“Cuando nos encontramos con una familia a la cual se le quitó el beneficio por no presentar certificado de escolaridad, al mes siguiente nos encontramos con una familia que no tiene suficiente dinero para alimentarse”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
“El primer gran problema es que muchas veces la tarjeta que se entrega a los beneficiarios del Programa Ciudadanía Porteña, de un mes para otro y sin notificación previa, deja de tener fondos”, así comenzó su exposición la coordinadora de las oficinas de atención descentralizada del Ministerio Público Tutelar (MPT), Ana Lanziani.
La ausencia de notificación de las decisiones de los actos administrativos, la falta de acceso a la información clara sobre los mecanismos de inclusión y exclusión del beneficio, la imposibilidad de apelar una baja que resulta injusta, y, en general, la violación al principio de debido proceso por parte de la administración, fue uno de los temas que retomarían todos los participantes de la mesa-debate mediante la cual se presentó el libro Programa Ciudadanía Porteña. ¿Con todo derecho? (26 de septiembre, Facultad de Ciencias Económicas), trabajo desarrollado por la Asesoría General Tutelar de la CABA con la coordinación técnica del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP).
Los reiterados reclamos de los habitantes sirvieron a modo de alerta y fueron examinados en pos de sistematizar y revelar las falencias de este Programa que, aunque representa un avance en su afán por intentar cubrir derechos esenciales, aún no ha logrado satisfacer los objetivos que se propone. “Nos pareció que había que ver más allá de la atención de los casos individuales y entender la matriz de estos planes sociales”, dijo la Asesora General Tutelar, Laura Musa.
Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CIEPP, centró su exposición sobre los déficit de los programas de transferencias condicionadas de ingresos en relación a su carácter focalizado y al carácter punitivo de las condicionalidades. Por una parte, señaló que la focalización encierra el riesgo permanente de cometer errores de exclusión que pueden causar graves consecuencias en la vida de las personas. Respecto de las condicionalidades, aseguró que “hay una actitud de paternalismo estatal ya que se presupone que las madres y los padres de niños y niñas tienen conductas inadecuadas y debido a ello es necesario imponerles condicionalidades”. Pero lo cierto es que las condicionalidades, que en el caso de Ciudadanía Porteña apuntan a asegurar principalmente la escolaridad de niños, niñas y adolescentes, y controles de salud adecuados, muchas veces son incumplidas por diferentes motivos y determinan que una familia pueda ver cercenados sus derechos.
“Cuando nos encontramos con una familia a la cual se le quitó el beneficio por no presentar certificado de escolaridad, al mes siguiente nos encontramos con una familia que no tiene suficiente dinero para alimentarse”, afirmó Lanziani indicando que una de las fallas del Programa es que las condiciones que se establecen para cobrar el beneficio funcionan como un mecanismo de penalización, frente al incumplimiento, que va en contra del objetivo de garantizar los derechos fundamentales de la población en situación vulnerable.
En este mismo sentido, la diputada Diana Maffía opinó que “cuando a una familia le sacan el beneficio no deja de tener el derecho, pero el Estado deja de hacerse responsable y ejerce un castigo”, lo cual se agrava con la falta de seguimiento de los casos particulares.
Otra crítica al fundamento paternalista la realizó el Dr. Aldo Neri, quien aseguró que “estos programas direccionan el modo en que el dinero debe ser utilizado porque existe un preconcepto, nunca demostrado en la práctica, acerca de que los pobres se equivocan en comprar lo adecuado, pero ello no es menos cierto para las clases medias o para los sectores ricos que despilfarran recursos".
