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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011

“Hay muchos casos de personas menores de edad privadas de su libertad por tiempo indeterminado y generalmente junto con personas mayores de edad”, dijo María Luisa Storani y aclaró que es justamente lo que el proyecto de ley que encabeza quiere evitar.

La Prohibición de privación de libertad de personas menores de edad en comisarías, dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad puede parecer un proyecto de ley ambicioso. Sin embargo, es sencillo y concreto, posee sólo cuatro artículos, y ha recibido apoyo multipartidario, siendo factible de concreción lo que significaría un paso más en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esto que parece un camino obvio a seguir y que es señalado como lo correcto por las normativas locales e internacionales aún es una deuda pendiente en la Argentina. Sólo existe un Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes que fue creado en 2009 en la Ciudad de Buenos Aires a partir de una acción de habeas corpus interpuesta por la Asesora  General Tutelar del Ministerio Público, Laura Musa, conjuntamente con el Asesor Tutelar de 1º instancia en lo Penal, contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

La creación de este Centro pone en evidencia la existencia de un doble estándar en la Ciudad: ante la presunta comisión de un delito cuya competencia le corresponde a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas menores de edad son alojadas en el Centro de identificación que cumple con todos los estándares establecidos en las leyes locales e internacionales de derechos humanos de la infancia; mientras que en el caso de tratarse de un delito de competencia de la Justicia Nacional, los niños y adolescentes son trasladados a comisarías en las cuales son alojados junto a personas adultas y custodiados por personal de la Policía Federal -que porta armas-, situación que viola flagrantemente lo estipulado por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Es por este doble estándar que desde la Fundación Sur se inició un habeas corpus para menores de 18 años acusados de delitos en los que interviene la Justicia Nacional. Su presidente, Emilio García Méndez, apoya este Proyecto de Ley –al igual que el Ministerio Público Tutelar, y durante la presentación hizo un llamado a que “todas las organizaciones sociales y fuerzas políticas avancen conjuntamente en la aprobación de una ley que prohíba que cualquier niño, niña o adolescente menor de 16 años esté privado de libertad sin las garantías del debido proceso como actualmente sucede a consecuencia de un régimen de minoridad – Decreto Ley 22.782 - herencia de la última dictadura”.

Marta Maurás, vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, felicitó la iniciativa y dijo que en la evaluación que un año atrás realizó el Comité de Derechos del Niño al Estado argentino se mencionó como una preocupación la privación de la libertad de personas menores de edad y las condiciones de esa privación. También indicó que en esa oportunidad se recomendó que la Argentina “debía adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la privación de libertad tenga lugar de conformidad con la ley así como la importancia de que los niños permanezcan separados de los adultos tanto durante la detención preventiva como después de la condena”.

El Proyecto de Ley cuenta con la firma de los Diputados Nacionales María Luisa Storani, Remo Carlotto, Mario Fiad, Ricardo Alfonsín, Horacio Piemonte, Elsa María Álvarez, María Virginia Linares, Jorge Omar Chemes, Cecilia Merchan, Victoria Donda Pérez y Ulises Umberto Forte y es acompañado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Sur Argentina.