaborado por especialistas del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños, dependiente de la Dirección General Adjunta de Salud Mental, del Ministerio de Salud. El documento, que remitió ese ministerio al de Desarrollo Social y al que accedió Página/12, indica que en los últimos meses en la clínica privada Nuestra Señora de Luján, del barrio de Palermo, recibieron diariamente cócteles de varias drogas para mantenerlas dopadas, tuvieron como comida principalmente fideos, no se les ofreció la posibilidad de realizar actividad física ni salir cotidianamente a un patio y mucho menos, a pasear por el exterior. El informe señala que “resulta llamativo lo prolongado del tiempo de las internaciones tratándose de niños y adolescentes”. Muchas de las chicas “previamente estaban alojadas en casas de medio camino” pertenecientes a la misma institución o provenían de otros hogares. “Cuando se pregunta sobre el porqué una vez resuelta la crisis que presentan las adolescentes en el momento de la consulta no regresan al dispositivo anterior, refieren que es porque no se adaptan o principalmente porque no tienen ya el lugar en dicho dispositivo”, afirma el informe. Y advierte que “durante estas prolongadas internaciones en los períodos de estabilización de los pacientes no se trabaja sobre un proyecto de externación”.
Lo más llamativo es que desde hace varios meses están al tanto de esta situación la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal; la directora general de Niñez y Adolescencia, María Vanesa Wolanik; la presidenta del Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, Jéssica Malegarie, y el área de Salud Mental del gobierno porteño. Lucía Quiroga, la última titular de la Dirección Adjunta de Salud Mental, del Ministerio de Salud, renunció hace tres semanas. El cargo continúa vacante.
En la reunión plenaria del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnnya), que se realizó días pasados, estaba previsto que las autoridades porteñas de Salud Mental presentaran un informe sobre el área de los temas vinculados con niñez. Unos días antes de la fecha se anunció que cambiaba el temario.
“Están cometiendo una privación de la libertad de las adolescentes que tienen que ser externadas. Pero a pesar de conocer la situación el Gobierno de la Ciudad no hace nada. Sabían que la clínica donde las mantuvieron en los últimos años era mala y no tuvieron la capacidad de ubicarlas en otras instituciones, como hogares de medio camino, es decir, de generar otras opciones de vida para ellas”, cuestionó duramente Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), vocal del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad en representación de las ONG. Bianco señaló que además el gobierno porteño está violando la Ley 448 de Salud Mental, que en su artículo 15º establece que “las personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente serán albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de Promoción Social”.
Hasta el 18 de febrero, las seis adolescentes estuvieron internadas en la clínica Nuestra Señora de Luján. Un incendio en sus instalaciones obligó al gobierno porteño a trasladarlas. La fatalidad las sacó de una institución que les brindaba una atención siniestra. El convenio con esa clínica fue heredado por el gobierno porteño de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) a fines de octubre de 2007. Pero a pesar del informe lapidario sobre la atención que brindaba a las seis chicas, el gobierno porteño las mantuvo allí.
“A partir del incendio, las adolescentes fueron enviadas a la clínica psiquiátrica San Jorge, de Lanús Oeste, con la cual la ciudad ni siquiera tenía un convenio firmado que le permitiera al menos controlar y supervisar la atención. Es una barbaridad lo que están haciendo con estas chicas”, dijo a Página/12 José Machain, vocal en representación de la Legislatura del Cdnnya.
“El tiempo de internación (en una clínica psiquiátrica) debe ser el menor necesario y sólo en el momento agudo. Cuando dicho cuadro cede el paciente debe externarse y continuar con su tratamiento en forma ambulatoria”, advirtió a las autoridades de Niñez el equipo del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños, que inspeccionó la clínica Nuestra Señora de Luján entre septiembre y noviembre. “Por no contar con una familia o un lugar donde vivir ningún niño ni adolescente puede permanecer en internación psiquiátrica, tanto en un efector público como privado, situación que se observa en varias adolescentes que están internadas en la clínica”, alertó. Y denunció que en la Clínica Luján “no se trabaja la inclusión social de los adolescentes” ni “se toma como modalidad el dispositivo de acompañamiento terapéutico especialmente por fuera de la institución ni la inclusión en espacios educativos y/o laborales”.
También advirtió que la única estrategia que se les ofrece a las adolescentes es “el encierro y la medicación”. “Estrategia fallida ya que se ha observado que a mayor encierro, más dosis de psicofármacos y más crisis de excitación o autoagresión, lo que ubica a las jóvenes muchas veces en un sin salida”, apuntan.
El lunes, abogadas de la Oficina de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces realizaron una inspección a la clínica San Jorge. Cuando llegaron, se encontraron con dos preguntas insistentes de las cuatro chicas y el muchachito, que les paralizó el corazón: “¿Cuándo nos vamos? ¿Nos vinieron a buscar?”.
“La situación en la que están estos chicos es muy grave. Es una clínica para adultos, que no está especializada en el trato a niños y adolescentes. No existe escuela ni proyectos de revinculación. Siguen sobremedicados. La misma clínica les informó a los juzgados que intervienen en cada caso, el 9 de marzo, que ese lugar no era el adecuado para mantenerlos, pero ninguno tomó una decisión y tampoco el gobierno porteño”, señaló la abogada Clarisa Adem, de la Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces de la ciudad. Musa le advirtió al gobierno porteño que debe ofrecer a los chicos en forma urgente alternativas para vivir.
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