Página 12, 25 de noviembre de 2019
La violencia contra las mujeres es un flagelo que durante mucho tiempo ha permanecido invisibilizado, y en muchos casos todavía lo está, y lo es aún más cuando las víctimas son niñas, ya que la denominación “mujeres” suele identificarse con “mujeres adultas”.
Las estructuras sociales en las que vivimos han facilitado, promovido, ocultado y perpetuado múltiples formas de violencia contra las mujeres. Usualmente, el imaginario social reduce el concepto de violencia a las agresiones físicas. Sin embargo, las formas de violencia pueden manifestarse en diversos ámbitos, públicos o privados, y a través de una inmensa gama de acciones u omisiones. La Ley de Protección Integral a las Mujeres (26485) abarca distintas variantes, que pueden afectar “su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.” La violencia puede ocurrir en el hogar, en el trabajo, en el sistema de salud, en el sistema educativo, entre otros.
Un aspecto muy relevante ha sido el del reconocimiento de nuevos delitos que pusieron el foco en la particularidad de la lesión a los derechos de las mujeres, como por ejemplo el femicidio. La incorporación de este delito al Código Penal nos ha permitido poner de relieve que la violencia contra las mujeres afecta de manera individual a quien la sufre en su cuerpo, pero también de manera general a todo el colectivo. Porque cada hecho perpetúa los estereotipos negativos mediante los cuales se naturaliza, invisibiliza y reproduce el esquema de opresión.
Esta situación de opresión se intensifica aún más cuando quienes sufren esa violencia son niñas. En ellas la vulnerabilidad es mayor y la exposición a los riesgos se incrementan exponencialmente. La violencia contra niñas y adolescentes tiene efectos inmediatos que deterioran su salud psíquica, física y social, pero también efectos a largo plazo que repercutirán cuando sea adulta. Por eso, cuando prevenimos la violencia contra las niñas no sólo aseguramos una mejor infancia, sino que también brindamos las condiciones para que el día de mañana tengan una vida plena como mujeres adultas.
Las prácticas que implican violencia contra la mujer, sin embargo, están muy arraigadas y se deben deconstruir en distintos planos, dentro de los cuales el derecho es uno más, pero no el único. Las relaciones cotidianas reproducen estos estereotipos, en cuanto a lo que se espera de las niñas y adolescentes, los estigmas con los que cargan y las formas de violencia que sufren. Las niñas y adolescentes sufren nuevas formas de violencia sexual, como el grooming, el chantaje sexual, la difusión de imágenes íntimas. El derecho prohíbe estas prácticas, pero la condena social es necesaria para producir los cambios. La conciencia y la internalización, en la víctima y el victimario, de que se está ante ejercicios de poder y violencia es todavía una cuenta pendiente en muchos ámbitos de la socialización.
En este sentido, no sólo debemos buscar las respuestas en mejores normas jurídicas, sino que la erradicación de la violencia contra la mujer requiere, como primer punto, que hagamos cada día más visible el fenómeno, que lo señalemos, que dejemos de naturalizarlo, que en nuestra vida cotidiana nos cuestionemos las prácticas que hacemos y reproducimos. Implica que, como mujeres, nos permitamos indagar incluso nuestra propia historia, nos interpelemos: ¿cuántas veces fuimos víctimas de violencia sin tomar conciencia?, ¿cuántas veces establecimos relaciones absolutamente asimétricas en las cuales sufrimos violencia?, ¿cuántas veces naturalizamos el sometimiento?, ¿cuántas veces aceptamos actuar o vernos de una determinada manera que nos hace daño porque eso es lo que se espera de nosotras?
Esta interpelación cotidiana nos permite comprender que vivimos y hemos vivido en una estructura social que debe terminar, y que tenemos que esforzarnos día a día en modificar, para ofrecer a las niñas de hoy un mundo más acorde a las necesidades de las mujeres del mañana.
*Yael Bendel es Asesora General Tutelar del Ministerio Público Tutelar CABA
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