Página/12, 01 de marzo de 2010
Por Soledad Vallejos
Tras el rechazo de la Cámara al pedido de aborto, la familia de la nena violada por su padrastro irá a la Corte Suprema provincial.
Esta semana la Justicia de Chubut tendrá una nueva oportunidad de terminar con el padecimiento de la adolescente A.G. En la mañana, la abogada Sandra Grilli presentará ante la Cámara de Apelaciones, que la semana pasada rechazó interrumpir el embarazo producto de la violación del padrastro de la chica, un recurso de Casación, para que la causa llegue a la máxima instancia de la justicia provincial. “Es el paso para acceder a la última instancia procesal que tendríamos en la provincia para apelar –explicó la abogada a este diario–, el Superior Tribunal de Justicia.”
De ser aceptado el recurso, el Superior debería expedirse prontamente, habida cuenta de la urgencia: la jovencita ronda las 16 semanas de gestación. Al iniciarse la causa, según consta en el expediente, el producto de la violación tenía 12 semanas. El proceso moroso que la causa sufrió en primera instancia, durante su trámite en el Juzgado de Familia Nº3, a cargo de Verónica Roberts, es responsable en parte de haber convertido en desesperante una situación urgente, al parecer de la abogada, quien señala que, en cambio, la Cámara de Apelaciones resolvió en dos días la presentación, para evitar dilaciones.
“Una vez que sea admitido el recurso, hay dos días para que llegue al Superior, que habitualmente tiene 30 días para resolver, aunque en este caso se pide mayor celeridad” mediante argumentos técnicos que aplican por la situación particular de A.G., explicó Grilli. La expectativa de la familia es que el STJ habilite la interrupción del embarazo. En caso de que eso no suceda, la abogada procurará llegar a la Corte Suprema de la Nación.
Aunque la jueza Roberts, en primera instancia, rechazara el pedido de interrumpir el embarazo, los votos de la Sala A de la Cámara de Apelaciones no fueron por unanimidad. Los jueces Julio Antonio Alexandre y Fernando Nahuelacan privilegiaron la protección del feto engendrado por la violación; pero la jueza Nélida Susana Melero votó a favor de interrumpir el embarazo. En su voto, recordó que la madre y los hermanos de A.G. apoyan la decisión de la chica, porque “es la mejor alternativa para la traumática situación vivida”, además de tener “intenso temor de que A.G. atente contra su vida y en algunos casos la certeza de que esto sucederá, de obligarla a seguir”. La jueza también escuchó que quienes comparten la cotidianeidad de A.G. “la ven decaer, no quiere salir, no tiene ánimos para levantarse, no come”.
En la causa constan también las evaluaciones que un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud hizo del estado de A.G. Dos psicólogas dan cuenta “de que se trata de una adolescente con desarrollo evolutivo normal sin indicios de patología psicológica de base, con capacidad para establecer vínculos y con excelente rendimiento escolar. Su actitud al momento de la entrevista denota depresión. Mantiene estable la decisión de no llevar adelante el embarazo que manifestó cuando todavía no había sido confirmado. Dijeron que el embarazo es vivido como un evento extraño, invasivo, incompatible con su universo de posibilidades, resultándole intolerable calificar como hijo a quien sería hijo del padre de sus hermanos, hijo del marido de su madre”.
Las profesionales manifestaron que “en el presente caso la continuidad del embarazo contra la voluntad de la adolescente implica grave riesgo para su integridad psicofísica, incluido riesgo de vida”.
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