El MPT en los medios

Página 12
LA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL GERMAN GARAVANO
16-02-11
 Por Werner Pertot
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzó a tratar la denuncia contra el fiscal Germán Garavano –afín a la gestión PRO– por “privación de Justicia” en los desalojos. La presentó la Defensoría General, que señaló que en el 71,7 por ciento de los casos las personas que fueron desalojadas no tuvieron acceso a la defensa. Por este motivo, el fiscal podría ser sancionado por el TSJ. Sus Señorías podrían también rechazar la denuncia o bien exhortar al fiscal a que cumpla con los derechos constitucionales.

Urgente24.com, 16 de febrero de 2011
 
 Los vecinos de la Villa 31-31bis podrán demandar conjuntamente a la Ciudad de Buenos Aires y a la Nación luego de las resistencias procesales presentados por estos. El rol de las ONG ante la ausencia del Estado. El tema fue obviado por la prensa concentrada.
La Justicia Federal reconoció el derecho a los habitantes de la villa 31-31 bis de demandar judicialmente al gobierno -Nación y Ciudad- por la urbanización de su barrio. Se trataría del primer caso en que ambos gobiernos serían demandados conjuntamente y obligados a asegurar el derecho a la vivienda.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
Por Lic. Silvia Stuchlik*
 
 ¿Qué es el régimen penal juvenil?
 Es un régimen penal especial para los adolescentes entre 14 y 18 años que han cometido un delito. Este nuevo régimen prevé un cambio en el abordaje de los adolescentes, ya no serán tratados como objeto de tutela y represión, sino como sujetos plenos de derechos, personas en desarrollo con los que es menester trabajar su responsabilización ante un delito, y para ello deben ser juzgados con el debido proceso y en el marco de las garantías especiales.

Página 12, 1 de febrero de 2011
 *Por Mabel Bianco
  Si bien Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1994 se incorporó en la Constitución Nacional, aún no se cumplió una de sus exigencias: adoptar un régimen penal juvenil. Lamentablemente, no hemos podido entender que reconocer los derechos de los niños no es permitirles todo, y menos no castigar los delitos que pueden cometer. Pero hemos reducido la discusión a la edad de imputabilidad y no hablamos sobre cómo se los juzga y penaliza, ni de cómo prevenir estas situaciones.

 
Página 12, 21 de enero de 2011
 Por Julián Axat *
 En el Departamento Judicial La Plata, en los primeros dos años del Fuero Penal Juvenil, hubo 5798 causas. Sabemos que el 55 por ciento son punibles por la edad, un 5 por ciento de NN, y un 40 por ciento no punibles por la edad. Esto último, el 35 por ciento, equivale a aproximadamente 2700 causas.

Para ser franco
Página 12, 30 de enero de 2011

El asesinato de un hombre ante su hijito de 11 años desató una nueva oleada de histeria antijuvenil, con fuerte manipulación política y mediática. Su presunto autor tiene 15. Dos testigos lo vieron a esa hora comprar un chip. Autoridades provinciales intentaron secuestrar a su primo, de 14, para recluirlo en un instituto, y la policía amenazó a la abuela de ambos. La ley penal juvenil contiene las garantías de defensa en juicio cuya inexistencia permite estas arbitrariedades.
Por Horacio Verbitsky

El Argentino, 20 de enero de 2011
Por Emilio García Méndez
Abogado, especializado en derecho de menores. Presidente de la Fundación Sur. Testimonio recogido telefónicamente.

Página 12, 29 de diciembre de 2010
Rafecas ordenó detener a catorce personas en Lugano. Por la tarde, el predio apareció vacío y entró la policía.
 Por Emilio Ruchansky
 El predio que el Estado nacional prestaba provisoriamente al Club Albariño en el barrio porteño de Villa Lugano fue desalojado ayer, luego de 16 días de ocupación. No fue necesaria la represión policial que exigió el gobierno porteño ni la promesa de planes de vivienda, como ocurrió en el caso del Parque Indoamericano.

Página 12, 10 de diciembre de 2010
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su “más enérgico repudio ante la represión que tuvo lugar el martes por la noche en el desalojo de un predio en Villa Soldati”. “Más allá de las responsabilidades penales y administrativas por las muertes y lesiones graves producidas, existe una responsabilidad política que obliga a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se vuelvan a repetir situaciones similares.