A pesar de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó un adecuado Régimen Penal Juvenil –Ley 2.451– las personas menores de 18 años en conflicto con la ley continúan a merced de procesos judiciales caracterizados por la ausencia de la garantía constitucional que plantea la obligación de que existan órganos jurisdiccionales preparados para dar cabal cumplimiento a la reglamentación vigente.
¿De qué sirve un marco normativo acorde a los tratados internacionales y a la propia Constitución si en la práctica se procede de forma opuesta? Esta problemática fue debatida en noviembre de 2011 por distintos actores con un reclamo en común: lograr la firme vigencia y puesta en marcha de un sistema de Justicia penal juvenil especializado en el ámbito de la Ciudad.
Jun 2013
