La Nación, 10 de abril de 2019
Las esperas de los trámites judiciales de adopción , que duran varios años, son hoy tan largas como hace por lo menos dos décadas. Los deseos de formar una familia se convierten en muchos casos en un proyecto de largo plazo -debido a las incontables trabas burocráticas- tanto para adultos que desean adoptar un niño como para los menores que desean salir de los hogares de tránsito.
Ante esta problemática, el Ministerio Público Titular (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires realizó un informe basado en cifras representativas de todo el país con el objetivo de identificar las causas y proponer cambios en las normas. Yael Bendel, asesora general tutelar del ente, informó a LA NACION: "Decidimos hacer este estudio para acortar las permanencias de los chicos en las instituciones".
Los resultados del estudio demuestran que no hay cruzamiento entre la cantidad de niños en situación de adoptabilidad y los adultos que desean la tutela según los rangos de edad. En la actualidad, hay 4580 legajos de aspirantes inscriptos vigentes y sólo 2731 niños, de los 9096 que fueron separados de su núcleo familiar, están en situación de ser adoptados.
Sin embargo, el principal problema radica en que el 70% de los menores tienen entre 6 y 17 años mientras que sólo el 1% de los postulantes adultos los adoptaría hasta doce años. Los niños que podrían ser dados en adopción antes de los cinco años representan el 30%. Al respecto, Bendel señaló: "Prácticamente no hay bebés. El tiempo de espera de estos registros dura un montón de años".
Uno de los indicadores más llamativos del análisis muestra que sólo el 16% de los aspirantes adoptaría a un menor con alguna discapacidad y/o enfermedad permanente. En cuanto a la cantidad de menores a adoptar, el 30% de las familias estaría disponible a recibir hasta dos hermanos y el 20% hasta tres. Esto conlleva a que las oportunidades de adopción se acoten para los que desean ser padres. "Los chicos siempre quieren una familia, pero no es bueno separarlos de sus hermanos", comunicó Bendel.
Las falencias del sistema de protección integral identificadas por el MPT son varias. Según indicó Bendel, la Justicia no contempla plazos especiales para las resoluciones de los niños en tránsito. "Los casos de adopción se tratan en la Cámara Civil y Comercial con los tiempos ordinarios de cualquier otro tipo de juicio", expresó.
A su vez, un niño separado de su núcleo familiar original es observado por el organismo de protección durante 180 días para definir si puede ser revinculado. En caso negativo, un juez puede ordenar hasta dentro de los 90 días siguientes su situación de adoptabilidad. Estas prolongaciones temporales conllevan a que muchos adultos -que no son notificados de las distintas etapas de la causa- pidan la nulidad.
Previo a la inscripción, los adultos postulantes deben realizar los talleres y las evaluaciones que tardan entre seis y doce meses. Pero durante los procesos de guarda, que abarca los primeros seis meses de la adopción, no cuentan con acompañamiento profesional, por lo que algunos menores son restituidos a los hogares por los mayores, según señaló la funcionaria.
Otros de los principales agravantes en la asignación de hogares, es la falta de sistemas informáticos comunes y de trabajo conjunto entre entre los juzgados de familia y los órganos de protección. Sin embargo, los costos en ningún caso deben ser un impedimento, ya que los trámites son gratuitos."Si alguien cobrar por los trámites es ilegal", aclaró Bendel.
La problemática mundial
Argentina no es el único país al que le resulta difícil balancear la cantidad de niños a ser adoptados por padres que lo desean. Así pudo cerciorar también el Ministerio porteño. "Hicimos un relevamiento de varios países del mundo y la situación es similar, principalmente por la voluntad del adoptante en relación al niño en situación de adoptabilidad", indicó Bendel.
El problema se repite desde Estados Unidos, hasta Europa y Asia. En determinados países, como Haití o Rusia, hay excepciones debido a causas bélicas o climáticas que incrementan la cantidad de huérfanos. "Allá hay más chicos para ser adoptados que mayores para tutelar, por eso muchos se van afuera a adoptar", opinó Bendel.
La asesora explicó al respecto que aunque en Argentina la adopción internacional no está permitida, mucha gente obtiene a través de gestores la sentencia de descendencia en el exterior. Esos trámites no resultan más sencillos o más rápidos en tales casos, porque además deben convalidarse en este país.
"Lo que tiene de riesgoso es que muchos chicos que han sido adoptados en el extranjero quieren ser devueltos. Al no haber convenios internacionales a los que suscriba Argentina, es más difícil ponerse en contacto con el país de origen para verificar con el organismo de control a donde deben regresar", agregó Bendel.
Consciente de que en el país aún existen casos de entrega directa de menores, es decir, adopciones no registradas, Bendel concluyó: "Eso es ilegal. Eso es una apropiación. Es un delito, porque está prohibido. En caso de detectarse, la postura judicial es retirar al niño de las personas que lo adoptaron, aunque sea una situación muy dolorosa".
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