El Ministerio Público Tutelar y ACIJ invitaron a reflexionar sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la justicia de la Ciudad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de julio de 2010
Jueces, integrantes del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia participaron de una mesa de trabajo para reflexionar e intercambiar experiencias sobre la situación actual de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro fue impulsado de manera conjunta por la Asesoría General Tutelar de la Ciudad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y tuvo lugar el jueves 1 de julio de 2010, en la Facultad de Derecho de la UBA.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de la Asesora General Tutelar, Dra. Laura Musa, y de la Jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Ruiz, quienes se refirieron a la necesidad de identificar y reflexionar sobre los obstáculos que presenta la justiciabilidad de los casos colectivos en materia de derechos sociales.
El Dr. Víctor Abramovich, especialista en la temática, realizó una introducción teórica sobre el tema, y luego disertaron los Dres. Gustavo Maurino, Co-Director de ACIJ, Bettina Castorino, Secretaria General de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa, y Carlos Balbín, Juez de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Hacia el cierre del evento se desarrolló un debate en el que participaron activamente jueces de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Defensores, integrantes de ACIJ, miembros de la Procuración General, jueces de Cámara en lo CAyT, entre otros.
El reconocimiento y protección judicial de los derechos sociales frente a vulneraciones colectivas constituye uno de los avances constitucionales más relevantes del Derecho Público de nuestra Ciudad y genera importantes desafíos para la comunidad jurídica. Cuestiones como la configuración y el alcance de los casos colectivos, la organización y administración del proceso y el efectivo cumplimiento de los remedios cautelares y definitivos ordenados son algunos de los temas en los cuales todavía carecemos de prácticas y herramientas consolidadas que aseguren la plena efectividad de los derechos.
En este sentido, la iniciativa del MPT y la ACIJ facilitó el intercambio de experiencias y la reflexión conjunta y permitió arribar a algunas conclusiones que, sin lugar a dudas, servirán para seguir trabajando enérgicamente en la cuestión.