Prisión domiciliaria en el marco de los derechos de niñas y niños
La Asesoría General Tutelar de la Ciudad llevó a cabo un desayuno de trabajo, convocado juntamente con la Defensoría General de Nación, la Defensoría General de la CABA y la Fiscalía General de la CABA, del cual participaron diferentes organismos y programas que intervienen en los casos donde corresponde aplicar el derecho a la prisión domiciliaria, como el Ministerio Público de la Nación -Defensoría ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal-, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Servicio Penitenciario Federal y la Organización de la Sociedad Civil Yo No Fui.
A través de una mesa de trabajo conjunta se buscó visualizar los principales nudos críticos actuales y crear un sistema de interrelación para abordar la problemática entre los organismos intervinientes, en miras a efectivizar el derecho a la prisión domiciliaria previsto en la Ley 26.472.
En efecto, la Ley 26.472 permite el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria para las mujeres embarazadas y madres de personas menores de cinco (5) años de edad o de una persona con discapacidad a su cargo. Si bien la ley prescribe la situación de las madres, este beneficio es extensivo a padres y/o parientes a cargo del cuidado de personas menores de edad.
Sin embargo, a través de las acciones desarrolladas, desde la Oficina de Seguimiento de la Institucionalización de Niñas, Niños y Adolescentes pudimos observar que la falta de implementación de este derecho impacta directamente en la población de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en el ámbito de la CABA.
Las fallas del sistema y la falta de recursos para la ejecución del derecho que la ley formula responde muchas veces a la inaplicabilidad y falta de efectivización del derecho a la prisión domiciliaria por no contar con una residencia o por no tener el acompañamiento necesario al cual el/la niño/a, con su madre privada de libertad, muchas veces aislado/a de su grupo de afectos y pertenencia, requiere.
En este contexto, desde nuestro rol como organismo que monitorea la política pública de la CABA, y basándonos en la perspectiva de derecho de no separación de los/as niño/as de su ámbito familiar, su correlativo derecho a crecer dentro de su familia y la obligación del Estado de fortalecer a la misma, impulsamos este espacio de trabajo conjunto con la intención de generar en la CABA los mecanismos necesarios a fin de evitar la vulneración del derecho de la/el niña/o a la educación, a la salud, a la vinculación con su ámbito comunitario -como consecuencia de la privación de libertad de su madre-, pero principalmente a poder desarrollarse dentro de su ámbito familiar de origen.