El diario de Madryn, 22 de marzo de 2012
El diputado radical Roberto Risso elogió la decisión de la Defensoría General de la Provincia de asumir la obligación estatal de proporcionar asistencia letrada a niñas, niños y adolescentes desde el inicio de todo proceso administrativo y/o judicial que los incluya.
La decisión fue notificada a la Legislatura Provincial por el titular de ese ministerio público, doctor Arnaldo Hugo Barone, señalando que el servicio será en “forma provisional y hasta la creación de una dependencia estatal especializada” y “cuando existan intereses o posiciones contrapuestos con sus representantes y se encuentren en condiciones de formarse un juicio propio, en atención a su edad y madurez”.
Barone definió a la decisión como “una obligación emergente del juego armónico del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño y 27 inc. 1° de la ley nacional N° 26.061”, aclarando que existe una atribución en forma genérica, “sin determinar cuál ha de ser el poder o el órgano encargado de cumplirla”.
“Por imperio del artículo 31 de la Constitución Nacional, corresponde a cada Provincia Argentina –a más de la propia Nación- honrar este compromiso, materializando este derecho en la práctica. Desatenderse de la cuestión podría ser fuente de responsabilidad para el Estado Provincial, incluso ante la comunidad internacional, vía los organismos jurisdiccionales competentes”, añade Barone.
Problemática
Al destacar los alcances de esta decisión, el diputado Roberto Risso valoró la exigencia de que “el niño o el adolescente en conflicto con la ley penal tenga una asistencia especializada”, entendiendo que “gran parte de la problemática de falta de seguridad en la provincia está centralizada en esa necesidad”.
En su exposición hizo referencia a diferentes casos de violencia protagonizados últimamente por menores, a la falta de capacitación policial para entender y enfrentar situaciones de ese tipo particular y a la actuación judicial, destacando la actitud del defensor general Barone.
Propuestas
“En esta Cámara de Diputados hemos presentado proyectos para la creación de fiscalías entendidas en esa temática y de un fuero penal especializado en minoridad. Por eso destacamos esta iniciativa del defensor general Barone”, dijo Risso.
El diputado radical instó “a prestar debida atención a esta realidad y a las falencias que tiene el Estado, especialmente en la provisión de oficinas de protección de derechos”, planteando que “es necesario sacar este tema del debate político-partidario entre oficialismo y oposición y ubicarlo directamente en el búsqueda de una solución del problema”.
“Si comprendemos que un alto porcentaje de la inseguridad que vive la provincia está vinculada con menores en conflicto con la ley penal o con problemas de conducta, vamos a dar un paso gigantesco para solucionar un problema acuciante”, aseguró.
Risso sumó “la circunstancia de que la policía no está preparada para atender la problemática y se enfrenta al menor que, a su vez, la ve como una enemiga, en lugar de alguien que pueda ayudarlo”.
“La agresión que sufre la Policía es, en una gran proporción, producto de menores o de personas que rodean a los menores. Ahí está centralizada, a nuestro entender, una gran problemática. Y es una gran falencia”, añadió.
Fracaso
Risso recordó también la existencia en el ámbito de la Legislatura Provincial de una Oficina de Protección de Derechos, que nació con la ley provincial sobre menores y adolescentes, pero “ha sido uno de los mayores fracasos, por las razones que sean y por responsabilidad de todos, posiblemente por haber puesto a alguien que no estaba preparado para atender la problemática”.
“Si estos organismos no funcionan es por responsabilidad nuestra. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Ojalá podamos aprovecharla para dar una respuesta que la sociedad nos demanda y que no pasa solamente por poner más policías en la calle que, además, debe estar preparada”, dijo Risso.