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Políticas de infancia: el negocio de la vulnerabilidad social

Diario Z, 10 de agosto de 2010
Están encerrados porque sus familias son pobres. En vez de ayudarlos, se paga fortunas a hogares privados.
Unos 1.300 chicas y chicos de la Ciudad viven en "hogares", modo políticamen­te correcto de nombrar a los vie­jos institutos de menores. Des­de bebés hasta adolescentes de 17 años, apartados de sus fami­lias, privados de su libertad. La enorme mayoría no cometió nin­gún delito y tampoco sus familias cometieron delitos contra ellos (violencia, abuso). Están encerra­dos porque son pobres.
Porque la mamá se enfermó o se murió. Porque fueron desalojados. Por­que se quedan solos cuando los padres trabajan. Porque los llevan a mendigar o cartonear para no dejarlos solos. Un día, algún orga­nismo -un juzgado, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Go­bierno de la Ciudad, una Defenso­ría- los ve y los interna. Que sean varios hermanos no significa que estén en el mismo instituto y ni si­quiera que puedan visitarse. Los jueces, después, deben convalidar la medida. Laura Musa, la aseso­ra tutelar del Ministerio Público de la Ciudad, dice que muchas inter­naciones "están por fuera de las reglas impuestas en materia de debido proceso y garantías", y vulneran los derechos del niño y de su familia.
Cuestiones de dinero
¿Por qué el Estado se adueña de los chicos? La respuesta, en es­tos casos, suele estar más cerca del dinero que del amor. Desde que gobierna Macri, se agudizó la ten­dencia a delegar el cuidado de los chicos pobres en ONG que, si no hubiera chicos pobres, se fundirían.
Convertida en política de Es­tado, un festival de convenios ve­hiculizó la transferencia de recur­sos hacia los privados.
La Dirección de Niñez, encarga­da de los hogares, debería aplicar las políticas de protección decidi­das por el Consejo de Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, que debe controlar que se cumplan.
La distribución del presupues­to de Niñez ilustra la política: in­virtiendo las prioridades que es­tablece la ley, los programas de fortalecimiento familiar se llevan el 6% de los recursos y los hoga­res el 30%. Esta privatización in­cluye a los paradores Carlos Caja­de y Ciberencuentros. Dos de los tres hogares derivados por la Na­ción están hace años "en repara­ción". A Niñez le queda un solo hogar propio activo, Nuestra Se­ñora del Valle, con unas 30 cria­turas. En febrero hubo un in­cendio y la Junta Interna de ATEdenunció un cuadro de abando­no total, no tienen ni línea tele­fónica: "Para nosotros es muy im­portante tener un hogar público no monitoreado por la lógica de las ONG. Para ellas es más renta­ble tener un chico internado que reinsertarlo con su familia. El chi­co se va sólo cuando les solicitan que ingrese otro".
Para que todo esto fuera posi­ble, se llevó al colapso al Consejo de Derechos, con defensorías zonales que, en la zona sur, atienden hasta 400 chicos pero sólo cuentan con tres o cuatro profesionales precari­zados, con sueldos que rondan los 2.000 pesos. Esto genera una altí­sima rotación y la incorporación de personal recién recibido que, ape­nas encuentra otro trabajo, huye, harto de enfrentarse con los abo­gados de las ONG, expertos en de­fender los intereses de sus clientes y con inmejorables relaciones con los jueces de familia. Los represen­tantes de la oposición en el Conse­jo denuncian que su Plenario no se reúne y que "ahora los hogares eli­gen a quién reciben y a quién no, por eso los chicos más conflictivos terminan a la deriva, institucionali­zados en neuropsiquiátricos o sin un destino que los contenga".
En el negocio de la interna­ción está el quid de la cuestión. La Ley 2.881 segmentó los ho­gares en varias categorías: convi­venciales; paradores –en los que el chico está algunas horas–; con­vivencial para adolescentes emba­razadas y/o madres y sus hijos y, finalmente, “convivencial de aten­ción especializada”, para alojar transitoriamente a quienes nece­siten más cuidados profesionales. Los paradores cobran 1.071 pesos por pibe, los convivenciales, en­tre 1.330 y 2.000, y los de aten­ción especializada (discapacitados y pacientes psiquiátricos) hasta 5.988 pesos. “Con lo que paga por un solo chico, el Gobierno podría solventar el alquiler de una familia o un operador que ayude a varias. Pero el Gobierno paga y se desentiende: un chico menos”, explica Musa.
