Página 12, 28 de marzo de 2011
El Registro Nacional de Menores Extraviadas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, desde 2003 recibió 15.641 casos de denuncias por chicos perdidos: más de la mitad fueron resueltos. La revinculación familiar y los mecanismos de contención sustitutos.
“Un chico en la calle es un chico en riesgo.” Bajo esa premisa, un grupo de trabajadores sociales, abogados, sociólogos y técnicos buscan día a día, desde la función pública, a cientos de chicos perdidos y adolescentes que abandonan sus casas por problemas familiares. El año pasado, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, recibió 1847 denuncias de chicos que faltaban en sus hogares, de los cuales un 56 por ciento de los casos fueron resueltos. La mayoría de las búsquedas son de adolescentes y, a su vez, mujeres. “Ningún chico se va de la casa porque quiere, sino porque esencialmente sufre un dolor emocional o físico”, explicó a Página/12 Cristina Fernández, coordinadora del programa. El organismo estatal se encarga de la recopilación y el entrecruce de información de las denuncias de chicos perdidos. No sólo registra los casos, además le pone el cuerpo a la búsqueda de los niños y adolescentes, golpeando puertas y recorriendo todo el país.
Desde pleno centro porteño se tejen las redes para encontrar a los chicos de todas las edades que día tras día faltan de sus casas. En esencia, tienen un rol de articulación entre las fiscalías, comisarías, organizaciones no gubernamentales y familias. Un sinfín de mecanismos se activan para detectar dónde están los chicos, a partir de la denuncia de las familias. Hay búsquedas que empezaron hace diez años y otras de las cuales nunca más se supo algo. Por ejemplo, el caso de Sofía Herrera, la nena que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego, sigue abierto. “Un chico se encuentra cuando los mecanismos institucionales se ponen en marcha y funcionan ágilmente. La detección por foto es muy baja”, señaló Fernández.
La mayor cantidad de las búsquedas (72 por ciento en 2010) se enfocan en adolescentes, que huyen de sus hogares por “problemas de falta de diálogo y familiares vinculados con los problemas de rigidez de la norma de la vida familiar”, explicó Bárbara Espínola, del equipo psicosocial del registro. Esto se genera cuando las familias son un poco rígidas y no pueden ver las necesidades de los adolescentes. En ese contexto, “también hay situaciones de violencia no estructural, que aparece en la coyuntura con las crisis de adolescencia. Ellos no se sienten contenidos o escuchados”, precisó.
Las familias cuentan con asistencia jurídica. Se las orienta en cómo hacer la denuncia, ya que muchas veces, coinciden los especialistas, las fuerzas de seguridad “no quieren tomar la denuncia” y piden a las familias esperar 24 o 48 horas por si el chico regresa. Pero esto es “un mito urbano, no hay ninguna normativa que diga que la policía o un fiscal tiene que hacer esperar a la familia. Un chico en la calle puede ser víctima de delito, es un chico en riesgo”, aseguró la coordinadora del programa.
Incluso, desde el registro orienta a la familia si hacer la denuncia en la comisaría, un servicio de protección de derechos o una fiscalía. “No siempre remitimos a las comisarías, porque pensamos que a veces, adolescentes y policía es conflictivo.” El programa busca evitar la judicialización del caso hasta agotar todas las vías sociales y familiares para ubicar al chico: en casas de familiares, vecinos, amigos, el barrio. “Buscamos evitar que aparezca la policía, porque suele complicar después la revinculación del grupo familiar”, contó Fernández.
El camino de regreso a casa suele ser de reconciliación y confianza. La meta que se busca es acercar al adolescente con los padres o tutores, con el propósito de lograr una “revinculación”, aunque a veces, según advierten los especialistas, no es posible. “No necesariamente se vuelve a una situación convivencial. En caso de fallar la revinculación, se buscan mecanismos de abrigo donde el chico pueda estar contenido (un ámbito alternativo al grupo de convivencia, como familias sustitutas)”, explicó Fernández. La Ley de Protección Integral establece que los niños tienen derechos y que deben ser escuchados. “Nos metemos en la red adolescente para escucharlos y para saber lo que les está pasando. Nos contactamos por teléfono, celulares, Facebook o MSN”, contaron.
–¿Qué pasó con los chicos que hace años desaparecieron?
–Inferimos que muchos pueden estar en situación de calle. Por eso pensamos que hay que hacer un acompañamiento de ese chico para que vuelva a su casa. Desde 2003 (cuando fue creado), el registro recibió 15.641 casos de denuncias por chicos perdidos: un 85 por ciento fueron resueltos, al resto los seguimos buscando.
Por otra parte, los casos de nenes perdidos de entre 0 y 5 años (7,5 por ciento en 2010) suele ser por sustracción parental, es decir cuando padre o madre se llevan al chico. En tanto que los casos que se vinculan con la trata de personas son muy bajos: sólo un 0,45 por ciento. Los especialistas advierten que “el tránsito de un chico intrapaís no está regulado. Nadie pide documentación que acredite el parentesco. Esto favorece a la trata de niños y niñas entre las provincias”. El programa es una herramienta efectiva para la localización de los chicos, ya que centraliza, entrecruza y organiza la información que poseen los diversos organismos involucrados. Además, tiene un equipo psicosocial integrado por trabajadores sociales, sociólogos y psicólogos que realizan un seguimiento interdisciplinario de los casos.
Informe: Soledad Arréguez Manozzo.
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