Página 12, 23 de noviembre de 2010
El Senado ya tenía previsto tratar mañana el proyecto que impulsa la desmanicomialización e introduce la perspectiva de derechos humanos en salud mental. Pero Liliana Negre de Alonso convocó para hoy a un plenario, con mayoría de ponentes en contra.
Por Emilio Ruchansky
Hay posibilidades, al menos así estaba previsto, de que mañana se trate en el recinto del Senado la ley de salud mental. El proyecto prohíbe crear manicomios y propone una transición para derivar a los miles de pacientes de los psiquiátricos, muchos con alta médica, a lugares comunitarios, sean casas o pensiones. La ley también dispone evaluaciones interdisciplinarias para establecer internaciones y declaraciones de insania, además de crear un órgano de revisión para denunciar irregularidades. Se alcanzó un acuerdo entre el oficialismo, la UCR y otros bloques para el tratamiento, pero la senadora Liliana Negre de Alonso, conocida por su extrema oposición al matrimonio igualitario, convocó a un plenario para hoy, considerado “dilatorio” por los impulsores de la ley.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y de él depende, en parte, el destino de 25 mil personas internadas en manicomios públicos y privados en el país, excepto en la Patagonia, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero, donde las personas con padecimientos mentales son atendidas en hospitales e internadas en éstos o en centros comunitarios, si hace falta. El psiquiatra Hugo Cohen, asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), comentó a este diario que está a favor de ley “desde sus orígenes” y expuso sus razones ante una reunión de diputados, antes de que se le diera media sanción.
“Es importante que se dé sanción definitiva al proyecto lo más rápido posible, porque se trata de saldar viejas deudas. Primero con la gente que no puede acceder a un tratamiento digno, en un hospital general, como debe ser y no en un manicomio. Pero también en 2006, en las Naciones Unidas se sancionó una convención de los derechos de personas con discapacidad, que fue firmada por Argentina y ratificada por el Congreso, por lo que tiene fuerza de ley. Esa convención destaca que a las personas con padecimiento mental se les debe respetar su derecho a la ciudadanía”, recordó Cohen.
Que muchos de los pacientes internados en manicomios alejados y gigantescos como el neuropsiquiátrico Alejandro Korn, en Melchor Romero, provincia de Buenos Aires, con mil camas, tengan el alta médica y no se vayan demuestra, según Cohen, “lo complejo del tema”. “Muchos de los que se oponen dicen que vamos a dejar en la calle a esa gente, cuando en verdad lo que buscamos es que de a poco se les dé un lugar en la comunidad –remarcó este psiquiatra–, que existan casas de medio camino y una rehabilitación sociolaboral de los pacientes.”
Tanto Cohen como Yago Di Nella, director del Instituto de Salud Mental y Adicciones creado por decreto presidencial hace seis meses, coincidieron en lo discriminatorio del régimen actual, que plantea el confinamiento de las personas con padecimientos mentales o que son usuarios problemáticos de drogas. “Este sistema está basado en el poder de los psiquiatras en determinar quién debe ser encerrado y no, por un lado, y también de los manicomios, donde a veces, como en la colonia de Montes de Oca, hay más trabajadores que internados”, comentó Di Nella.
El miércoles pasado, la senadora Negre de Alonso pidió un plenario de la comisiones de Salud, Presupuesto, Legislación General y Justicia. La cita es hoy a las 16 e invitó a exponer a siete personas. Solo una está a favor: el psicólogo Carlos Saavedra. Entre los otros están el juez José Russo; el vicedecano de la Facultad de Medicina de la UBA, Marcelo Torino; la licenciada Diana Kordon; Alfredo Cia, de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, y Eduardo Aguirre Obarrio, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
Aguirre Obarrio fue ministro de Defensa durante la dictadura de Alejandro Lanusse, estuvo detenido en marzo de 2008 por la masacre de Trelew y luego fue liberado por “falta de méritos”. La academia que dirige representa a un pequeño grupo de derecha católica y desde allí emitió dictámenes en contra del matrimonio igualitario, pidió que el Estado argentino no reconozca la competencia de la Cedaw, órgano creado por la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, por su reclamo a favor de la despenalización del aborto.
Consultado sobre este pedido de plenario, el propio autor de la ley, el ex diputado Leonardo Gorbacz recordó: “Hace un mes hubo una audiencia de la Comisión de Salud en la que se escucharon perspectivas a favor y en contra”. El senador Eric Calcagno agregó algunos invitados para hoy, Andrea Pochak y Laura Sobredo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); los psiquiatras Eduardo Grande y Vicente Gali, y la jueza María Silvia Villaverde. Gorbacz advirtió ayer, como ya lo hizo la Corte Suprema, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen contra quienes ingresan al sistema de internación compulsiva, bajo las leyes actuales.
Visualizar nota