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Firmamos un convenio con el Ministerio Público Fiscal (MPF) con el objetivo de promover un marco de protección efectivo para las niñas, niños y adolescentes que se estén bajo la tutela o cuidado de mujeres sujetas a penas privativas de la libertad por casos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Este convenio reconoce el impacto específico que el encarcelamiento de las madres o principales cuidadoras tiene en la vida de niñas y niños. 

A través de la Oficina de Asuntos Penitenciarios, dependiente de la Secretaría General de Coordinación y Apoyo Jurisdiccional, el Ministerio Público Fiscal proporcionará al MPT los datos de contacto de las personas encargadas del cuidado de estos niños y niñas cuando sus madres estén en esa situación. Allí, el personal especializado del MPT se pondrá en contacto con las personas adultas que quedan a cargo para conocer su situación y, en caso necesario, brindarles apoyo institucional con el fin de lograr una protección efectiva y la restitución de los derechos de las niñas y los niños involucrados.

Según la Opinión Consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Argentina, el 84% de los hombres privados de su libertad manifestaron que sus hijas e hijos estaban a cargo de sus madres, mientras que el 19% de las mujeres detenidas indicó que los padres eran responsables de sus cuidados.

Teniendo en cuenta esta distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y considerando que la mayoría de las mujeres encarceladas son madres, el MPF junto al MPT acordó  la implementación de esta política pública, poniendo en el centro el interés superior de niñas y niños.

Con este convenio de colaboración, buscamos asegurar que los derechos de niñas, niños o adolescentes no se vean afectados por la situación de privación de libertad de sus madres, garantizando así su bienestar y desarrollo integral.