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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de septiembre de 2012

A diez años de la sanción de la ley que dispuso la obligatoriedad del nivel medio, la deserción escolar es un problema que se agrava en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Pionera en la materia, la Legislatura porteña sancionó en el año 2002 la Ley Nº 898 y estableció la obligatoriedad del nivel medio cuatro años antes que el Congreso de la Nación hiciera lo propio a través de la Ley de Educación Nacional Nº  26.206.

En pos de garantizar plenamente el derecho a la educación secundaria, la Legislatura ordenó al Poder Ejecutivo adecuar progresivamente los servicios educativos, otorgándole para ello un plazo de 5 años y estableciéndole dos líneas de acción primordiales. Una primera orientada a habilitar la cobertura necesaria para garantizar el acceso a la educación media a todos los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad, y una segunda dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos en el sistema educativo.

Transcurridos diez años de la sanción de la Ley Nº 898, y a cinco años del vencimiento del plazo fijado por la Legislatura, la adecuación del sistema educativo se encuentra flagrantemente incumplida, y como suele suceder en estos casos, los más perjudicados son aquellos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, quienes dependen exclusivamente de las escuelas públicas.

Actualmente existen comunas que todavía no cuentan con la matrícula de nivel medio necesaria para dar respuesta a los niños y niñas que egresan de la primaria. Un claro ejemplo de ello es la Comuna 8, donde todos los años alrededor de 600 egresados y egresadas primarios/as se ven obligados a trasladarse a otras zonas de la Ciudad para iniciar sus estudios secundarios por falta de vacantes en el nivel medio.

No obstante, tanto o más alarmante aún resultan las cifras de deserción escolar que pueden vislumbrarse a partir de las estadísticas oficiales, y que desnudan un marcado fracaso en el campo de  las políticas públicas de inclusión educativa.

En 2002 -año en que se aprueba la Ley Nº 898-, el porcentaje de jóvenes matriculados/as en 5to año de nivel medio, resultaba un 45% menor que el porcentaje de inscriptos en 1er año. Cifra que se mantuvo casi idéntica el primer año de implementación de la norma. Estos números insinuaban por aquellos tiempos, que sólo el 55% de los adolescentes que iniciaban sus estudios secundarios en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzaban los últimos años de formación.

De esa forma, al establecer la obligatoriedad del nivel medio, uno de los grandes desafíos que tenía la Ciudad de Buenos Aires a inicios del siglo XXI era revertir dichas cifras que se presentaban como una constante, y garantizar así plenamente el derecho a la educación media de los niños, niñas y adolescentes que concurrían a las escuelas públicas porteñas.

Pese a ello, luego de diez años de vigencia de la Ley Nº 898, las estadísticas no solo no han mejorado, sino que por el contrario empeoraron de manera alarmante. Las últimas cifras oficiales[1], con las que se cuenta señalan que hoy en día la matrícula de 5to año del nivel medio común de gestión estatal, es apenas el 49% de la matrícula de 1er año. Y este dato se agudiza aún más si se lo observa en perspectiva y se estudia la evolución de una determinada cohorte de estudiantes a lo largo de los años. El resultado de ello indica que sólo el 46,6% de los estudiantes que en 2006 iniciaron 1er año del nivel medio común del sector estatal se matricularon en 5to año de la misma modalidad y sector en el año 2010.[2]

Al respecto, cabe aclarar que del hecho que un estudiante inicie el nivel medio y transcurrido el tiempo correspondiente no se inscriba en 5to año, también puede derivarse que ese/a joven haya repetido; continuado sus estudios en otra modalidad y/o haber pasado al sector privado. No obstante, también es cierto que las cifras y los porcentajes relativos de matrícula en 1er y 5to año son una constante en todos los años; que la matrícula de modalidades alternativas para adolescentes es ínfima; y que aún cuando la educación de gestión privada presente índices menos críticos que los del sector estatal, la mayoría de las familias en situación de vulnerabilidad no tienen la posibilidad de acceder a ella.

