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InicioImplementación de la figura del Abogado del Niño
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Implementación de la figura del Abogado del Niño

Implementación de la figura del Abogado del Niño

03 Dic , 13

Desde el inicio de la actual gestión, la Asesoría General Tutelar impulsó diversas acciones y estrategias tendientes a garantizar la defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera fuese su edad, de acuerdo con el principio del debido proceso legal que el modelo de la protección integral de derechos reconoce para las personas menores de edad. 

Dentro de este marco, durante 2010 comenzaron a realizarse diversas reuniones con distintos actores institucionales y a trabajar en un proyecto de implementación de la figura del abogado del niño en el ámbito de la CABA. Como resultado de las acciones de reflexión y debate, se creó el Equipo Público de Abogados/as de Niños, Niñas y Adolescentes, un cuerpo de letrados/as independiente, con capacitación permanente, y con la misión de seguir de modo absoluto la voluntad del niño.

Los objetivos centrales planteados por la AGT a partir de la iniciativa de creación del Equipo Público de Abogados/as del Niño consistieron en ampliar la cantidad de niños, niñas y adolescentes con el derecho de defensa técnica garantizado, y generar jurisprudencia favorable a la admisión de la figura; lograr el reconocimiento de la calidad procesal de parte para los niños, niñas y adolescentes; resaltar omisiones al debido proceso legal en la medida excepcional de separación familiar y en la internación por razones de salud mental; y garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar.

La intervención del Equipo Público redundó en el patrocino gratuito de 302 niños, niñas y adolescentes: 128 institucionalizados por medidas de separación familiar; y 58 internados por razones de salud mental -en ambos casos, en sede judicial. Asimismo, patrocinó a 116 niños/as en sede administrativa. El patrocinio en sede administrativa, ante las defensorías zonales, adquiere gran trascendencia pues en muchas situaciones obtiene de políticas públicas los recursos necesarios para evitar el dictado de una medida excepcional o lograr la restitución familiar.

Asimismo, la AGT ha desarrollado diversas y múltiples acciones de capacitación e intercambio para abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes, tanto de modo previo como posterior a la creación del Equipo Público. El objetivo de estas actividades fue ampliar el número de abogados especializados para asumir una defensa eficaz de las personas menores de edad. 

A nivel nacional, este Ministerio ha mantenido una activa participación en el marco del proceso de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, tanto a través de la exposición en las audiencias públicas realizadas en el Senado de la Nación, como también mediante la presentación de recomendaciones técnicas a la Comisión Bicameral, en el tema relativo al derecho del niño, niña y adolescente al patrocinio letrado. 

A nivel local, en conjunto con diversos abogados y asociaciones que litigan en defensa de los derechos de niñas/os y con diputados de diversas pertenencias partidarias, la AGT elaboró un proyecto de creación de un Registro de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes. Uno de los objetivos del proyecto fue facilitar el acceso a un abogado, sea directamente por pedido del niño o de sus familiares o de oficio a pedido de los funcionarios administrativos y judiciales; así como garantizar la idoneidad de los abogados inscriptos, en primer lugar, a través del análisis riguroso de sus antecedentes y, en segundo lugar, a través del ofrecimiento de cursos y seminarios de capacitación permanentes.

Principales logros

Participación del niño o la niña en calidad de parte procesal. 

Reconocimiento como sujetos de derechos y consecuentemente como verdadera parte procesal en los expedientes judiciales que los afectan en igualdad absoluta de condiciones con las otras partes, lo que les permite ofrecer y controlar prueba, apelar las resoluciones contrarias a sus intereses, ser citados a las audiencias y ser notificados mediante cédulas de las resoluciones judiciales que los afectan.

Debido proceso legal para la procedencia de la medida excepcional de separación familiar.

En algunos casos se han revertido institucionalizaciones de carácter ilegal por tratarse de medidas que no habían agotado la aplicación de las medidas de protección integral de derechos tendientes a evitar la separación, o bien por tratarse de institucionalizaciones que no contaban con medida formal adoptada.

Egreso con el grupo familiar.

Se logró que 25 niños, niñas y adolescentes fueran restituidos a su medio familiar, garantizando su derecho a la identidad e interpelando a la política pública para que desarrollara rápidas y eficaces estrategias de egreso.

Convivencia de los grupos de hermanos/as.

Se consiguió evitar la separación de hermanos y hermanas institucionalizados/as y el respeto de su centro de vida, obteniendo su traslado a un mismo establecimiento o bien a instituciones cercanas entre sí y a su vez a su barrio de origen, facilitando la vinculación familiar.

Externación de niños, niñas y adolescentes internados/as por razones de salud mental.

Del total de niños, niñas y adolescentes patrocinados por el Equipo Público de Abogados de la AGT a consecuencia de su internación por motivos de salud mental, un 92% ha sido externado y continúa con un tratamiento ambulatorio en un dispositivo de Salud. Mediante el ejercicio de su derecho de defensa se logró el control de la legalidad de cada internación, de forma tal que sean respetadas las garantías legales y la obtención de recursos de políticas públicas, tendientes a lograr la externación.

Aportes a la especialización para una defensa eficaz de las personas menores de edad.

La AGT impulsó diversas acciones tendientes a facilitar el ejercicio del derecho de defensa de las personas menores de edad: espacios de capacitación e intercambio para abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes; elaboración, junto con otros actores institucionales, de un proyecto de ley que crea un registro especializado de abogados/as de niños y niñas; desarrollo de un manual de buenas prácticas para el ejercicio de la profesión, etc.