Tiempo Argentino, 17 de febrero de 2011
Por Leandro Renou
La documentación será entregada a la AFIP para que realice las inspecciones tributarias y de seguridad social. En cada local hay hasta cinco trabajadores esclavizados. El gobierno de Macri no accedió a hablar del tema.
En las próximas horas, la Defensoría del Pueblo porteña presentará ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los resultados de una investigación sobre ilegalidad laboral que denuncia la existencia de 300 talleres textiles clandestinos en la Capital y aporta los datos de cada uno de ellos. En los expedientes se especifica la inacción del gobierno de Mauricio Macri para controlar la actividad y se detalla que, en cada local, trabajaban por lo menos cinco personas. “El grueso de los talleres se encuentran en el sudoeste de Buenos Aires, y están creciendo en Barracas y Liniers”, explicó a Tiempo Argentino Mario Ganora, jefe de la Unidad de Observación del organismo.
La investigación actualiza sólo los casos denunciados, ya que se especula que en toda la Ciudad hay más de 4000 talleres ilegales.
Quienes elaboraron el informe, que la AFIP analizará para controlar cuestiones impositivas y de seguridad social, relataron además que hay un agujero negro en la fiscalización. Por ejemplo, no se hacen denuncias penales cuando se verifica ilegalidad, y sólo se abren sumarios administrativos con multas, que terminan figurando en los registros como “de pago voluntario”.
Justamente ayer, y tomando como referencia un operativo de laAFIP sobre siete talleres clandestinos, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, responsabilizó a Macri por “abandonar tareas de inspección”. En la otra esquina, desde la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno porteño prefirieron no responder. “No encontramos a la persona que tiene los datos”, dijeron los voceros y confirmaron que “se dedican al control unos diez o 15 inspectores”.
La esclavitud en la Ciudad no es nueva. Alejandro Pereyra, ex subsecretario de Trabajo de la gestión de Jorge Telerman, apuntó que “desde 2008 se mantiene el nivel de talleres ilegales”, y aclaró que hasta 2007 se logró bajar la cantidad de locales en infracción de 6000 a 4000. Pereyra fue echado de su puesto por Enrique Rodríguez, ministro de la Producción de Telerman. ¿El motivo? Fue el primero en denunciar a la marca de ropa Kosiuko por el uso de mano de obra esclava. Luego salió a la luz que 35 primeras marcas –entre ellas Puma, Nike y la infantil Cheeky– empleaban mano de obra esclava.
“Hace tres años le llevamos a Macri un informe con 200 talleres denunciados, pero el número sigue creciendo”, dijo Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, la ONG que sigue este tema. Para Vera, el Ejecutivo porteño incurre “en encubrimiento de las marcas y ha habido casos en los que se perdieron archivos”, entre los cuales figuran las denuncias sobre la tintorería 5 á Sec y la fábrica de medias Cocot, que debía pagar una multa de medio millón de pesos. Ambos expedientes se perdieron en 2008.
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