Así, las cifras presentadas no pueden ser desatendidas por las autoridades locales, ya que advierten respecto de una profunda deserción escolar y encienden una alarma sobre la otra cara de la moneda: el déficit de las políticas de inclusión educativa de la Ciudad de Buenos Aires.

Conforme lo señaló oportunamente esta Asesoría General Tutelar a través de su informe “Educación Media en la Zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Des-inclusión Educativa”[3], la situación denunciada repercute con mayor gravedad en los sectores más perjudicados de la sociedad. Tal es el caso de la Comunas 8, donde la cantidad de adolescentes que llega a 5to año apenas araña el 39%, y de la Comuna 9, donde dicho porcentaje se eleva al 41,5% pero se mantiene por debajo de la media de la Ciudad.

A partir de estas cifras, cabe observar entonces que los dispositivos pensados para favorecer la inclusión educativa, en ningún caso se presentan como suficientes. A saber, la estructura educativa de nivel medio prevé un equipo de Asesoramiento Socio-Educativo (ASE) que tiene la función de diseñar e implementar estrategias consensuadas, asesorando y promoviendo la construcción de respuestas alternativas para el tratamiento de situaciones complejas en el ámbito escolar, que respondan a las necesidades de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. En la Región V -que contiene a las Comunas 8 y 9- dicho equipo se encuentra conformado por solo tres profesionales que deben abarcar una zona con una matrícula aproximada de 14.000 estudiantes. En la misma línea, el Reglamento Escolar establece que las escuelas del nivel medio deben contar con un Departamento de Orientación Escolar (DOE) integrado por tres profesionales, entre cuyas funciones se incluyen las de diseñar propuestas didácticas a fin de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, elaborar y evaluar proyectos de prevención del fracaso escolar, y elaborar e implementar estrategias específicas preventivas, orientadoras y/o de derivación de situaciones críticas de aprendizaje. Sin embargo, nuevamente en la Región V se observa que ni siquiera el 20% de las escuelas cuentan con equipos completos, habiendo instituciones que cuentan con DOEs de dos profesionales, para atender una matrícula aproximada de entre 900 y 1.000 estudiantes.

Esta insuficiencia de recursos es una constante en todos los programas orientados a garantizar la inclusión, permanencia y progreso de los estudiantes dentro del sistema educativo de la Ciudad, no sólo de aquellos propios del nivel medio, sino también de los recursos dispuestos en el nivel primario que deben garantizar a los estudiantes trayectorias adecuadas para iniciar y transitar el nivel medio sin dificultades. Así observamos por ejemplo que en las Comunas 8 y 9 los Equipos de Orientación Escolar -encargados de realizar tareas de prevención, detección, orientación, asesoramiento, relacionadas con la problemática escolar-, cuentan con equipos de 6 y 7 profesiones para trabajar con poblaciones educativas que rondan los 10.000 alumnos.

Evidentemente, la problemática de la deserción escolar y su contracara, la inclusión educativa, son temas que se encuentran en la agenda pública. En estas últimas semanas, han sido varios los artículos periodísticos que desde diversas perspectivas se han centrado en la temática. Incluso, el propio Gobierno porteño ha anunciado en la página oficial de la Ciudad, la creación de equipos de apoyo para prevenir la deserción escolar. Pese a ello, hacia el interior del anuncio se observa que los equipos de apoyo anunciados, no solo existen hace muchos años, sino que además son aquellos que aquí se mencionan como absolutamente mermados, con cantidades insuficientes de profesionales y escasez de recursos, en relación a la cantidad y la situación socio económica de la población que deben asistir.

En virtud de ello, la Asesoría General Tutelar pone de resalto la gravedad cierta que reviste la problemática de la deserción escolar y la falta de inclusión educativa en la Ciudad, e insta a las autoridades responsables a tomarse en serio el derecho a la educación de todos los niñas, niñas y adolescentes de esta Ciudad, garantizando cobertura pública plena, y desarrollando significativamente los recursos asignados a los programas de inclusión educativa para que estos puedan trabajar de manera efectiva con quienes así lo requieran. Sólo de esta forma la escuela secundaria será un derecho realizable para todos los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y en particular para aquellos que pertenecen a los sectores más perjudicados de la sociedad.