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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2012

“Puertas Adentro” es el título de la publicación que detalla la situación de la niñez institucionalizada en la  Ciudad de Buenos Aires a partir del trabajo realizado entre 2007 y 2011 por la Asesoría General Tutelar (AGT).

La función de control de las instituciones de albergue es ejercida por el Ministerio Público Tutelar en el cumplimiento de su rol de exigir y promover la satisfacción de los derechos y garantías de las personas menores de edad (Cf. Art. 125 de la Constitución de la Ciudad y Ley 1.903). En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad dispone de 94 sedes institucionales en las que se encuentran alojados más de 1.100 niños, niñas y adolescentes. En el 95 por ciento de los casos esta prestación se encuentra tercerizada en ONGs que mantienen un convenio con el Estado local.

En ese contexto, el deber de la AGT es controlar las condiciones de alojamiento en las instituciones de albergue y garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes que allí residen.

La publicación será presentada el martes 24 de abril a las 18hs en el Hotel NH City & Tower - Salón Luis Alberto (Bolivar 120 - 6º piso  CABA). En el encuentro tendrá lugar una mesa debate integrada por actores claves del sistema de protección integral de derechos (Legisladores, Jueces, Asesores Tutelares, Funcionarios de los organismos responsables del GCBA, entre otros.)

“En muchas oportunidades los chicos terminan institucionalizados por cuestiones de pobreza”, afirma la Asesora General Tutelar, Laura Musa. Por ello, agrega, “es que también impulsamos desde la AGT la figura del Abogado del Niño, para que cada niña, niño o adolescente cuente con el derecho a ser oído, especialmente en una situación tan delicada como lo es la institucionalización y así garantizar que su derecho a ser oído se traduzca en una debida defensa técnica”.

Según la modalidad, el Gobierno paga por niño, niña o adolescente internado entre 1400 y 6600 pesos por mes. Sin embargo, no implementa políticas públicas tendientes a fortalecer a las familias y evitar su separación, lo que iría en concordancia no solo con la ley vigente sino también con el deseo de muchos de los niños, niñas, adolescentes involucrados. Es decir, el subsidio que el Gobierno otorga a las instituciones bien podría ser utilizado para ayudar a las familias cuya problemática es fundamentalmente de ingresos.

“El control de la política pública local es parte esencial de nuestras funciones y por ello es que decidimos hacer este trabajo de supervisión con las instituciones de albergue. Definitivamente hay otras opciones. La institucionalización deber ser una medida de último recurso”, aseguró Musa.

La publicación resulta especialmente oportuna en el marco del actual proceso de reforma de la Ley 2.881 que hace a la Ciudad de Buenos Aires pionera en el país en reglamentar las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos de albergue para niños, niños y adolescentes.

Ayer, 18 de abril, se celebró la audiencia pública del Expediente 2216-D-2011 que propone modificar dicha Ley[1], en la que expuso la Asesora General Tutelar Laura Musa. Se espera ahora que el proyecto sea ratificado por los legisladores para completar el proceso de sanción de la ley otorgando un nuevo instrumento para la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que habitan la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos:

- En la actualidad hay más de 1.100 niños, niñas y adolescentes institucionalizados por disposición del Estado local

- Existen 94 dispositivos de albergue. En el 95 por ciento de los casos la prestación se encuentra tercerizada en ONGs que mantienen un convenio con el Estado local.

- El Estado local paga entre1400 y 6600 pesos por niño o niña alojado

- Sólo una sede ha sido habilitada conforme a la normativa y más de la mitad obtuvo el permiso precario de funcionamiento. Pero aún resta un alto porcentaje sin regularizar su situación.