Tiempo Argentino, 8 de abril de 2011
Piden la renuncia de la directora del Consejo de Derechos de Niños
Los trabajadores del organismo lo resolvieron ayer en una asamblea y convocaron a un paro para el miércoles. Beatriz Orlowski es cuestionada por los manejos en el organismo. La acusan de falta de respuesta a los planteos.
Una asamblea de trabajadores del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pidió ayer la renuncia de la presidenta del Consejo, Beatriz Orlowski, “por la ineficiencia de la gestión, por incumplimiento de las leyes de Protección Integral de Derechos de la Niñez y por la falta de respuestas a los planteos”, a la vez que anunciaron un paro y movilización para el miércoles próximo. Ese día realizarán una conferencia de prensa en la Legislatura, donde denunciarán la situación de emergencia que atraviesa el Consejo.
Las denuncias de los trabajadores son varias. Hablan de escaso presupuesto, salarios pauperizados, rotación de personal, malas condiciones edilicias para la atención de casos, tercerización de servicios, decisiones unilaterales y arbitrarias, irracional administración de fondos, desconocimiento de instancias institucionales previstas por ley e inadecuación tecnológica en servicios como la línea 102. La lista podría continuar con la suspensión de talleres sobre salud sexual y género, o con la ineficiencia en el tratamiento de las adicciones.
Además, durante esta semana surgió el episodio del sitio web Veo Veo donde estaban las recomendaciones para “combatir la mala onda” y llevar adelante una alimentación en base a “fresas y queso cheddar” y luego se quitaron. Pero ese gesto “tragicómico”, como lo catalogaron los empleados del organismo, es sólo la punta del iceberg de una de las más graves crisis institucionales de ese organismo.
El Consejo fue creado en el año 2000 para dar cumplimiento a la Ley 114 de protección integral de la infancia, una norma pionera en el ámbito de la ciudad. El objetivo era remplazar al viejo Patronato de Menores, caracterizado por la judicialización y criminalización de los niños pobres, con un sistema basado en la protección a través de una Red de defensorías barriales y un sistema de emergencia, compuesto por la línea telefónica 102, la Guardia jurídica de abogados y el Centro de Atención transitoria.
Pero su rol como ente autárquico consiste en la elaboración y el diseño de un “Plan transversal” que trace políticas públicas para la niñez y adolescencia, al que deben acatar el resto de las instituciones del Estado. En este sentido, una de sus principales ventajas es contar con el “recurso de exigibilidad”, mediante el cual el Consejo puede presionar a los ministerios para el cumplimiento de una demanda.
“La presidenta del Consejo es más importante que un ministro, porque es el espacio para diseñar, fijar y ordenar una política pública. Pero desde hace algunos años fue cediendo su autarquía, la resignó por comodidad institucional, y este año ni siquiera hay un plan. Tal como lo quería el PRO, funciona como un nexo del Ministerio de Desarrollo Social, con quien debería articular, pero manteniendo las diferencias. El Consejo está en crisis por un problema de sentido”, argumenta Laura Musa, Asesora General Tutelar (AGT)
La AGT es una de las instituciones que conforma el plenario donde se debate y aprueba el plan transversal, y del que participan también legisladores, secretarios de cada ámbito de gobierno y organizaciones sociales. A pesar de que, por ley, debe juntarse cada dos meses, la presidenta del organismo Beatriz Orlowski de Amadeo no está convocando a reuniones y cuando se realizan, no cuenta con la presencia ni la rendición de cuentas de los subsecretarios.
Con ese panorama, asesores de los legisladores Maria Elena Naddeo, Laura Garcia Tuñón, María Jose Lubertino, Diana Maffía, Aníbal Ibarra y Ruben Campos, realizaron para la elabroración de un proyecto de ley un relevamiento donde se refleja un colapso en equipos y programas.
Allí relatan que la Guardia permanente de abogados contaba en 2005 y 2006 con ocho profesionales con apoyatura técnica especializada en violencia. Cinco años después y a pesar del aumento de consultas por la aplicación de la ley nacional 26.061 y la transferencia de competencias penales, se mantuvo la cantidad de profesionales y sus honorarios, e idéntica situación sufre el dispositivo de intervenciones especiales.
“La situación del Consejo es alarmante. Las Defensorías de zona sur atienden entre 3000 y 3200 casos por mes, y es imposible hacer acompañamientos o presentaciones exigiendo el cumplimiento de tanta demanda”, agrega María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo.
Los trabajadores del organismo hablan además de condiciones de atención paupérrimas. “Hay oportunidades en las que debemos atender casos de abusos sexuales en el hall de entrada. No hay consultorios con respeto a la privacidad. Estas situaciones se terminan naturalizando, pero es una violación permanente de los derechos de los niños”, explicaron a Tiempo Argentino.
Las críticas al funcionamiento de la institución también llegaron del lado de los sindicatos. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que por el mal funcionamiento de la línea 102, las consultas que habitualmente rondan los 6000 por año tuvieron una reducción del 60% en 2010.
Por todas estas razones, legisladores de la oposición presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia de los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
En el pedido se exige, entre otras cosas, la incorporación de profesionales y operadores sociales, honorarios no menores a los de una guardia hospitalaria, la creación de un Fondo de Emergencia y la obligación de que la Dirección general de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social reserve un cupo de vacantes en todos sus servicios, programas y hogares para dar respuesta a las solicitudes del Consejo.
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