Miradas al Sur, 29 de septiembre de 2012
Por Diego Long Una recorrida por las políticas psiquiátricas del macrismo: intentos privatizadores, desactivación de los programas para niños y adolescentes y derrumbe del sistema de atención domiciliaria. La situación de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires es crítica. Al punto de que los inviernos crudos que pasaron los internos del hospital José Tiburcio Borda sin gas, son una anécdota ya. O una metáfora.
Los graves problemas de deterioro edilicio no son los únicos ni son exclusivos del área. A todo el espectro de la salud se lo está haciendo padecer el macrismo, con una mezcla de desidia y estrategia.
En julio pasado, se cumplieron doce años de la sanción de la Ley porteña 448, de salud mental, y hasta hoy “no se ha hecho absolutamente nada en cuanto a los dispositivos que debían crearse para el proceso de desinstitucionalización, como la apertura de camas de internación en hospitales generales”, dice Angel Barraco, que hace 20 años es asesor de planta en la Comisión de Salud de la Legislatura, compone la Mesa Permanente Intersectorial y es corredactor de la ley de la que habla.
Para Barraco, cosas como éstas demuestran el poder de la corporación médica. “La desinstitucionalización es justamente terminar con las internaciones crónicas en los hospitales monovalentes, los llamados neuropsiquiátricos, y requiere de camas para internaciones breves. El poder médico siempre se resistió a que los hospitales dispusieran de esas camas y si no están, los pacientes siempre van a terminar en el Borda, el Moyano, si es un chico en el Tobar García o en el hospital de agudos, el Alvear.”
En el sector médico hay amplia coincidencia en que, tanto en el área de la salud como en el de la salud mental existe un cogobierno entre el gobierno macrista y la corporación médica, representada en la Asociación de Médicos Municipales (AMM). La actual directora General de Salud Mental del Gobierno, María Grosso, es mujer de la AMM. Además de haberse manifestado en contra de las leyes de Salud Mental, tanto de la 448, de la ciudad, como de la 26.657, de la Nación. “Es insólito que un funcionario, que debe obedecer y hacer cumplir las leyes y la Constitución, esté y se manifieste en contra y actúe como tal”, señala el asesor.
Grosso, por ejemplo, ha desarticulado el Programa de Atención Comunitaria a Niños/as y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos (PAC), que según una amplia cantidad de voces, entre las que se cuenta la de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, funcionaba “muy bien”. Y, coherente con su rechazo a la ley, pasó ese dispositivo al Tobar García, una dependencia monovalente.
Pero además de los PAC, el Gobierno tampoco ha hecho ninguna de las casas de medio camino, ni las residencias protegidas y sólo en algunos hospitales hay guardias interdisciplinarias. Tampoco hay equipos de salud mental en los Cesac (Centros de Salud y Atención Comunitaria), de atención primaria. “No sólo en salud mental, también en salud general, en el Gobierno macrista no hay una estrategia de atención primaria de la salud”, cuenta Barraco.
El mismo caso es el del programa Adop-Adopi, de atención domiciliaria. También fue desfinanciado, los profesionales no cobran o están contratados de manera precaria. “Está por entrar en la Legislatura el Presupuesto para el 2013 y seguramente –apuesta Barraco–, como todos los años, el 90% terminará destinado a los cuatro hospitales y no se le adjudicará absolutamente nada a la creación de los dispositivos que establece el artículo 14 de la ley 448.”
Negocios. A principio de año el gobierno del Pro emitió la Resolución 52, que era un llamado a licitación para contratar camas de internación en clínicas privadas. Es decir, no sólo que no tiene intenciones de terminar con las internaciones, sino que demuestra que hay fondos y además los intentan transferir al ámbito privado. El artículo 22 de la Constitución de la Ciudad prohibe totalmente el traspaso de fondos públicos al sector privado.
La resistencia de los trabajadores de la salud y varios amparos frenaron la iniciativa. Los profesionales creen que era parte de una avanzada para vaciar el Borda de internados, la que después seguirá con el Moyano, el Tobar García y los talleres protegidos. “Hay que denunciar que el Centro Cívico no va a ocupar sólo una parte del Borda –acusa Barraco–. Según el proyecto oficial que ganó el concurso en la Sociedad Central de Arquitectos se va a avanzar sobre todo el terreno. El juego es perverso –continúa– porque la gente que vive en Barracas va a decir ‘esto es progreso’, porque tendrá otro valor el metro cuadrado.”
El panorama es complicado. “La corporación médica ha firmado un acta acuerdo con el Gobierno de la Ciudad y con gremios como Sutecba y Upcn, para la entrega del Borda –relata Barraco–. Antes, la AMM, cuando se tocaba un hospital, paraba todo. Ahora mira para otro lado. No sólo le sacan recursos a lo público sino que también le están quitando la posibilidad a la población de ser atendida en un marco de dignidad y con el grado de eficacia y calidad que corresponde. Esto también hace caer la atención pública estatal para beneficio de lo privado.”
