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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011

La Dra. María Grosso -nueva directora de Salud Mental de la Ciudad- ordenó a los directores de los hospitales sumariar a los empleados que respondan preguntas del Ministerio Público Tutelar, con el objetivo de obstaculizar la tarea de contralor que constitucionalmente le corresponde a este organismo. 

En primer lugar, cabe decir que el Ministerio Público es una institución que integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De conformidad con lo establecido por los artículos 124 y 125 de la Constitución tiene como misión principal la justa aplicación de la ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental.

Asimismo, la ley orgánica del Ministerio Público – Ley 1.903- establece entre las funciones del Ministerio Público Tutelar la de inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación y el tratamiento propuesto para cada persona afectada en su salud mental (Conf. Art. 49).

En este marco, los Asesores Tutelares se proponen una intervención estrictamente vinculada al contralor de la política pública local a través de visitas institucionales, acciones de monitoreo, interpelación, articulación y seguimiento del debido funcionamiento de las instituciones del Estado.

El enorme déficit en la implementación de la Ley de Salud mental de la CABA y de la reciente Ley Nacional, así como en el desarrollo de políticas públicas que protejan integralmente los derechos de las personas afectadas en su salud mental constituye una preocupación de todos los integrantes de este Ministerio Público que, consecuentemente, ha orientado el impulso de acciones de distinta índole.

La judicialización de situaciones de extrema vulneración de derechos es siempre una modalidad de última ratio, impulsada solamente una vez agotadas todas las otras instancias, y ante patrones de conductas ilegales y violatorias de derechos humanos.

Muestra de esto es que desde la Asesoría General Tutelar se ha participado activamente en toda iniciativa de diálogo, a fin de que cada situación de vulneración de derechos sea restituida. Así nos hemos reunido con cada Director de Salud Mental, incluyendo a la Dra. Grosso.

Partimos de la premisa de que contribuir a fortalecer un Estado respetuoso y protector de los derechos humanos requiere del establecimiento de vínculos institucionales con los otros poderes que permitan el control de las políticas públicas, sin por ello renunciar a una actitud de independencia crítica, sin la cual la relación con las agencias estatales de torna recíprocamente ineficaz.

Por todas estas razones exhortamos al Ministerio de Salud a que revea esta normativa interna que resulta violatoria de la Constitución Nacional y de la CABA y atenta el normal desarrollo de las instituciones creadas con el fin de proteger los derechos de las personas menores de edad y afectadas en su salud mental.