Voto a los 16: la importancia de democratizar el acceso a derechos de los menores de edad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
El miércoles 19 de septiembre se llevó a cabo, en el Senado de la Nación, la primera audiencia pública en el marco del tratamiento de los expedientes relacionados con la reforma de la ley 19.945 en cuanto a los aspectos concernientes con los beneficios de la extensión del derecho al voto a partir de los 16 años de edad.
En dicho marco se circunscribió la disertación de la Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Laura Musa, quien recordó las expresiones del penalista Alessandro Baratta cuando dijo que “la historia de la democracia es la historia de las luchas por la inclusión de aquellos sectores que no ejercen los derechos que posee el resto”. Y agregó que los menores de edad son destinatarios de las políticas sociales, pero no las integran de hecho ni de derecho, porque hay una concepción generalizada de que no tienen los mismos derechos que los adultos.
La Asesora General Tutelar sostuvo, en tal sentido, que “cuando decimos que estamos otorgando derechos que por su capacidad deben tener las personas menores de edad que viven en la Argentina implica la responsabilidad de derogar aquellas normas que no son constitucionales e impedir que el nuevo Código Civil baje los estándares de derechos para las personas menores de edad”.
“En los dos proyectos principales que han circulado se plantea como una observación necesaria la posibilidad de sufragar porque hay una ley penal de la minoridad. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Son dos naturalezas diferentes y es obligación del Congreso dirimir por qué sigue vigente la ley penal de la minoridad, a esos mismos adolescentes que queremos darles la mejor bienvenida al sistema democrático”, finalizó Musa.
La Coordinadora de Fortalecimiento Institucional de la Asesoría, Silvia Stuchlik, afirmó por su parte que el enfoque de derechos y el criterio de integralidad que deben mantener las políticas públicas de niñez y adolescencia exigen, un correlato entre la ampliación de derechos políticos que pretende impulsar los proyectos de ley que avalan esta reforma electoral y los derechos económicos, sociales y culturales vigentes.
A su vez, alegó que se busca poner en evidencia que el sistema de protección integral de derechos aún tiene problemas de constitución y funcionamiento, y esto es, porque entre otras cosas, el sistema no ha completado su institucionalidad. “Tal es así que aún no ha sido designado - como lo exige la ley 26.061 - el defensor de los derechos del niño”, aseguró. Esta institución, explicó, es la que tiene que velar por los derechos de este colectivo pero en especial debe controlar aquellas vulneraciones originadas por el propio estado. Por tal motivo, Stuchlik consideró imperioso que se constituya la comisión bicameral para aprobar su designación.