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Juntarán firmas para lograr disolver órgano de gobierno porteño por violencia contra indigentes

Infobae, 31 de octubre de 2009
 
Se trata de la Unidad de Control del Espacio Público, dependencia responsable de la represión a personas en situación de calle. Distintas organizaciones vienen denunciando a ese cuerpo de golpear a personas sin techo y de bajos recursos económicos.
Distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, recolectarán hoy firmas en diferentes esquinas de la Ciudad, para lograr la disolución de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), órgano del Gobierno de la Ciudad responsable de la represión a personas en situación de calle.A mediados de semana, la Justicia porteña allanada la sede del quinto piso de Carlos Pellegrini 211, tras una denuncia de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La campaña de firmas fue lanzada en la conferencia de prensa en la Manzana de las Luces, en donde participaron Sergio Burstein (Familiares de Victimas de la AMIA), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora), Gastón Chillier (CELS), y Eduardo López (UTE). Se encontraban presentes los diputados Gabriela Alegre, Aníbal Ibarra, Raúl Puy y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Juan Cabandié y Sebastián Gramajo (Encuentro Popular por la Victoria)y Gonzalo Ruanova (Espacio plural).
También estuvieron presentes los diputados electos Tito Nenna y Maria José Lubertino (Encuentro Popular por la Victoria), María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), Rafael Gentilli y Laura García Tuñon (Proyecto Sur), y los dirigentes Lía Mendéz (Partido Humanista) y José Campagnoli (Encuentro por la Democracia y la Equidad), asi como representantes de numerosas organizaciones políticas y sociales.
La legisladora porteña Liliana Beatriz Parada, del bloque Igualdad Social, denunció la política de exclusión que aplica la administración macrista y calificó a la UCEP de "grupo de tareas".
En diálogo con C5N, Parada sostuvo que Macri "busca limpiar la calle de pobres, pero tirándolos del otro lado de la General Paz".
La denuncia que terminó con el allanamiento de la sede se radicó por la agresión que sufrió Carla Baptista, una embarazada de 30 años y madre de cinco hijos, en la madrugada del 1º de octubre debajo de la Autopista 25 de Mayo, barrio de San Cristóbal.
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