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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2013

El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nro. 13 Guillermo Scheibler hizo lugar, el 5 de abril pasado, a la medida cautelar solicitada por la Asesoría General Tutelar y la Asesoría Tutelar Nº 1 y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda el ingreso de los pacientes derivados por sus organismos a las diferentes sedes del Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján y que “-con carácter urgente- adopte las medidas pertinentes para que en un plazo máximo de 30 días proceda a la externación y reubicación” de los que aún están allí alojados.

La Asesora General Tutelar, Laura Musa, y la Asesora Tutelar de Primera Instancia en el fuero CAyT Nº 1, Mabel López Oliva, presentaron la acción de amparo colectivo el 18 de febrero de 2013 con el fin de que el Gobierno de la Ciudad cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la protección y cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y jóvenes que viven actual o potencialmente en el Instituto mencionado a través de una beca de alojamiento, asistencia por la cual el GCBA paga mensualmente conforme el convenio suscripto. Este convenio era para la atención de personas afectadas en su salud mental en los distintos dispositivos que este instituto poseía: New Life, Clínica, Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día-Hogar Escuela. 

Este Ministerio Público Tutelar, así como diversos organismos de control (Registro de ONG`s del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del propio Gobierno de la Ciudad, Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico de la Defensoría General de la Nación, Dirección General de Salud Mental de la Nación), ha constatado en los mencionados dispositivos irregularidades sistemáticas y de extrema gravedad que afectan derechos y garantías consagrados en el ordenamiento jurídico local, nacional y que son vulneratorias de los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Once personas mayores de edad son los que aún están allí bajo la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad que solventa sus becas. Sus curadores y defensores fueron convocados a conformar una mesa de trabajo junto con la Dirección de Salud Mental del Gobierno y representantes del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad para concretar el proceso ordenado por el Juez. No obstante sigue habiendo pacientes derivados de otros prestadores y otras jurisdicciones que al no ser alojados por el GCBA no son alcanzados por esta medida.

Entre otras irregularidades, se detectó la vulneración al derecho a la salud (medicación psicofarmacológica por encima de los límites permitidos, única variable para la estabilización, contenciones físicas y químicas, encierro y medicación como estrategia, tratamiento psiquiátrico con profesionales de la misma institución); a la convivencia familiar y al autovalimiento (consideración de los jóvenes internados como carentes de habilidades sociales y capacidad para manejarse en forma autónoma, padres y madres a los cuales se les ha prohibido el contacto con sus hijos sin explicación alguna); a la Debida Atención y Cuidado (Insuficiente personal, población con vestimenta en mal estado, no acorde al talle de la persona); a la Intimidad y Trato Personalizado (habitaciones sin efectos personales, personas que permanecen desnudas);  a la Libertad personal y Ambulatoria (todas las actividades son intramuros, las personas son excluidas de la trama social, en algunos casos solo “los bajan una vez por día al patio”, las ventanas tienen rejas y las puertas se encuentran cerradas con llave, la mayoría de las personas allí alojadas viven y realizan sus actividades diarias dentro de la institución); Condiciones Inhumanas y Trato Degradante (hacinamiento, ataduras con sábanas a una mesa, ropa ajustada con cinta de embalaje, espacios desagradables, muy pequeños, oscuros, falta de higiene);  a la Educación: excluidos del sistema de educación formal; a la Recreación:  casi inexistencia de salidas recreativas, inexistencia de actividades (transcurrir del tiempo sin nada que hacer).

Consideramos que en los distintos dispositivos de la Institución Nuestra Señora de Lujan se han violado los Derechos Humanos fundamentales de los Niños, Niñas, Adolescentes y de Personas afectadas en su salud mental allí alojadas, incumpliendo con los compromisos normativos asumidos por nuestro país en la temática. En este sentido, celebramos la decisión del Juez Scheibler y apostamos a que en 30 días, una vez finalizado el proceso de externación de los jóvenes ingresados por el GCBA, se  ordene la rescisión de todo contrato con dicha sociedad. Sostenemos que, en adelante, ninguna otra persona –cualquiera sea la fuente de financiación de la prestación: obra social, provincias, particular, etc.- pueda ser alojada en una institución donde se violan los derechos humanos.