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Ciudad de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
El miércoles 16 de diciembre, se realizó una audiencia pública en la que se escucharon los argumentos de la Asesoría General Tutelar. También participaron los “Amigos del Tribunal” presentados, el CELS, ACIJ, el ex presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Martín Di Filippo y la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Dra. Alicia Pierini. Posteriormente, tuvieron intervención la Procuración General y la Fiscalía General de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires presenta un contexto social donde la relación entre infancia, pobreza y déficit habitacional es acuciante: el 7% de los hogares y el 11.6% de las personas  que habitan en la Ciudad son pobres, esto es aproximadamente 400 mil personas; el 70.6% de los hogares pobres tiene presencia de niños menores de 14 años; casi un cuarto de estos hogares, habita en viviendas consideradas no adecuadas; el 48.9% de los hogares pobres con niños y niñas menores de 14 años tiene jefatura femenina y 75% de las causas que tramitan en la justicia de la Ciudad son amparos por materia habitacional.
En este escenario, el Gobierno de la Ciudad sanciona el Decreto 960/08, que implica un claro retroceso en la política pública destinada a brindar un subsidio habitacional en los casos de mayor urgencia.
Por ello, la Asesora General Tutelar Laura Musa, inició una acción judicial para proteger el derecho a la asistencia habitacional de las familias más pobres, que se encuentren en situación de calle o en inminente riesgo de desalojo.
En la audiencia, la Asesora General, Dra. Laura Musa manifestó que la nueva normativa resulta inconstitucional en tanto es regresiva ya que reduce sustancialmente la oferta programática para atender el déficit habitacional. Asimismo, sostuvo que se deja de orientar a la familias para que puedan lograr una solución más estable y a largo plazo y se reduce la población destinataria del subsidio, eliminando la asistencia para quienes por cualquier causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle. El nuevo decreto requiere que los potenciales asistidos se encuentren en situación de calle efectiva y comprobable. De este modo el Estado exige la producción de un daño y desatiende su obligación de atención preventiva.
La pretensión de la Asesoría en nada obsta a la continuidad del programa de apoyo habitacional, ni pretende que sea el Poder Judicial quien diseñe la política habitacional. Lo que se solicita es que el Poder Judicial realice un control de la norma cuestionada, y declare inconstitucional los puntos de la nueva norma que constituyen un claro retroceso para la protección del derecho a la vivienda y a la asistencia habitacional.
A partir de la audiencia, el Tribunal Superior tiene 80 días para dictar sentencia.