La Asesoría General Tutelar presentó una tercera acción de amparo por psiquiatrización de la pobreza
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio 2010
Por tercera vez en el transcurso de 10 meses, el día 3 de junio de 2010 la Asesora General Tutelar, Dra. Laura Musa, conjuntamente con el Asesor Tutelar de Primera Instancia Juan Carlos Toselli, presentaron ante la justicia una acción de amparo a favor de niños que, contando con alta médica de internación, se encuentran sometidos a una internación psiquiátrica a puertas cerradas.
En este caso se trata de un grupo de 7 niños internados en el Hospital Tobar García y en el Torcuato Alvear, como consecuencia de la falta de recursos económicos y sociales que posibiliten su externación y un tratamiento ambulatorio adecuado.
La finalidad de la acción es que se ordene judicialmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumpla con su obligación de brindar la debida atención a la salud mental de estos niños, suministrando recurso alternativos que resulten adecuado a su situación: acompañamiento ambulatoria, hospitales de día, casas de medio camino y hogares terapéuticos, programas que permitan la convivencia de los chicos en sus familias, con un acompañamiento especializado, etc.
La acción se radicó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº1, que el día 10 de junio dictó una medida cautelar obligando al Gobierno de la Ciudad Autónoma a que en el plazo de 5 días “se arbitren las medidas necesarias para garantizar el acceso a un recurso adecuado y acorde a sus necesidades”. Pese a esta orden judicial, al día de la fecha todavía continúan internados 4 de los niños.
Esta acción de amparo se suma a otras dos impulsadas ante situaciones de naturaleza análoga en los meses de septiembre de 2009 y abril de 2010, y al Habeas Corpus impulsado por el Asesor Tutelar de Primera Instancia ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Carlos Bigalli, a favor de todos los niños que, bajo estas condiciones, se encuentran privados de su libertad.
En el convencimiento de que la intervención judicial en casos de estas características debe ser un último recurso, la Asesoría General Tutelar ha propuesto al Gobierno de la Ciudad la conformación de una mesa de trabajo intersectorial, de la que participen los distintos actores involucrados en los casos de estas características, a fin de mejorar los circuitos institucionales y aunar esfuerzos para evitar las situaciones de vulneración de derechos descriptas.
Sin embargo, nunca se tuvo una respuesta favorable por parte del Gobierno. Así, resulta alarmante que al día de la fecha el Estado de la Ciudad, por medio de la Dirección General de Niñez y Adolescencia y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CABA, aún no haya puesto sus mayores esfuerzos para impulsar políticas públicas que eviten estas cuadros de vulneración de derechos de manera definitiva.
Por el contrario, vuelve a resultar necesario llegar al extremo de dar impulso a una acción judicial, para que el Gobierno busque los medios para poner fin a esta situación.