Además de funcionarios como Grosso, más grave es que la AMM tiene fuerte incidencia con esta administración en el nombramiento de los directores de hospitales. En el ámbito específico de la salud mental se desplazaron a los directores que se manifestaron a favor de las leyes. Primero fue el director del Centro de Salud Mental Nro. 3, Florentino Ameghino, el doctor Rubén Slipak. Es más, a Slipak lo cesantearon. Cosa que no pasaba desde la época de la dictadura. Después, se desplazó del Moyano al doctor Jorge Cafferata, ahora, al doctor Roberto Yunes, del Tobar García y el último fue el doctor Víctor Dubrovsky, del Hospital Alvear. Pero Dubrovsky recurrió a la Justicia y ahora debe ser reincorporado. La Constitución porteña y la Ley 153, Básica de Salud, fijan que los concursos para nombrar este tipo de funcionarios deben ser públicos y abiertos.
En 2004, todas las corporaciones médicas pidieron la inconstitucionalidad de la Ley 448 y el Tribunal Superior de Justicia se la denegó. La Ley 448 fue sancionada el 27 de julio del año 2000, debía reglamentarse en el término de los 180 días, y recién se lo pudo hacer en el 2004. “Hoy con la ley nacional, y pese al gran compromiso del Gobierno Nacional, se ve que hay un gran bolsón de poder también en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación –afirma Barraco–, porque se van a cumplir dos años y la reglamentación sigue cajoneada.”
Pero, la salud mental es mucho más que el manicomio. Dentro del sistema existen hospitales, servicios, dispositivos, efectores de salud mental, etcétera. La clave para echarlo a perder es hacerlos funcionar de manera disgregada. Es necesario “formalizar un sistema de salud mental, coherente, de referencia y contrareferencia. Está en juego en la Ciudad de Buenos Aires un espectro de 1.800.000 prestaciones anuales”, asegura el especialista.
Además, también hay problemas graves con las adicciones. El Ejecutivo porteño ha desarticulado el área de adicciones de salud mental, y la ha llevado a Promoción Social, donde fue tercerizada en ONG, o a las llamadas comunidades terapéuticas, que son lugares de encierro y que, no sólo reiteran el mismo modelo y lógica manicomial, sino que a pesar de ser ONG son parte del lucro. “No sólo privatiza, sacando recursos a lo público para dárselos a los privados sino que se mal atiende con graves consecuencias”, sostiene Barraco, y agrega: “Adicciones tiene que estar dentro del área de la salud mental. La Ciudad tenía una red para adicciones, diferentes hospitales, fundamentalmente, los servicios de salud mental más tres efectores específicos de adicciones, el centro Carlos Gardel, el La otra base del encuentro y el Biedak, que poco a poco también fueron desfinanciados. El macrismo tuvo gran parte de los últimos años al frente de la Dirección General de Políticas sociales en Adicciones a Claudio Parrilla, un pastor evangelista, o sea, además de que hay una cuestión ideológica, contraviene los criterios de atención.
La resistencia de la corporación médica a la apertura de camas en hospitales generales y a todo lo que suene a competencia de los sitios de internación privada o tratamientos farmacológicos, tiene un único trasfondo mercantil. Hasta aquellos que tienen medicina prepagas cuentan con una prestación muy precaria. Estas instituciones dan sólo 30 sesiones de psicoterapia y 30 días de internación.
En Buenos Aires, sólo el 25% de la población utiliza el sistema de salud pública, la mayoría tiene cobertura privada o de seguridad social. Esto representa sólo el 5% del total de la salud. Entre hospitales, centros de atención comunitaria, de salud mental, etcétera, hay 84 centros de salud públicos, mientras que el sistema privado tiene sólo dentro de la Ciudad más de 1.600 instituciones. El peso de lo privado es contundente. Entonces, para quien no pueda acceder a este ámbito, la idea es que haya un servicio lo más restringido y precario posible, por eso “los hospitales se están viniendo abajo, como el Rivadavia –demuestra Barraco–. Por eso, los intentos de cerrar algunos, como el Lagleyze, y también el proyecto que tenía (el jefe de Gobierno, Mauricio) Macri para el Muñiz, el llamado Complejo Hospitalario Sur. Quería poner tres hospitales juntos, el de infecciosos (Muñiz), el de vías respiratorias (María Ferrer) y el de gastroenterología (Udaondo). A quién se le ocurre poner un hospital de vías respiratorias pegado a uno de infecciosos, desde la perspectiva sanitaria es una locura total”. Esta lógica, en el ámbito de la salud mental, es “como decían Pichon Riviere y el italiano Franco Basaglia: las personas de los manicomios estatales están internadas más por pobres que por locos”. Y, como tales, no interesan.
“Esta no es una problemática sólo de los que están en un manicomio –concluye Barraco– sino que le cabe a cualquiera. Por los números que arroja el mundo sabemos que problemas como la depresión son de una incidencia más alta que la de cuadros orgánicos, entonces la sociedad tiene que empezar a preguntarse por qué el área de salud mental está recortando sus posibilidades, aun teniendo las mejores prepagas no tiene la garantía de ser atendido, con un límite de 30 días de internación tengo que empezar a pensar en un lugar privado, y ahí justamente es donde está el negocio. Lo que cobran algunas clínicas privadas es muy oneroso para una familia. Y esto explica por qué no quieren la desmanicomialización. La ley nacional dice que se prohíbe la creación de nuevos manicomio y lo que quiere decir es que se prohíbe la creación de nuevos centros de internación. Porque manicomios también son las clínicas privadas. Por más que la hotelería sea cinco estrellas, allí también el paciente está atado a la cama, también se le aplica electroshock y el chaleco químico.”.