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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2011

Entrevista con Laura Musa, Asesora General Tutelar de la Ciudad

La Asesora General Tutelar, a cargo del Ministerio Público Tutelar, detalló los logros obtenidos durante 2010, así como las deudas pendientes y el camino a seguir para continuar fortaleciendo la lucha por los derechos humanos. Un resumen -con la opinión de Laura Musa- de lo que puede encontrarse en el Informe Anual de Gestión, presentado el miércoles 27 de abril en la Legislatura porteña.

¿Qué logros y dificultades destacaría de la gestión 2010?

A pesar de que el nombre del organismo contiene la palabra Tutelar, que lamentablemente así está establecido en la Constitución y no lo podemos cambiar, cada vez más se nos identifica con un trabajo que tiene que ver con certificar que los niños, niñas y adolescentes y las personas con problemas en su salud mental -que tienen sus derechos vulnerados- logren el pleno ejercicio de sus derechos.

Esto va de la mano del hecho de haber podido dictar algunos criterios generales de actuación que organizan el trabajo. Y también con un trabajo más riguroso en las oficinas por los derechos de la Infancia y la Adolescencia descentralizadas (ODIS).

Las ODIS fueron vistas, inicialmente, como uno de los organismos públicos o de la sociedad civil que iba a los lugares pobres de la Ciudad, la zona Sur, a realizar una especie de experimento social.

Muchos organismos y organizaciones fueron a trabajar allí y a pesar de comprobar el diagnóstico evidente: que es la zona más pobre, esa situación continuó. Quiere decir que la incidencia de los organismos no ha logrado revertir la problemática. Por lo que -en un principio- nuestra labor fue vista como una rama más del rol asistencial que cumplían varias ONGs.

Luego hubo una confusión en relación a que íbamos a suplantar, de alguna manera, a los organismos públicos que no funcionan de forma adecuada. Pero creo que finalmente pudimos dejar en claro que nuestrorol es verificar, controlar que las agencias del Estado reparen todo derecho vulnerado a los niños y no cometan más faltas.

Esto desde una perspectiva individual, pero fundamentalmente tratando de sistematizar los problemas que allí vemos para poder interpelar a las áreas del gobierno a la resolución del colectivo y no sólo del caso individual.

¿Y cómo llegan al caso colectivo?

Los déficits de las políticas públicas, tanto en el diseño como en la ejecución, vulneran derechos. Nosotros controlamos cuando hay ausencia de política pública o en los casos en que las políticas públicas no consiguen tornarse universales en estas áreas y por lo tanto producen diferencias.

El caso más concreto, detectado desde la oficina descentralizada de Nueva Pompeya-Villa Soldati, fue el de la desigualdad educativa. Estamos planteando tanto en el Ministerio de Educación como en la Legislatura una cuestión que es evidente y es que los docentes que sacan menos puntajes en las pruebas no pueden elegir el establecimiento en el cual se desarrollarán profesionalmente. Entonces, son los que terminan designados a la zona sur. Los que sí tienen la posibilidad de elegir, naturalmente, optan por los lugares con mejor acceso al transporte público, etc. Pero de esa forma se profundiza la desigualdad.

Creemos que deben existir mecanismos compensatorios y por ello convocamos a los gremios docentes, al Ministerio de Educación y a la Legislatura y hemos presentado un borrador de proyecto de ley que permita que los docentes más capacitados también tengan incentivos para escoger por la zona sur.

Estos datos son fundamentales para los decisores políticos y nosotros aportamos, a través de informes y publicaciones, información que atañe a los distintos derechos que se vulneran.

¿Qué desafíos se plantea el Ministerio Público Tutelar en relación a la información que genera desde las diferentes áreas?

La creación de un área de investigación es una de las metas a desarrollar durante este 2011, producto del seguimientode las políticas públicas sobre todo en el área de institucionalización, pero también de educación, y en el acceso a la vivienda, que nos ha permitido cruzar datos y tener cada vez mejor material.

Lo que se inició como un análisis de datos para los casos particulares fue tomando una dimensión tal que amerita que se constituya un área de investigación que provea los resultados de sus análisis a todo el MPT.

Asimismo, se dio un crecimiento de las competencias penales y, el hecho de tener una sola Asesoría de Primera Instancia y la necesidad de plantearnos cuestiones que impliquen más allá del caso individual, es la razón por la que también organizamos una oficina especial dentro de la Asesoría General Tutelar, un área penal juvenil.

¿En relación a las institucionalizaciones, cómo sigue el debate?

Hemos logrado establecer un debate importante en relación a cuál es la política de infancia que prevalece en la Ciudad y es efectivamente la institucionalización. Desde este organismo creemos que esa política debería aplicarse en última instancia.Pudimos contribuir con un informe acabado sobre el tema, pero además corroboramos que las instituciones de albergue ni siquiera cumplían el requisito de estar habilitadas. A partir de ello, conseguimos que se creara una comisión en la Legislatura de seguimiento de los lugares de albergue para niños, niñas y adolescentes contratados por el Ejecutivo Local.

Este es un debate que parece pequeño, pero el primer derecho de los chicos es a revincularlos con su familia, generando las condiciones socioeconómicas para que esa familia los pueda contener, y no la institucionalización sistemática.

Para producir los informes realizamos convenios con organismos especializados. Uno de los más destacados fue el análisis del presupuesto de la Ciudad en relación a políticas públicas de infancia.De allí surgió que el presupuesto no indica metas físicas, que no mantiene la línea de programas y acciones, que van cambiando año a año, lo cual hace imposible trabajar seriamente. Uno infiere, por lo tanto, que no es posible tampoco planificar políticas públicas.

A su vez, hay otro tema y es que la agenda que logramos trabajar con legisladores de todos los partidos políticos no hemos podido incluirla en el organismo que tiene por única función fijar la política pública para la infancia que es el Consejo de Derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto, por supuesto, genera obstáculos.

¿Cuál es su principal objetivo al momento de presentar el Informe Anual?

Lo que pretendemos es generar un debate crítico sobre nuestro rol por un lado, porque nos interesa enriquecerlo con la visión de otros sectores.  Y por otro lado, reflexionar acerca de cada uno de los temas que tratamos en el informe.

Porque está clarísimo que las políticas no las fija la Justicia, creo firmemente que ese es el rol de los legisladores. Pero nosotros estamos obligados a controlar que en ningún caso se vulneren derechos por acción o por omisión. Y, en esos casos, sí creo que debemos ser garantía del debido proceso y del acceso de niños, niñas y adolescentes y personas con padecimiento mental a la Justicia.

Este informe anual permite exponer las políticas públicas que nosotros vemos críticamente y recibir aportes complejos sobre su diseño sobre cómo hacerlas más eficaces.

Pretendemos ser más rigurosos en lo jurídico y conseguir la mayor incidencia entre los decisores de la política pública en pos de que no se vulneren derechos. No nos satisface resolver algunas situaciones concretas, sabiendo que los casos que nosotros atendemos responden a un patrón de vulneración que es para todo el universo de niños.