Página/12, 02 de marzo de 2010
Por Soledad Vallejos
El caso de A.G., la nena de 15 años embarazada como consecuencia de una violación y que reclama el derecho a un aborto, llegó al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, la máxima instancia judicial de esa provincia. El recurso de casación interpuesto en la mañana de ayer por la abogada Sandra Grilli había sido aceptado al promediar la tarde. Así se abrió una nueva oportunidad para que el Estado garantice el derecho de la adolescente, abusada por su padrastro, a fuerza de referir la argumentación ideológica, y no jurídica, que sustentó la decisión de la Sala A de la Cámara de Apelaciones a la hora de negar la interrupción del embarazo.
Mientras la jueza Nélida Susana Melero se había inclinado por otorgar a la chica el acceso a la intervención, los jueces Julio Antonio Alexandre y Fernando Nahuelanca optaron por “proteger el derecho a la vida” del producto de la violación.
En esta nueva chance, los tiempos del proceso que acaba de abrirse son flexibles y dependen de la celeridad del trámite judicial y las voluntades de quienes integran la Sala Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Rural y Minería del Superior Tribunal de Justicia, todos ellos varones: Fernando S. Luis Royer, Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti.
“Los argumentos de los jueces que votaron en contra son tremendamente ideológicos, no interpretan (el caso) a la luz de las convenciones internacionales”, señaló a este diario la abogada Grilli.
La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de A.G. “no obstante tener por acreditado el daño y afectación a la salud psíquica de la adolescente y el efecto traumático que provocó el abuso reiterado y la violación y la profundización del mismo con el embarazo no deseado”, señala el recurso. Aún más: la negativa reconoce aquellos daños y aun así obliga a la joven a continuar con la gestación, sin siquiera evaluar “el daño psíquico y físico derivados de la continuación del embarazo y alumbramiento”, dos cuestiones sobre las cuales “tampoco hay informe alguno”. La indicación de que A.G. continúe cargando con el producto de la violación se hace en nombre de la preservación del derecho a la vida, continúa el recurso, pero la resolución no justifica en qué beneficia a la niña “la preservación compulsiva de la vida del feto”.
La resolución de la Cámara de Apelaciones se conoció en la noche del jueves pasado. Mientras que la jueza Melero se volcó a favor del pedido de A.G., los otros dos jueces convalidaron la negativa dada en primera instancia por la jueza de Familia Nº 3, Verónica Roberts. Las razones de Grilli ante esos argumentos no parecen antojadizas, a la luz del expediente, al que este diario tuvo acceso.
El juez Alexandre, por ejemplo, justificó su negativa en “un principio inconmovible” según el cual “la vida antecede a cualquier derecho”. De esa base infiere que el pedido de interrupción del embarazo de A.G. pone a los jueces “en situación de decidir, de considerarse viable la petición, de dar razón al privilegio de la vida de una menor (por A.G.) sobre la otra (nasciturus) que no tenido oportunidad de optar por ser o no ser (en referencia al no nacido)”.
En ese mismo voto no se tiene en cuenta que la adolescente violada haya declarado más de una vez que de convertirse en madre como consecuencia de la violación de su padrastro supone sufrimiento para ella. “Una mera exclamación de disgusto o frustración no autoriza a presumir un desenlace dramático”, dicen los jueces.
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