A veces, la Justicia colabora en dificultar la revinculación. Laura Ro­dríguez, abogada de la Fundación Sur, atiende demandas de madres o padres que reclaman la restitu­ción de los hijos. En este caso, los chicos, de 5 y 7 años, ya llevan dos años lejos de su mamá. Se incen­dió la casa donde vivían y la familia quedó en la calle. Eso desencade­nó una causa judicial y que se in­ternara a los chicos. Además, se le abrió a la madre un expediente de inhabilitación psiquiátrica. “Si bien tiene alguna dificultad psicológi­ca, la madre está siendo tratada y la propia curadora opina que no debe ser inhabilitada. En el trans­curso de este proceso, la mamá, por sus propios medios, alqui­ló un departamentito y tuvo otro hijo, que está con ella y tiene cua­tro meses. Lo cuida perfectamen­te. La mamá visita a los chicos los fines de semana y un día hábil por­que el hogar carece de personal y no admite más visitas. El Consejo es favorable a la restitución, los ni­ños reclaman volver con su mamá. Pero, como no hay sentencia sobre la inhabilitación, la Justicia no re­suelve”, explica la abogada. Si esa mujer hubiera sido ayudada no hu­biera estado en la calle ni loschi­cos sin su mamá.
Esta discrecionalidad fue legal mientras rigió la Ley de Patronato de 1919. Confundiendo peligro­sidad y pobreza, los jueces deci­dían cuál chico seguía con su fa­milia y cuál no. La adhesión a la Convención de los Derechos del Niño, la sanción de la Ley de Pro­tección Integral 26.061 y de la Ley de la Ciudad 114 determinó que la Justicia ya no puede disponer de los pobres y que el Estado debe protegerlos con políticas públicas. Dicen también que los chicos tie­nen derecho a una familia y que ni la más extrema pobreza es razón para separarlos. Que el Estado debe aplicar políticas de fortale­cimiento: habitacionales, jardines maternales, escuelas de tiempo completo, polideportivos, becas, acompañamiento profesional.
La internación, dice taxativa­mente la Ley 114, es la última op­ción, y sólo puede ser “excepcio­nal” y “transitoria”. No más de 90 días, para que el Estado tenga tiempo de implementar medidas que ayuden al reingreso o busque un allegado que quiera cuidar al chico si por razones gravísimas –muerte, enfermedad mental, adicciones severas– los padres no pueden. Pero hecha la ley, he­cha la trampa. Porque los 90 días pueden prorrogarse “excepcio­nalmente” y, por ese intersticio, muchos chicos cumplen los 18 in­ternados. En su oficina de la Ase­soría General Tutelar, Laura Musa ofrece a Diario Z un dato irrefu­table: el 75% de los niños ingre­sados por la Ley 26.061 (de 2005) continúan internados.
Sin regulaciones
El Gobierno, además, paga el alquiler de los inmuebles don­de funcionan casi todos los hoga­res, una concesión insólita porque sólo 2 de cada 10 tienen menos de 5 años en funciones. Un rele­vamiento del Ministerio Público Tutelar mostró que el 32% oscila entre los 6 a 10 años; el 37%, en­tre 11 y 20, y el 10%, 20 años o más. No es lo único sorprendente: los hogares funcionaron sin regla­mentación hasta 2008, cuando la Ley 2.881 fijó las condiciones edili­cias, los servicios y el personal con que debían contar. Aunque los 18 meses para ponerse al día termi­naron en junio, la Red de Hogares pidió nueva prórroga. La Legisla­tura lo denegó pero una resolu­ción del Ejecutivo le otorgó otros 6 meses. En general, se denun­cian graves problemas edilicios, hacinamiento, falta de personal idóneo, cables expuestos, alimen­tación exigua e inadecuada, y en algunos casos sobremedicación, castigos corporales o violencia de los chicos mayores contra los me­nores. Dale prórroga.
Los efectos de la Ley 2.881 no alcanza a los hogares del conur­bano ni el gobierno porteño pue­de clausurarlos o sancionarlos. La única opción, que no se apli­ca porque “faltan vacantes”, sería dejar de mandarles niños. El lista­do de hogares “en graves condi­ciones” es vasto, y en los últimos 12 meses han muerto dos chicos. Uno, de 12 años, se descompu­so a la noche pero en el Hogar de Programa Imagen no hay guardia médica. Amaneció muerto y hay una causa judicial por “muerte dudosa”. Alfredo Nolasco, su ti­tular, es el referente por las ONG que gestionan hogares en el Con­sejo de Derechos.
