Presupuesto Público y Políticas de Infancia y Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
Las políticas públicas de infancia y salud mental. Un análisis en la Ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva de derechos (2005-2010) es el nombre del libro que fue presentado por la Asesora General Tutelar de la Ciudad, Laura Musa, y por la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura, diputada Diana Maffía, ayer, 6 de octubre, en el Salón Presidente Perón de la Legislatura Porteña.
La publicación, que forma parte de la Colección Institucional “De incapaces a sujetos de derechos” realiza un estudio en el que se pone de manifiesto la estrecha vinculación que existe entre el modo en que se asigna y ejecuta el gasto público y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, a través de un análisis de la evolución del presupuesto público de la Ciudad.
El encuentro contó con la participación de legisladores, organizaciones de la sociedad civil y miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la Ciudad, quienes llevaron adelante un debate sobre los principales ejes del libro: el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes; los derechos económicos, sociales y culturales (derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la protección de la salud); y el derecho a la protección de la salud mental en relación con las asignaciones y ejecuciones presupuestarias.
Nuria Becú, una de las coordinadoras del proyecto, junto con Alberto Barbeito, miembro del Centro de Investigación y Estudios de Políticas Públicas (CIEPP), comentaron que “el objetivo de la realización del libro fue poder contribuir a la forma en cómo se evalúan las políticas públicas”. Además, explicaron los problemas que tuvieron a la hora de abordar los distintos análisis debido a la dificultad en el acceso a la información en muchos casos. Por ello, resaltaron la importancia de diseñar indicadores de metas y objetivos para poder examinar resultados, ya que “la manera en que se asigna el presupuesto afecta derechos”.
Maffía agregó que “también es fundamental controlar la forma en que se ejecuta el presupuesto, teniendo en cuenta que generalmente hay partidas subejecutadas”. Y el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de los Organismos de Control de la Legislatura porteña, Martín Hourest, afirmó: “El presupuesto es un mandato a gastar”, y enfatizó que en la Argentina “no existe ni la condena moral ni la persecusión legal por no cumplir esa ley”. También dijo que el presupuesto es modificado dos o tres veces por año y que eso es un factor más que obstaculiza la tarea de su evaluación.
El director del área de Litigio y Defensa Moral del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, destacó la necesidad de contar con indicadores claros para poder trabajar e incidir en políticas públicas. Laura Musa, por su parte, aseguró que “no hay recursos insuficientes, sino un diseño de políticas que se decide en cada caso, y señaló que la ley de presupuesto indica claramente cuáles son las intenciones para cada área de gobierno”. La publicación, continuó, “es un punto de partida para seguir trabajando”.
También participaron de la mesa de debate la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, María Teresa Moya, la diputada de la Ciudad María Elena Naddeo, los Asesores Tutelares Juan Carlos Toselli y Jorge Luis Bullorini, la secretaria general de derechos humanos de la Defensoría General de la Ciudad, Bettina Casttorino, la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), Nora Schulman, y la Presidenta de FEIM y plenarista del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Mabel Bianco.
Para más información, por favor, escribir a agt@jusbaires.gov.ar, o comunicarse al 5297-8030.