UBA On Line, 6 de julio de 2010
Fue firmado por el rector Hallu y la titular del organismo de la Ciudad, Laura Musa, con, entre otros, propósitos, favorecer la ejecución de programas para mejorar la protección y defensa de los derechos humanos, individuales y sociales de niños y adolescentes, intercambiando información y personal idóneo.
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ruben Hallu, y la titular de la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires, Laura Cristina Musa, acordaron firmar un convenio por el cual, ambas partes concertarán acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental.
En la audiencia celebrada en la sala de reuniones del Rectorado, Viamonte 444, primer piso, Hallu estaba acompañado por el secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Oscar García, y por el subsecretario de Extensión, Juan Seda, en tanto Laura Musa era asistida por el secretario general de Política Institucional de la Asesoría, Ernesto Blanck.
El rector de la UBA y la asesora del Ministerio Público, coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para la atención de los sectores más carenciados de la "media luna" sur de la ciudad, donde la Asesoría posee tres oficinas enclavadas estratégicamente en las zonas de Boca-Barracas, Villa Soldati y Mataderos, y para las cuales Musa demandó la colaboración de la UBA en la atención de problemas específicos.
El rector Hallu ofreció para ello, entre otras posibilidades, la experiencia de lo que realiza la UBA en Soldati, independientemente de informar a la visita sobre el voluntariado universitario y el Programa Prácticas Sociales Educativas creado con el propósito de hacer realidad la función social de la Universidad, poniendo al servicio de todos, los saberes que produce y enseña y que, sería de gran provecho para la labor que desarrolla la Asesoría.
Por el convenio firmado, la Universidad de Buenos Aires y la Asesoría General Tutelar acuerdan el desarrollo de programas de formación profesional y atención comunitaria, que permitan satisfacer las demandas generadas por la comunidad, comprendiendo la participación de los actores sociales en su gestión.
Además, se impulsarán e implementarán en forma conjunta, programas tendientes a mejorar la protección y defensa de los derechos humanos, individuales y sociales de niñas, niños y adolescentes y de las personas que padecen afecciones en su salud mental, tareas para las cuales las partes colaborarán en proyectos que tengan en ejecución, intercambiando información y personal idóneo.
Ambas instituciones se comprometen a difundir todas las actividades que realicen de manera individual y/o conjunta, e instrumentar las políticas tenientes al mejor logro de los objetivos propuestos.
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