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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010

La Asesoría General Tutelar, órgano del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires especializado en la protección de los derechos de las personas afectadas en su salud mental, apoya el Proyecto de Ley Nacional de Salud Mental. Éste viene a adecuar la legislación interna a los estándares internacionales y a reconocer el derecho a la protección de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos.

Es urgente la necesidad de contar con este instrumento legal que contribuirá a evitar el encierro de personas en manicomios sólo por el hecho de estar en una situación de pobreza. Importa un radical cambio de paradigma en tanto avanza hacia el reconocimiento de las personas con discapacidad y con padecimiento en su salud mental como sujetos de derechos y reconoce expresamente el respeto de la voluntad de las personas usuarias de los servicios de salud mental. A diferencia de las leyes actuales, que definen a las personas con padecimientos en su salud mental como incapaces, el proyecto establece la capacidad como una regla.

En ese sentido, la sanción del proyecto finalmente concretará la definición de un piso mínimo de derechos y garantías del debido proceso de esa población en todo el país que, hasta el momento, nos son satisfechos por la normativa que regula la materia.

Entre los avances más significativos, pueden mencionarse las revisiones judiciales periódicas de las internaciones involuntarias, el derecho a contar con asistencia legal gratuita desde el inicio del procedimiento, el derecho a la integración en la comunidad, a la rehabilitación y al consentimiento informado para todo tratamiento.

Asimismo, la creación de un órgano independiente e intersectorial de revisión de las internaciones forzosas y el establecimiento de reglas precisas que determinan la excepcionalidad de esas medidas son otros de los sustanciales avances que se consolidarían con la sanción del proyecto.

El carácter no manicomial del proyecto se advierte con medidas concretas que prevén la prohibición de crear nuevas instituciones de esas características y la progresiva desinstitucionalización mediante la atención integral en hospitales generales y otros dispositivos terapéuticos. En ese mismo sentido, obliga al Poder Ejecutivo a incrementar progresivamente las partidas presupuestarias destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud y, de este modo, el compromiso asumido en el reconocimiento de derechos tiene un claro correlato en la asignación presupuestaria.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires ha legislado en materia de Salud Mental, la derogación expresa de la Ley Nacional Nº 22.914, tendrá impacto directo sobre el control de internaciones y el rol del Poder Judicial en este distrito que hasta ahora se regía por esa vetusta legislación.

El hecho de que el proyecto defina a las internaciones forzosas como un recurso terapéutico restrictivo, que solo se llevará a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario o social, y que no podrá prolongarse para resolver problemáticas sociales o de vivienda reforzará sin duda alguna el accionar de las agencias estatales que, en la Ciudad de Buenos Aires, debieron ser permanentemente interpelados por la Asesoría General Tutelar.

La consideración de que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental y el reconocimiento de todos los derechos y garantías a las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales, es otro acierto del proyecto que también tendrá incidencia directa en la Ciudad de Buenos Aires donde el tratamiento es provisto por el Ministerio de Desarrollo Social sin intervención ni articulación con la autoridad de aplicación en materia de Salud Mental.

Para más información, por favor, escribir a agt@jusbaires.gov.ar.