Página 12, 25 de junio de 2010
Expertos de diversas áreas participaron en la apertura de las Jornadas Internacionales sobre Salud Mental, Familia y Adicciones. El tema central fueron las omisiones en derechos humanos, como la de la figura de “usuario de drogas”, que es penalizada.
Por Emilio Ruchansky
Si algo resultó revelador ayer en la charla inaugural de las Jornadas Internacionales sobre Salud Mental, Familia y Adicciones fue la importancia de las transgresiones a los derechos humanos por omisión. Sobre este tema disertó Itzhak Levav, asesor en la materia del Ministerio de Salud israelí, quien informó que en diez provincias argentinas se dedica sólo el 3 por ciento del presupuesto para el área de salud mental. En la carga de enfermedades, este porcentaje debería triplicarse según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, coorganizadora de la jornada realizada en la Facultad de Derecho de la UBA. Y hay otra omisión, la categoría de “usuario de drogas”, distinta de la de consumidor problemático: menos del 5 por ciento de los pedidos de internación vía judicial corresponden a casos de dependencia a una o más sustancias.
En las mesas de debate en el Salón Azul de la facultad se reflexionó sobre “Internaciones y derechos humanos” y “Etica y política de salud”. El punto de partida fueron tres fallos de la actual Corte Suprema de la Nación: R.M.J., Tufano, y Arriola. Los dos primeros versan sobre los derechos de las personas internadas coactivamente por problemas de salud mental, el último es el que declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal en agosto del año pasado.
“El Derecho Civil sigue gobernando la vida de personas con problemas mentales, que necesitan ayuda médica y cuyos derechos humanos son violados constantemente porque no son culpables de delitos, pero se los encierra hasta que demuestren estar sanos”, explicó la decana de la facultad, Mónica Pinto. Luego criticó el modelo tutelar judicial porque “muchas veces, cuando se trata de personas en un estado de vulnerabilidad, esto deriva en la medicalización de los problemas sociales”.
A su lado estaba un representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, Antonio Pagés, quien resaltó “el derecho a la inclusión social de la persona” que tiene problemas mentales o de adicciones. Para este representante, existe “un vacío importante” a nivel político, cultural y científico “sobre los factores sociales y ambientales que determinan gran parte de la salud mental de las personas”. Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas sobre Drogas, criticó la visión que considera al usuario de drogas como un “adicto-traficante” y pidió encarar un “modelo social” en el abordaje de estas cuestiones “abandonando definitivamente el modelo tutelar”.
Este último modelo es el que nutre al sistema médico privado y público de miles de personas que al ser condenadas por delitos de tenencia de drogas para uso personal y tenencia simple cambian la pena por una “medida curativa”. “Estos temas no pueden estar en el campo del derecho penal”, señaló Cuñarro y expuso pericias del 2006 relacionadas del Cuerpo Médico Forense. “De allí surge que es mayor la cantidad de gente que luego del tamiz judicial y pericial es normal o no es peligroso o no es adicto, siendo que la mayor cantidad de personas presenta trastornos que no necesitan internación”, dijo.
Marisa Herrera, profesora de la Facultad de Derecho, investigó el tema junto a Cuñarro y a Luz Pagano, leyó las cifras extraídas de la Justicia nacional en lo Civil y la Justicia federal en la ciudad de Buenos Aires. Hubo 7111 personas en 2009 con pedido judicial de internación psiquiátrica, casi 200 por uso de drogas y 618 por insania. Menos del 5 por ciento tenía problemas que ameritaban internación. “El 95 por ciento de las 1800 personas que fueron al Hospital Fernández fue acompañado o concurrió voluntariamente, desmitificando la importancia de la norma penal para llevar al supuesto adicto a tratamiento”, dijo Herrera, quien concluyó: “Se trata una vez más de acortar la brecha entre derecho y realidad”.
A casi dos décadas de la Conferencia para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica, Itzhak Levav recordó los pilares que dejó “este hito” en la región: los aspectos vinculados con la salud mental, la legislación y los derechos humanos. “No hay profesional que quiera que el servicio a su comunidad esté teñido de violaciones a los derechos humanos”, dijo Levav y agregó: “Debido a los abogados y a merced de la acción valiente de usuarios, familiares y los actores sociales comprometidos con la salud mental, con el tiempo desaparecerán las prácticas delincuentes”.
Luego hizo una digresión. Habló sobre la ley de salud mental, cuya aprobación queda pendiente en el Senado, y comentó que había un enfrentamiento entre “dos grupos profesionales” del campo de la psicología y psiquiatría. “Un grupo sostenía que las violaciones ocurren y por lo tanto son necesarias las proscripciones en la ley, mientras que el otro grupo negaba que existieran y asumía ingenuamente que las prácticas no requerían vigilancia”, detalló y pidió la sanción de esa ley.
Además de las transgresiones por comisión, como aceptar internar a alguien que no precisa ser internado, el especialista mencionó las transgresiones por omisión “que afectan a colectivos aún más grandes”. Dio un ejemplo, referido a la falta de inversión en la rehabilitación psicosocial para problemas mentales o de adicciones: “Imagínense alguien que tuvo una fractura y necesitó cirugía, o sólo yeso. Concluidas estas intervenciones médicas sería considerado por los abogados como mala práctica toda vez que el paciente no obtuviera acceso a la fisioterapia”.
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