Administración del Ministerio Público Tutelar: eficiencia y transparencia en la gestión de recursos
03
Dic . 13
A pesar de la vigencia del plexo normativo de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que inaugura la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional, en materia penal continúa vigente un conjunto de normas de fondo y de procedimiento contrarias al mismo. En este contexto, el primer objetivo que definió el MPT fue erradicar la noción, profundamente arraigada en los ámbitos judiciales, sobre un Asesor Tutelar que debía “encargarse” de los niños que resultaban involucrados en las causas penales y contravencionales.
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 en 2010, que implicó un radical cambio de paradigma respecto del reconocimiento de las personas como usuarias de servicios de salud y del respeto de su voluntad, vino a sustituir a un modelo manicomial que discrimina, estigmatiza y excluye a las personas con padecimientos en su salud mental, como ya lo había hecho anteriormente la Ley local Nº 448. El modelo de abordaje que proponen tanto la norma nacional como la local está basado en la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva.
La experiencia de descentralización de servicios de Justicia alcanza hoy a todo el Ministerio Público y ha mostrado su eficiencia y eficacia para llegar de manera más equitativa a toda la Ciudad. Desde la Asesoría Tutelar se inició este proceso poniendo énfasis en la zona sur -en particular en las comunas que muestran indicadores sociodemógráficos de mayor gravedad-, con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia y la efectivización de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas con padecimiento en la salud mental en la más compleja situación de vulnerabilidad social.
La Oficina de Acceso a los Derechos Económicos Sociales y Culturales se creó con la finalidad de dar visibilidad y formular reclamos judiciales y extrajudiciales -individuales y colectivos- en casos de vulneración de derechos sociales de niños, niñas y adolescentes o personas afectadas en su salud mental. La misma se constituye como un apoyo institucional de las Asesorías Tutelares ante las Primeras Instancias y de las Oficinas de Atención Descentralizada en materia de derechos humanos fundamentales, como ser el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, entre otros.
Desde el inicio de la gestión nos hemos propuesto un camino a recorrer, como organismo especializado en cuestiones de infancia y salud mental, que requirió de un soporte esencial en el área de desarrollo institucional.
La Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 26.061 completaba un proceso de transformación legislativa -contemplado también en materia de salud mental incluso con la sanción de la Ley Nacional N° 26.657-, que requería una redefinición de la función y la misión institucional que no podía ser plasmada sino mediante un trabajo direccionado en sentido de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas afectadas en su salud mental; a través, incluso, de estrategias en buena medida novedosas para un órgano del Poder Judicial.
