El parador para familias Costanera Sur está en condiciones indignas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de junio de 2011
Es difícil suponer que una familia puede estar mejor al ingresar al parador Costanera Sur del Gobierno de la Ciudad cuando las condiciones son casi las mismas que las de la calle.
Carente de apoyo u orientación alguna, las familias llegan huyendo de una situación de calle o porque el subsidio habitacional es insuficiente para conseguir una salida estructural a su problemática, principalmente de vivienda digna.
Lo que encuentran en el denominado Centro de Inclusión BAP Costanera Sur, al que ingresan a través del plan Buenos Aires Presente, es apenas un colchón.
Esto fue lo denunciado, entre otras cuestiones, por la Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario junto con la Asesoría General Tutelar, a través de una acción de amparo presentada el pasado martes 3 de mayo. El objetivo que se persigue con dicha acción es que el Gobierno de la Ciudad respete el derecho a la vivienda, a la salud y a la intimidad de las personas menores de edad que –en virtud de la situación de calle que padecen- debieron alojarse en el único parador para familias que tiene el Gobierno de la Ciudad.
Hace dos años que la Asesoría Tutelar Nº 1 viene observando y cuestionando la situación del Centro Costanera. Sin embargo, a pesar de que los reclamos llegaron a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social (ámbito de competencia en el cual se encuentra el parador), no hubo respuesta alguna.
Este año, en pos de examinar los posibles avances, se realizaron nuevas visitas en las que se constató que las pequeñas mejoras parciales no son suficientes para un parador que alojaba, al 1º de febrero, a ochenta personas.
Ochenta personas y un sólo baño para mujeres que únicamente cuenta con dos inodoros utilizables y dos duchas, las condiciones de limpieza como de infraestructura son paupérrimas, faltan insumos como toallas y pañales, también de primeros auxilios, y la presencia de plagas atesta contra la salud de quienes allí deben residir al no tener otra alternativa.
Es irónico que en un lugar al cual se denomina Centro de inclusión haya una ausencia total de orientación, de parte de los profesionales que allí trabajan, para que las familias puedan lograr una salida a su problemática. Tampoco existe una articulación en la asistencia y orientación de las personas alojadas con el Consejo de Derechos de Niños, con el Instituto de Vivienda de la Ciudad o con los demás efectores del Ministerio Ministerio de Desarrollo Social.
Por ello, la acción de amparo solicita entre sus puntos escenciales que “en el plazo de diez días se elabore y se presente un protocolo de funcionamiento en la cual se contemplen mecanismos de orientación, atención y/o derivación articulada a los programas del Gobierno de la Ciudad para efectivizar los egresos del Centro en un plazo breve y con respuestas adecuadas, sostenibles y de mayor grado de protección respecto del derecho a la vivienda, respetando al mismo tiempo la convivencia familiar”. Se hizo hincapié en que “lo solicitado se realice sin generar ningún retroceso o efecto regresivo para los niños, niñas y adolescentes alojados actualmente o potencialmente residentes allí”.
Como medida cautelar, se pidió que en plazos de cinco a diez días se proceda a desratizar y fumigar el lugar -estableciendo a su vez un cronograma de fumigación que no supere los veinte días- que se realicen las reparaciones que se requieren de carácter urgente fundamentalmente en baños, y que se efectúe una limpieza completa.
Además, en los plazos que estime la autoridad judicial interviniente, se solicitó la construcción de baños específicos para el uso exclusivo de niños y niñas, que se designe un médico a fin de que preste servicio en el horario de 8 a 18 horas y que se nombre a un interventor informante con el objeto de controlar el estricto cumplimiento de la medida cautelar dispuesta.
Es inevitable confirmar la sistemática omisión del Gobierno de la Ciudad en materia de protección prioritaria de los derechos de niños y niñas. No sólo son incuestionables las graves y constantes fallas habitacionales y de funcionamiento del lugar, sino que es evidente que el Gobierno no ha diseñado una forma de abordaje especial para lograr la protección integral de los derechos de los niños que residen o podrían residir potencialmente en el Centro Costanera, especialmente en lo que hace a su rápido egreso hacia una propuesta que garantice una vivienda digna y adecuada.