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Salud mental y derechos humanos

Salud mental y derechos humanos

02 Dic , 13

La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 en 2010, que implicó un radical cambio de paradigma respecto del reconocimiento de las personas como usuarias de servicios de salud y del respeto de su voluntad, vino a sustituir a un modelo manicomial que discrimina, estigmatiza y excluye a las personas con padecimientos en su salud mental, como ya lo había hecho anteriormente la Ley local Nº 448. El modelo de abordaje que proponen tanto la norma nacional como la local está basado en la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Frente al sistemático incumplimiento del GCBA de las disposiciones mencionadas, el desafío en el que enmarca su trabajo el MPT es la transformación de las políticas y las prácticas que privilegian las intervenciones de aislamiento y privación de libertad y la construcción de una política pública de salud mental comunitaria que involucre a todos los sectores.

Este Ministerio ha abordado la temática de salud mental como una cuestión de derechos humanos y ha buscado incidir en la agenda pública y de gobierno desde esta perspectiva. A través de la Oficina de Salud Mental y Derechos Humanos, se han desarrollado dos grandes estrategias de intervención: impulsar acciones de incidencia estructural para procurar que la política pública en la materia sea respetuosa de los estándares de derechos humanos y, en los casos particulares, velar por el debido proceso en las internaciones y el estricto cumplimiento de derechos y garantías.

La situación actual en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires resulta preocupante. La adecuación de las políticas públicas orientadas a la atención en salud mental, a cargo del poder administrador, es todavía un desafío pendiente. Sin embargo, pueden destacarse iniciativas respetuosas de los estándares normativos que son llevadas a cabo con el esfuerzo de los equipos, dispuestos a mostrar que el respeto de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental es un camino posible.

Algunas acciones destacadas en esta materia durante los últimos años son las presentaciones de hábeas corpus por privación ilegítima de la libertad en favor de todos/as los/as adolescentes internados/as en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” y en el Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”, dependientes del Gobierno de la Ciudad; las distintas acciones de amparo interpuestas, tanto individuales como grupales, frente a las numerosas ocasiones en las cuales se comprobó la internación prolongada e ilegal de personas con alta de internación; y la participación en la Mesa Federal de Salud Mental y sanción de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

En estos años se han realizado, asimismo, importantes aportes en el proceso de reforma del Código Civil, en pos de la erradicación de la figura de la incapacidad y de la regulación del régimen de apoyos para la toma autónoma de decisiones y de las internaciones en materia de salud mental y adicciones; así como un trabajo continuo en el monitoreo de la política pública local.

Principales logros

Promoción de una mejora en el acceso a la Justicia y a la defensa técnica de las personas menores de edad internadas en hospitales públicos de la Ciudad y en comunidades terapéuticas.

Protocolización del sistema de notificaciones previsto en la Ley Nº 26.657 para las internaciones en comunidades terapéuticas, y promoción del cumplimiento de los requisitos legales para los consentimientos informados.

Obtención de la declaración de ilegalidad de la práctica de prolongar internaciones en instituciones de salud mental más allá del alta hospitalaria e intimación al Gobierno local a crear los dispositivos faltantes para concretarlas.

Generación de un espacio de intercambio con equipos de salud, actores centrales en la implementación de la nueva legislación.

Participación en campañas que propiciaron el reconocimiento de la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, y en numerosos encuentros y jornadas con el propósito de fortalecer e intercambiar experiencias con operadores/as de la salud y del ámbito judicial.

Promoción de la creación del Órgano de Revisión previsto en la Ley Nº 26.657 para la Ciudad de Buenos Aires.