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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2012

“Hay dos mil personas en la Ciudad de Buenos Aires privadas de la libertad por razones de salud mental, y la privación de la libertad de alguien que no cometió un delito es ilegítima”, así lo aseveró la jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Alejandra Petrella, en la exposición brindada en el marco de la presentación del libro Panorámicas de Salud Mental del Ministerio Público Tutelar (MPT).

A más de un año de la sanción de la Ley de Salud Mental Nº 26.657, este libro se presenta con el fin de promover su pronta reglamentación, y para reflexionar a partir de la mirada de los distintos autores sobre los principales desafíos que plantea el nuevo paradigma en la materia que obliga a abandonar las intervenciones hospitalocéntricas, avanzar en el proceso de desmanicomialización y en la generación de otras ofertas de tratamientos ambulatorios.

Mientras la ley prohíbe la creación de nuevos “manicomios” e insta a la sustitución de los existentes, el 85 por ciento del presupuesto de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires está destinado a hospitales monovalentes. “Es un proceso que la Ciudad no inició, y tampoco implementó salas de atención en hospitales generales”, afirma la coordinadora del área de salud mental y derechos humanos de la Asesoría General Tutelar, Gabriela Spinelli.

El Dr. Hugo Cohen, Asesor en Salud Mental para la Organización Panamericana de la Salud (Sudamérica), pidió que -en este contexto de reforma del Código Civil- en materia de Salud Mental se incluya la noción de “Capacidad jurídica”, y explicó: “Todos debemos ser considerados capaces hasta que se demuestre lo contrario”. En este sentido, aseguró que el usuario de servicios de salud mental debe ser parte del equipo interdisciplinario que lo trate.

Afín a los dichos de Cohen, la titular del MPT, Laura Musa, aseguró que este libro, fruto del trabajo de distintos actores comprometidos con la temática, “es fundamental en este proceso que se está dando de reforma del Código Civil en tanto allí tanto los menores como las personas con padecimientos en su salud mental aún figuran como incapaces”.  “En esta nueva etapa, esos grupos deben ser tratados como sujetos de derecho”, sostuvo.

También tuvo la palabra Eduardo Basz, integrante de la Asamblea de Usuarios y Sobrevivientes de servicios de salud mental, y autor de uno de los artículos. Basz habló de la “dignidad del riesgo” que consiste en tener autonomía como usuario, en poder exigir información y ser parte tanto en la elaboración del diagnóstico como en la elección de terapias.

“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo un gran aporte en esta temática al incluir a la libertad como un derecho y al considerar a la institución psiquiátrica como una privación de la libertad”, dijo Iñaki Regueiro de Giacomi, abogado integrante del Equipo de Salud Mental de la AGT.

Las claves para comenzar a pensar nuevas prácticas en torno de la normativa ya existente parecen ser, según Petrella: aplicar la ley en función de los derechos económicos, sociales y culturales, tener en cuenta el derecho a la dignidad humana y entender a la salud mental como una política de Estado.

En la Ciudad de Buenos Aires se evidencia otra situación ya que “no se da respuestas a los problemas que existen en el Borda y el Moyano y, además, se desarticuló el Programa de Atención Comunitaria de Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos (PAC)", según afirmó Silvia Faraone, Profesora de la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Del encuentro también participaron: Alejandra Barcala, Leonardo Gorbacz, María Pía Pawlowicz y Paula Goltzman de la  Asociación Intercambios y los equipos de la AGT.

Entrevista al Dr. Hugo Cohen, Asesor en Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Sudamérica

A más de 20 años de la declaración de Caracas, ¿qué cree que hace falta para concretar sus principios?

Argentina es uno de los países del mundo que más psiquiatras y psicólogos tiene por habitante. Tiene alrededor de 13 psiquiatras y 106 psicólogos cada 100 mil. Evidentemente el problema de cantidad no es. Para analizar estas problemáticas es necesario un enfoque multidimensional en donde uno pueda identificar los distintos factores que intervienen.

¿Los profesionales de la salud deberían, a su criterio, estar capacitados en este nuevo paradigma de la desmanicomialización?

En general en Sudamérica es imperioso actualizar la formación de los profesionales con un enfoque de salud pública. No basta el enfoque clínico per sé. Entonces eso hay que incorporarlo en el pregrado y en el posgrado para que se formen profesionales que tengan instrumentos para resolver realidades complejas como son las que tocan a cualquiera que tenga que trabajar en Ciudad o Gran Buenos Aires.

¿Qué prácticas de otros países de la región debería imitar la Argentina?

Chile y Brasil, aún con dificultades, están a años luz en cuanto a indicadores de salud mental en relación a la Argentina. Por ejemplo, en Chile, médicos de atención primaria que atienden las problemáticas de alcohol y depresión con un resultado muy bueno.

La transformación del sistema de salud mental creando centros psicosociales en las comunidades y en los barrios es un ejemplo contundente. Se han creado cerca de 1400 en todo Brasil, todavía faltan. También implementaron el plan “De Volta para casa”, que es un subsidio que el Estado paga para que las personas que tuvieron familiares internados de larga data pudiesen lograr -con un seguimiento de un equipo- que vuelvan a sus casas, sus familias. Esto ha permitido regresar a cientos de usuarios.

¿Y ejemplos a resaltar del país?

En la Argentina hay equipos que trabajan muy bien, lo que pasa es que son experiencias puntuales, no extendidas todavía. En el caso de Río Negro, por ejemplo, hay avances notables. Hace 25 años que no se aplica el electroshock porque está prohibido, y eso tal vez muchos argentinos no lo conocen… Río Negro y Ginebra son los dos lugares en el mundo en que está prohibido el electroshock.

¿Cómo es su planteo acerca de que el terapista ocupacional debe ser reemplazado por la empresa social?

Los terapistas ocupacionales están muy bien, pero también estos profesionales deben recibir una actualización en los instrumentos, porque es realmente necesario, para que puedan ser realmente útiles en esta transformación. Es decir, que puedan ser un apoyo activo de la inclusión de la persona en la comunidad. Y no mantenerla en espacios “protegidos” haciendo pinturas o ceniceros de cerámica, cuando bien se sabe que cuando salga a la comunidad no va a poder vivir de eso. Entonces hay que proveerle el instrumento para que pueda vivir una inserción real. En este sentido, un terapista ocupacional puede ser de gran utilidad si se actualiza en estas dimensiones de la salud pública.