La Nación, 7 de octubre de 2009
Según un informe de la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, se le suministra psicotrópicos al 40 por ciento de los 1329 menores internados en 98 institutos privados y uno estatal de la Capital. En ese escrito se informa que el 87,5% de los chicos está bajo tratamiento psicológico y que el 75% recibe atención psiquiátrica.
Los datos, presentados ayer en la Legislatura porteña por la asesora general tutelar de la ciudad, Laura Musa, fueron revelados por el noveno informe de gestión de la AGT, el ente del Poder Judicial local que reúne a todos los fiscales tutelares que tienen como objetivo la defensa de los menores en condiciones vulnerables.
El informe, llamado "Niñez, adolescencia y salud mental en la ciudad de Buenos Aires", se basa en datos judiciales acumulados de los procesos en la Capital.
Según lo que se suscribe en el informe, en los últimos tres años se sumaron 700 chicos a los 600 que ya estaban institucionalizados y que dependían del gobierno nacional. Ahora son 1329 bajo la tutela del Estado porteño y, hasta septiembre de este año, sólo habían egresado 111, una tasa muy baja que confirma la denuncia de los fiscales.
De las 99 instituciones, hay cuatro paradores para chicos en situación de calle, 31 convivenciales y 64 centros de atención especial, una cifra compuesta por 26 hogares terapéuticos, cuatro de atención en salud mental, 17 para niños con capacidades diferentes y 17 comunidades terapéuticas para el abordaje de adicciones. Sólo una pertenece al Estado porteño, y del total, el 61% está destinada a la atención especial, psiquiátrica y terapéutica.
"Esto significa que la mayoría de los institutos se dedica a controlar a los chicos y no a reinsertarlos, o, al menos, a evitar que vuelvan a la situación que los dejó al borde de la institucionalización. En lugar de tener una política que se preocupe por los lazos familiares, hay una focalizada en internar a los chicos, algo que tiene que ser la última alternativa", dijo Musa a LA NACION.
Además, señaló la coincidencia sobre "la alarma general de los especialistas en minoridad en cuanto a la gran cantidad de chicos que hay internados". Musa fue crítica sobre esta situación: "Más de la mitad del presupuesto es para la internación de los menores y no para la prevención. Si el Estado interviene, debería ser para contribuir a que las familias puedan ingresar al sistema de servicios públicos".
Hasta el mes pasado, la AGT sólo ha podido controlar a 65 de estos institutos, porque el resto le negó el ingreso, según el informe.
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