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La Asesoría General Tutelar presentará su Informe Anual de Gestión

La Asesoría General Tutelar presentará su Informe Anual de Gestión

15 Mayo , 12

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mayo de 2012

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará su Informe Anual de Gestión el lunes 21 de mayo, a las 18hs, en el salón Montevideo de la Legislatura porteña (Perú 160, PB).

En el encuentro se analizarán los primeros resultados de la puesta en funcionamiento del Equipo Público de Abogados del Niño, creado recientemente con el objetivo de garantizar que el derecho de niños y niñas a ser oídos y a que su opinión sea tenida en consideración se traduzca en una debida defensa técnica. Las abogadas compartirán sus experiencias, avances registrados y los obstáculos que deben enfrentar en su tarea cotidiana, que dan cuenta del camino que aún resta recorrer para construir una institucionalidad orientada a dar cumplimiento a todas las garantías del debido proceso.

También se abordarán otros resultados de gestión como las actividades para propugnar la plena implementación de la Ley de Salud Mental Nº 26.657; el seguimiento de la política de institucionalización de niños y niñas; el monitoreo de la política pública en la zona sur de la Ciudad, y las principales acciones judiciales y extrajudiciales para garantizar el derecho a la vivienda, educación y salud.

El evento será encabezado por la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diputada María Elena Naddeo, y por la Asesora General Tutelar, Laura Musa.  Estarán presentes legisladoras/es, magistradas/os de la Justicia de la Ciudad, autoridades del Poder Ejecutivo local, así como representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los derechos humanos.

 “2011 dejó por saldo la consolidación de un proyecto institucional iniciado hace ya 5 años, sostenido en la decisión de que las funciones de este organismo, como integrante del Poder Judicial, tomara definitiva distancia de los modelos de intervención de carácter tutelar y adecuara su accionar al plexo normativo vigente tanto en materia de infancia como de salud mental”, aseguró Laura Musa.

Además de rendir cuentas ante la sociedad, se espera que el informe sirva para realizar un repaso sobre el estado de situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental en la Ciudad, y propiciar un espacio de intercambio y debate sobre los desafíos aún pendientes que necesariamente deben involucrar a los tres poderes del Estado local.

El Informe Anual de Gestión 2011 del MPT: Niñez, Adolescencia y Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires será entregado durante el evento.

 

Las claves del Informe:

Creación de Equipo Público de Abogados del Niño: La función de los letrados es llevar adelante la defensa técnica de niños, niñas y adolescentes a fin de garantizar que su opinión se exprese en todo expediente administrativo y judicial que los involucre. Se comenzó con una atención prioritaria de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados o internados por razones de salud mental, con miras a dar cumplimiento a la Ley 26.657 de Salud Mental y 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Las situaciones de vulneración del derecho a la vivienda digna, a la alimentación y a la educación siguen siendo las más extendidas. Entre las acciones desarrolladas para revertirlas se destacan: las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la jurisprudencia regresiva que implicó el fallo “Alba Quintana” dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; el impulso de la acción de amparo por la situación del “Parador Costanera” destinado a las personas en situación de calle; la presentación de una acción judicial contra al Gobierno local por la falta de Unidades de Terapia Intensiva pediátrica en la época de epidemia de bronquiolitis; la participación de la AGT en la causa por la falta de vacantes en el nivel inicial promovida por ACIJ. Asimismo, se desarrollaron otras acciones de incidencia como la presentación ante la legislatura de un proyecto de ley para garantizar la prioridad de niños, niñas y adolescentes en el acceso a las políticas de vivienda; el seguimiento de la asignación y ejecución del presupuesto a áreas destinadas a políticas de infancia y salud mental; la elaboración y difusión de publicaciones, informes y documentos de trabajo.

Niñez institucionalizada: 1160 niños y niñas se encuentran actualmente separados de sus familias y alojados, por disposición Estado local, en 94 dispositivos de albergue / internación, que en su gran mayoría (95 %) se encuentran tercerizados en Organismos No Gubernamentales, y casi la mitad ellos se ubican fuera de la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera una situación de desigualdad en lo que refiere a la posibilidad de acceder a las políticas públicas locales. La permanencia en el circuito institucional de los niños, niñas y adolescentes cuyas medidas de separación familiar fueron dictadas por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes asciende en promedio a 3,6 años, y si consideramos en cambio las institucionalizaciones transferidas por la SENNAF o dictadas por Juzgados Nacionales o Provinciales, el promedio alcanza los 6 años.

El MPT intervino en el monitoreo y denuncia de irregularidades que conllevaron a la sanción y en algunos casos baja de convenios -por parte del Registro de ONGs del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- con instituciones que presentaban irregularidades persistentes. Asimismo, propugnó la puesta en marcha del proceso de reglamentación del sistema de “padrinazgo”, y presentó informes técnicos ante la Legislatura en el proceso de modificación de la Ley 2.881 que regula la habitabilidad de las instituciones de albergue de niños, entre otras acciones.

Salud mental y derechos humanos. La AGT fue notificada de 256 internaciones de niños/as por razones de salud mental, de las cuales el 80% se produjo en los hospitales monovalentes. Únicamente en 8 casos se notificó la intervención de un abogado (art. 22, Ley Nº 26.657), y en el 65% de los casos no se registra notificación al juzgado (art. 21, Ley Nº 26.657).

2011 fue el primer año de vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, y en ese marco se realizaron aportes para que la reglamentación de la Ley –aún pendiente- contemple el principio de autonomía progresiva para el consentimiento informado en la internación de las personas menores de edad (artículo 26); y para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con su propio Órgano de Revisión (artículo 40), a fin de avanzar en el cumplimiento de los principios de desjudicialización de las decisiones y la territorialidad del abordaje, centrales en el muevo modelo.

Asimismo, se brindó apoyo técnico a la Campaña Piloto por el Derecho a Votar de Personas Usuarias de Servicios de Salud Mental para dar difusión y garantizar que las personas internadas ejerzan este derecho, que fue reconocido expresamente en 2009 al modificarse el Código Electoral Nacional.

Acceso a la justicia en la zona sur de la Ciudad: a través de tres Oficinas ubicadas en  La Boca  - Barracas, Villa Soldati – Nueva Pompeya, Mataderos – Liniers, se aumentó la capacidad institucional para monitorear el funcionamiento de las políticas públicas, y dar respuesta a los sectores más desfavorecidos ante situaciones de vulneración de derechos. Se registró un marcado aumento en la cantidad de consultas atendidas – que pasaron de 300 en 2009 a más de 3500 en 2011- así como la activa participación de los funcionarios del MPT en las redes zonales, con el objetivo de mejorar la intersectorialidad de las intervenciones en materia de salud, educación y acceso a la vivienda digna. En materia educativa, específicamente, el Informe presenta datos que muestra la fragrante situación de desigualdad que sufren los niños, niñas y adolescentes que habitan el sur de la Ciudad en función de situaciones de falta de vacantes, hacinamiento en las aulas, alta rotación del cuerpo docente, problemas edilicios, entre otros. 

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