Una Justicia Penal Juvenil en marcha en la Ciudad de Buenos Aires
Jueces, fiscales, defensores, asesores y especialistas se dieron cita en la sede del Ministerio Público Fiscal porteño para discutir la implementación de una justicia penal para menores de 18 años en la Ciudad de Buenos Aires.
El pasado viernes 13 de diciembre se llevó a cabo la Jornada Interinstitucional "Justicia Penal Juvenil en marcha en la Ciudad de Buenos Aires", organizada por las cuatro reparticiones de la Justicia de la Ciudad en el marco de la próxima integración de los “juzgados especializados” con los que contará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuestiones de menores en conflicto con la ley.
Laura Musa, Asesora General Tutelar (CABA), compartió la apertura con Luis Duacastella Arbizu (Defensor General Adjunto ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, CABA), quien asistió en representación del Defensor General, Dr. Mario Kestelboim; Santiago Otamendi, secretario general de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Fiscalía General; y Gustavo Letner, consejero de la Magistratura de la Ciudad.
Musa expresó que existe “una clara resistencia a pensar a los menores como sujetos de derechos”. Para la Asesora Tutelar de la Ciudad, "la justicia penal juvenil es una deuda pendiente", aunque reconoció haber encontrado "en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires un campo para el debate". Apuntó también que “es imprescindible crear una institucionalidad adecuada para poder cumplir con la ley local, aún con todas las limitaciones impuestas por la ley nacional que regula el Régimen de Minoridad, sancionada en 1980”.
"La Defensoría General está comprometida con la implementación de una Justicia Penal Juvenil especializada. Garantizar significa remover los obstáculos que el Estado pueda poseer a fin de que los individuos puedan disfrutar de los derechos que se les reconocen”, opinó Duacastella.
Santiago Otamendi señaló que “el de los menores de edad en conflicto con la ley penal es un tema que nos ha atravesado a todos los operadores judiciales. Las leyes actuales obligan a que nos aboquemos al tema, cada uno desde el rol judicial que le toca ejercer”.
Por su parte, Letner hizo referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que tres de los 31 juzgados penales de la Ciudad impartirían Justicia en materia penal juvenil hasta tanto se constituya la Justicia Penal especializada.
El mecanismo de constitución de estos juzgados fue puesto en marcha recién este año por el Consejo de la Magistratura, que convocó a los jueces que quisieran integrarlos, a través de la Resolución Nº 109/2013.
El panel de expertos estuvo compuesto por Carlos Tiffer, especialista costarricense en derecho penal juvenil, Emilio García Méndez, presidente de Fundación Sur, y el Dr. Carlos Bigalli, Asesor Tutelar ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
Tiffer consideró que se necesita una "ley especial en lo sustantivo, en lo procesal y en la ejecución". "El punto de partida es el sujeto: hay que dar una respuesta diferente si se trata de un menor de edad", explicó.
Un Ministerio Público y una policía capacitados para trabajar con un régimen penal juvenil, jueces y funcionarios formados especialmente y una infraestructura acorde son elementos necesarios para contar con una Justicia especializada.
"Hay una obligación internacional de dar un trato diferenciado", dijo ademásTiffer, y resaltó que hay que pensar a los niños también como sujetos de derechos".
Emilio García Méndez planteó tres niveles de análisis: la normativa, la jurisprudencia y el debate. "La legislación penal juvenil es la punta del iceberg de lo que está pasando con la cuestión del control social y la construcción del orden en una sociedad democrática", apuntó.
También recordó que la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro oportunidades por cuestiones vinculadas con menores de edad.
En el mismo sentido se expresó Carlos Bigalli: “el derecho internacional de los derechos humanos establece dos condiciones genéricas para aquellos Estados que decidan imponer poder punitivo respecto de personas menores de 18 años: primero, el establecimiento de una edad por debajo de la cual los Estados renuncian a imponer la coerción. En segundo lugar, un modo de enjuiciamiento, una respuesta sustantiva y operadores especializados".
El último panel lo integraron operadores judiciales, como la defensora Patricia López, y los dos futuros titulares de los juzgados especializados: Carla Cavaliere y Marcelo Bartumeu Romero. También participaron de dicho panel el consejero de la Magistratura Jorge Enríquez y la Dra. Noris Pignatta, Directora de Programas Descentralizados del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
