Avances a favor de los derechos de los niños en relación a las denuncias presentadas a la institución Nuestra Señora de Luján
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2013.
A raíz de la medida cautelar dictada en el mes de abril mediante la cual se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suspensión de ingresos a las diferentes sedes del Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján y la externación y reubicación de los aún alojados, la Asesoría General Tutelar comunicó a los Superiores Tribunales y a los Gobernadores de todas las provincias argentinas dicha resolución a fin de que adopten las medidas pertinentes en relación a las personas allí alojadas –menores o mayores de edad- por disposición judicial en causas que tramitarían en el Poder Judicial provincial y con intervención de funcionarios provinciales .
En respuesta a dicho requerimiento, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó la resolución SDH nº 190/13, mediante la cual dispone: “Cúrsese circular a las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial de los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, para su conocimiento, efectos y difusión entre los organismos de su mismos fueros y jurisdicción, incluyendo a los descentralizados, a cuyo fin líbrese oficio con adjunción de copias pertinentes”.
La decisión del Presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires configura sin lugar a dudas un importante avance en pos de garantizar los derechos de la población que allí se aloja, hasta el momento no individualizada por falta de acceso a dicha información, pero procedente de diferentes provincias de nuestro país. Ello permitirá que desde los juzgados, ministerios públicos y áreas de gobierno bonaerenses se proceda a la revisión de las causas en las cuales se ha dispuesto el ingreso de un niño, niña, adolescente o persona adulta a cualquiera de las sedes de la Institución de Psicopatología Nuestra Señora de Luján y se adopten las medidas tendientes a preservar la integridad y la vida de las mismas.
La Asesora General Tutelar, Laura Musa, y la Asesora Tutelar de Primera Instancia en el fuero CAyT Nº 1, Mabel López Oliva, habían presentado la acción de amparo colectivo el 18 de febrero de 2013 con el fin de que el Gobierno de la Ciudad cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la protección y cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y jóvenes que viven actual o potencialmente en el Instituto mencionado a través de una beca de alojamiento, asistencia por la cual el GCBA paga mensualmente un bono conforme el convenio suscripto. Este convenio era para la atención de personas afectadas en su salud mental en los distintos dispositivos que este instituto poseía: New Life, Clínica, Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día-Hogar Escuela.
Este Ministerio Público Tutelar, así como diversos organismos de control (Registro de ONG`s del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuroquisiquiátrico de la Defensoría General de la Nación, Dirección General de Salud Mental de la Nación) habían constatado en los mencionados dispositivos irregularidades sistemáticas y de extrema gravedad que afectan derechos y garantías consagrados en el ordenamiento jurídico local, nacional y que son vulneratorias de los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Consideramos que en los dispositivos de la Institución Nuestra Señora de Lujan se violan los Derechos Humanos fundamentales de los Niños, Niñas, Adolescentes y de Personas afectadas en su salud mental allí alojadas, incumpliendo con los compromisos normativos asumidos por nuestro país en la temática.