Otro chico, de 16 años, se ha­bría ahorcado el 14 de abril en el Centro Juvenil Esperanza. “Lo más grave es que la Defensoría Zonal de la Boca citó a la mamá para el 19 de mayo. Es decir que ni la Defensoría, ni el Consejo de Derechos de Niños/as y Adoles­centes, ni la Asesoría General Tu­telar habían sido informados a un mes de la muerte del adolescen­te”, denunció la legisladora Dia­na Maffía.
Psiquiatrizar la miseria
Aunque la Ley 2.881 dice que la fiscalización del proyecto insti­tucional, el abordaje metodológi­co, la atención de los niños, niñas y adolescentes, la idoneidad y el desempeño del personal son “de exclusiva competencia” del Con­sejo y de Niñez, éste derivó esas decisiones a los institutos priva­dos a través del convenio mar­co. “La permanencia de los chi­cos queda sujeta, entonces, a la ‘singularidad del caso’, un criterio subjetivo, arbitrario y discrecional, y no a lo que determina la ley. El convenio delega en el equipo téc­nico del albergue la definición de estrategias y acciones necesa­rias para efectivizar el derecho a la vinculación familiar, social y co­munitaria, y por el otro lado, re­duce el rol del Consejo al control de las medidas y la supervisión de la permanencia institucional”, ex­plica Musa. La Ley 26.061 creó una figura legal, la de “abogado del niño”, que debería custodiar sus derechos. Pero el macrismo, superándose a sí mismo, también los tercerizó, a través de conve­nios entre el Consejo y ONG. Aun así, el 83% de los chicos carece de todo abogado.
El choque de intereses es evi­dente: el mismo hogar que cobra por tener el chico debe instrumen­tar las medidas para que egrese, o sea para dejar de cobrar. ¿Los abo­gados “privatizados” del niño van a litigar contra el organismo que los contrata y paga sus sueldos?
No sólo no se facilita el reen­cuentro, también lo puede obs­truir. “Los hogares tienen sus pro­pias normas. Y puede ser que una señora que tiene otros chicos y no tiene un peso alguna vez no vaya y otra vez llegue tarde. Y no la de­jen entrar. En el registro queda­rá que la mamá no fue. El chico, frustrado, tal vez ‘se porte mal’. En el registro quedará que tiene problemas. Estas situaciones se repiten, hasta que no se la esti­me ‘apta’ para cuidar a su hijo y al hijo no se lo estime apto para un convivencial.” La que habla es una profesional con años en el Conse­jo, que reserva su nombre porque las normas del Gobierno le impi­den hablar con la prensa.
Un chico institucionalizado, apartado de sus afectos, obliga­do a convivir con extraños, tal vez caiga en un estado de “excitación psicomotriz”. Ahí llega el primer tranquilizante. Si se repite, la do­sis aumenta. Y si no se resigna, irá a una institución de “cuidados es­peciales” o un “hogar terapéutico de salud mental”. Está perdido. Y la cápita habrá pasado de 1.300 a 5.890 pesos.
Musa afirma que al 40% de los chicos se les administra psico­trópicos, que el 87,5% está bajo tratamiento psicológico y el 75%, psiquiátrico. La ministra de De­sarrollo Social, María Eugenia Vi­dal, la desmintió y dijo que solo el 24% está en esa situación. Ante una requisitoria, la ministra Vidal prefirió postergar su respuesta.
En septiembre, Musa presen­tó un habeas corpus colectivo por 15 chicos con alta médica deposi­tados en el neuropsiquiátrico To­bar García. “Eran chicos levanta­dos de la calle con un ataque de nervios, o alojados en algún ho­gar. Pero los hogares se niegan a recibir a los chicos que salen de una institución psiquiátrica. Mien­tras les buscaban un lugar, se los dejó ahí. Esto es muy grave, no se puede hacer política social man­teniendo a un chico en un ma­nicomio. No queremos hacer las inferiores del Borda”, ironiza la asesora, dando por terminada la entrevista, Ya en la calle, hace frío. En algunos corazones hace mucho más frío.
Colaboró Franco Spinetta. Olga Viglieca Redacción Z
 
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