El Ancasti, 10 de enero de 2020
Pese a tener más de 13 años de vigencia, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) aún no se cumple acabadamente. Las causas de la demora en la aplicación van desde la burocracia que caracteriza a ciertas estructuras educativas hasta la falta de capacitación del personal docente encargado de trabajar los contenidos con los estudiantes, pasando por las presiones ejercidas por los grupos más conservadores de la sociedad, entre ellos algunos vinculados a las iglesias Católica y Evangelistas.
Las presiones de esos grupos que se oponen al dictado de la ESI en los establecimientos educativos son, en rigor, la causa principal. Recrudecieron luego del tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación, en 2018, incluso con algunas protestas dentro de los colegios, no exentas de violencia.
En aquellas escuelas en donde sí se aplica debidamente la Ley de ESI, los resultados han sido muy buenos en varios aspectos, pero fundamentalmente en lo que respecta a la información que proporciona sobre los derechos de los chicos sobre su cuerpo y la identificación de conductas abusivas.
Ayer se conocieron los resultados de un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, que corroboran lo dicho: según los datos recabados, entre el 70 y el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que sufrieron abuso sexual dijeron que comprendieron lo que estaban padeciendo luego de recibir clases de educación sexual a través del programa que aborda en las escuelas la sexualidad desde los derechos humanos y la perspectiva de género.
Las revelaciones fueron hechas en las salas de Entrevistas Especializadas, conocidas popularmente como Cámaras Gesell. La asesora general tutelar Yael Bendel opina que “la ESI les dio información para comprender que fueron víctimas y, al mismo tiempo, abrió un espacio de confianza en la escuela que les permitió contar lo sucedido”.
El Ministerio Público Tutelar firmó hace algunos meses un convenio de cooperación con la Procuraduría General de la Nación. Desde ese momento comenzaron a multiplicarse las denuncias por conductas abusivas contra niños y adolescentes de entre 3 y 14 años. El 99 por ciento de las denuncias son por abuso sexual, y la mayoría de ellos, como se destacó antes, fueron posibles gracias a que los chicos accedieron a información proporcionada por los contenidos de los espacios de educación sexual.
Un dato de mucha importancia es que el 80 por ciento de los abusos sexuales contra chicos fueron cometidos por un familiar o un amigo de la familia de la víctima.
Las estadísticas son elocuentes. La implementación de la Educación Sexual Integral no puede admitir más dilaciones, no solo por razones de orden legal sino porque su ausencia entraña graves riesgos para los chicos, que sin las herramientas que proporciona tal vez no puedan discriminar las conductas abusivas de las que no las son.
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