“Los derechos de los niños, niñas y adolescentes demandan celeridad”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2012
En la presentación del libro Puertas Adentro. La política de institucionalización de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires (2007-2011) del Ministerio Público Tutelar (MPT) se discutió principalmente sobre el funcionamiento desarticulado de los efectores del sistema de protección integral de derechos, la falta de políticas de egreso y los tiempos de la justicia.
“Los derechos de los niños, niñas y adolescentes demandan celeridad”, dijo el juez de Familia Lucas Aon, quien expuso particularmente sobre la institucionalización desde la implementación de la Ley 26.061 (de Protección Integral). El magistrado afirmó que la medida excepcional no es sacar al niño de su ámbito natural y “protegerlo” en una institución. “La función de la medida excepcional está dirigida a remover de la manera más rápida posible esos obstáculos que hacían que algunos de los derechos de ese niño estuvieran vulnerados, porque si no lo que estamos haciendo es vulnerando el derecho más importante que tiene que es el de desarrollarse en el seno de su familia”.
La Asesora General Tutelar, Laura Musa, también se manifestó en ese sentido: “En muchas oportunidades los chicos terminan institucionalizados por cuestiones de pobreza, y esa situación los priva del derecho a la convivencia familiar”.
“Las familias con chicos institucionalizados tienen los mismos problemas que el resto de las familias, pasan por las mismas contingencias, pero la diferencia es que no tienen recursos para afrontarlos y por ello muchas veces son separadas de sus hijos, afirmó Betina Perona, de la ONG El Arca.
En la redefinición del rol del MPT, las facultades ya no son sólo las de inspeccionar las condiciones de habitabilidad de las instituciones de albergue sino también el funcionamiento de las mismas a fin de facilitar el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que allí residen. Por ello, la coordinadora de la Oficina de Seguimiento de la Institucionalización de la Asesoría General Tutelar, Alicia Guerrero Zarza, destacó que la creación del Equipo de Abogados del niño es fundamental para que las personas menores de edad tengan acceso a la justicia.
“Son pocos los casos en que los pibes tienen garantizado el derecho a ser oído y a una asistencia letrada. Al garantizar estos derechos los tomamos como sujetos de derechos, participamos en el consentimiento informado y se les explica a los chicos porqué están allí, ya que muchos no lo saben. A partir de eso se va a poder trabajar el egreso de los diferentes hogares”, explicó Gustavo Gallo, de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación.
Por su parte, el diputado Fernando Sánchez, quien estuvo a cargo de la Comisión de seguimiento de la Ley 2.881 -que está actualmente en un proceso de reforma-, afirmó que la mayoría de los hogares están en la provincia de Buenos Aires, con otra normativa, con otros requisitos, con estándares menores a los exigidos por dicha ley.
La publicación da cuenta de un sistema de protección integral de derechos “desarticulado y atomizado”, como aseguró Guerrero Zarza en su exposición, que lo que favorece es un tratamiento más lento de parte de todos los efectores en el trabajo en pos de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados.
Más datos:
- Según la modalidad, el Gobierno de la CABA paga por niño, niña o adolescente internado entre 1400 y 6600 pesos por mes.
-El Gobierno de la Ciudad no implementa políticas públicas tendientes a fortalecer a las familias y evitar su separación.
-En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad dispone de 94 sedes institucionales en las que se encuentran alojados más de 1.100 niños, niñas y adolescentes. En el 95 por ciento de los casos esta prestación se encuentra tercerizada en ONGs que mantienen un convenio con el Estado local.
