Catamarca: solicitan que se implemente la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
Con la participación de más de 150 profesionales que desde distintos ámbitos se abocan a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se realizaron los días 27 y 28 de octubre en la Ciudad de Catamarca las Jornadas Derechos Humanos e Infancia, co-organizadas por la Procuración General de esa Provincia y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.
Integrantes del equipo de trabajo de la Asesoría General Tutelar, a cargo de la Dra. Laura Musa, disertaron en estas jornadas de reflexión e intercambio sobre los desafíos para la plena implementación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La presencia de legisladores, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de funcionarios de la Secretaría de Infancia y Adolescencia, puso de manifiesto el trabajo que están llevando adelante los diferentes órganos estatales de la provincia de Catamarca para diseñar y poner en funcionamiento una institucionalidad acorde a la normativa vigente en materia de derechos humanos de la niñez.
“Estamos ante una oportunidad para poner en marcha el sistema de protección integral de derechos”, afirmó el Dr. Enrique Lilljedhal, Procurador General de la Provincia.
Por su parte la Dra. Musa destacó que “no hay obstáculo capaz de impedir la plena aplicación de la Ley 26.061 que, en tanto ley de orden público, es de aplicación obligatoria, y debe constituir un piso mínimo de derechos y garantías que debe regir en todo el territorio nacional”. Agregó que “es inadmisible que la condición jurídica de las personas menores de edad difiera de acuerdo a la normativa de cada provincia”.
Algunos de los temas expuestos en el evento fueron: las características principales de un sistema de protección integral y los diferentes roles y funciones de los organismos que lo integran; la experiencia del proceso de implementación de este sistema en distintas provincias del país; las particularidades de las medidas administrativas de protección excepcional y el rol que ante ellas asume el poder judicial; la necesidad de dar impulso a una ley de responsabilidad penal juvenil; el control de internación de niños, niñas y adolescentes afectados en su salud mental en el marco de la Ley 25.657, las acciones de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y la experiencia que sobre el tema ha recabado en los últimos años la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.